El detenido empresario kirchnerista Lázaro Báez se desdijo ayer de sus tácitas imputaciones y sospechas sobre el patrimonio del ex titular de la Afip y actual jefe de la Auditoría General de la Nación (AGN), Ricardo Echegaray, y admitió que fue un “exabrupto”.
“Fue un exabrupto” decir que Echegaray “no puede explicar” su patrimonio, le dijo Báez al juez federal Sergio Torres, ante quien declaró ayer como “testigo” en una causa que investiga al ex jefe del ente recaudador estatal por presunto enriquecimiento ilícito, informaron fuentes judiciales.
“No tengo nada para decir de Echegaray”, completó el dueño de Austral Construcciones SA, dueño de la principal adjudicataria de las obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante los anteriores gobiernos de la familia Kirchner y detenido en una causa por presunto lavado de dinero.
En un reportaje concedido al canal de noticias TN, Echegaray pronosticó que Báez iba a “terminar preso”, a lo que el empresario respondió, en una declaración periodística: “Yo puedo explicar mi patrimonio, Echegaray no puede explicar su enriquecimiento”. En esa ocasión Báez también opinó lo mismo de Alicia Kirchner, la actual gobernadora de Santa Cruz y cuñada de la ex presidenta Cristina Fernández. “Ella, como Echegaray, tampoco puede explicar su patrimonio”.
“Le pido que diga cuáles de sus jefes le ordenó hablar”, desafió Báez al replicar a Echegaray.
El ex jefe de la AFIP había dicho en TN, consultado sobre la situación de Báez, que “no sé si está bárbaro, va a terminar preso, y en una gestión que iniciamos nosotros”.
En ese momento, el actual jefe de la AGN dijo: “Lo que yo puedo manifestar con contundencia, es que fue la Afip bajo mi conducción en el 2011 cuando iniciamos una causa penal en el juzgado federal de Bahía Blanca sobre el grupo económico Suris y la firma Austral Construcciones (de Báez) se valía de facturas apócrifas”.
Ayer, 48 horas después de ser detenido y en la jornada posterior a la de su declaración como imputado por lavado de activos ante otro juez, Sebastián Casanello, Báez atribuyó sus propias expresiones a un enojo circunstancial por las declaraciones de Echegaray.
Báez defraudó las expectativas, acerca de alguna revelación, del juez Torres, del fiscal Eduardo Taiano, de la secretaria del juzgado Verónica Bresciani y de la Oficina Anticorrupción (OA), aceptada como querellante en el expediente.
Justamente la OA aseguró haber recibido denuncias de que Echegaray supuestamente sería dueño de una estancia en la provincia de La Pampa, propiedad de la firma Hacienda Argentina SA, y que sería administrado por una familiar.
Torres investiga si Echegaray se enriqueció ilícitamente durante su paso por la Afip y si aumentó su patrimonio multiplicándolo 28 veces en una década o un 8.100 por ciento, según las denuncias que dieron origen a esta causa, en la que también se investiga a su esposa, Silvina Karina Oviedo, y a los hijos del matrimonio.
