El empresario de la construcción Lázaro Báez fue sobreseído de modo parcial junto a otras once personas acusadas de evasión a través de la empresa Austral Construcciones. La decisión fue del Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3 a raíz de la flamante ley de inocencia fiscal que impulsó el gobierno del presidente Javier Milei en el Congreso.

No obstante, Báez (preso por otras investigaciones), el mayor representante de los empresarios cercanos al kirchnerismo que se enriquecieron abruptamente gracias a los contratos de obra pública, deberá ir a juicio oral por la deuda en el período de 2012.

La razón radica en que la nueva legislación fiscal fijó pisos que dejan fuera al resto de los años en los que su compañía no realizó pagos de IVA y Ganancias.

El sobreseimiento alcanzó a los hijos de Báez (Martín, Leandro y Luciana), como también a César Andrés, Julio Mendoza, Claudio Bustos, Mario Delgado, Eduardo Arrejín, Tomás Garzón, María González, Gastón Lemoine, Ariel Nieto, Hugo Uribe y Emilio Martín.

El caso de Lázaro Báez

La de Báez es una de las muchas causas abiertas por esos delitos que vienen cayendo en los tribunales. La entrada en vigencia de la ley de inocencia fiscal, en febrero pasado, elevó los montos punibles y, aplicada de modo retroactivo, exculpa a miles de evasores que eran investigados.

De ese modo, comienza a flaquear la narrativa de Milei cuando desembarcó en la Casa Rosada, que incluyó una fuerte embestida contra “la casta” y el período kirchnerista.

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En 2012, Báez fue condenado a doce años de cárcel, hallado culpable de blanquear activos por 60 millones de dólares entre 2010 y 2013, cuando su nombre figuraba entre los contratistas del Estado preferidos por el kirchnerismo.

Era, por entonces, dueño de una empresa con sede en Santa Cruz, la provincia patagónica que fue bastión político del kirchnerismo, que lo convirtió en millonario gracias a importantes contratos estatales que quedaron luego bajo el escrutinio judicial.

En 2022, el empresario fue hallado culpable en otro caso, junto a la expresidenta Cristina Kirchner y más acusados. La investigación judicial es conocida popularmente como “la ruta del dinero K”.