La nota en la que el Senado de la provincia le comunica a un juez que archive las actuaciones contra el senador Armando Traferri en la causa juego clandestino fue firmada por la vicegobernadora Alejandra Rodenas. La novedad agrega tensión al conflicto entre Poderes expresado desde el jueves pasado, cuando el Senado Provincial dispuso, con el voto mayoritario de sus miembros, crear una comisión de legisladores de ese cuerpo para investigar la actividad de los fiscales de la provincia. Circunstancia que los jueces de toda la provincia consideraron un acto de intromisión sobre los funcionarios de su esfera.
Fuentes cercanas a la vicegobernadora aclararon que su firma no implica un aval a la creación de la comisión o al pedido de cierre de la investigación. Se trata "simplemente de un acto administrativo" porque aunque ella no vota debe ejecutar lo que el Senado vota.
Como presidenta del Senado, Rodenas rubricó una nota de una carilla cursada hace cuatro días a la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de Rosario, que contiene la resolución impulsada por el senador Traferri. En su artículo 2, el texto dispone “hacer saber” al juez Carlos Rubén Leiva que “de acuerdo al resultado de la votación en sesión fecha 17/12/2020 no puede avanzarse en el proceso judicial instaurado contra el senador Armando Traferri”. La nota se refiere a la sesión de diciembre en la que el Senado rechazó despojar de sus fueros parlamentarios a Traferri, algo que dos fiscales de la provincia pedían a fin de imputarlo en una audiencia como organizador de una asociación ilicíta dedicada al juego clandestino.
El jueves pasado el Senado requirió que las actuaciones contra Traferri se archiven y le remitió una nota con ese pedido a la OGJ de Rosario. La misiva indica que esa acción se fundamenta en la decisión ejercida por esa cámara “en estricto ejercicio de las facultades a ella conferidas por el artículo 51 de la Constitución provincial”. Y señala que tal cosa fue “consentida por los propios señores fiscales, quienes en su momento solicitaron el pronunciamiento del Senado con fundamento en las mismas normas que ahora se cuestionan”. En los dos últimos artículos de la resolución que pide el archivo de la causa contra Traferri, se faculta a Rodenas, como presidenta del Senado, para que “proceda a interponer ante el juzgado actuante la presente actuación, a fin de ser tenida en cuenta como parte en el proceso”.
Esa nota aparece firmada por Alejandra Rodenas como presidenta del Senado y Rafael Gutiérrez, hijo del presidente de la Corte Suprema de la provincia, como secretario legislativo del mismo cuerpo. También consta la rúbrica de Rodenas en la nota recibida en la Mesa de Entradas de la OGJ el pasado viernes.
La circunstancia de que sea Rodenas quien firma es motivo de fuerte conflicto político. Se trata de una funcionaria del Poder Ejecutivo que como presidenta del Senado le indica a un juez el temperamento que según este cuerpo legislativo debe adoptar en una causa en la que tiene jurisdicción. En definitiva el Senado le dice a un juez lo que tiene que hacer.
En la sesión del jueves pasado la remisión de esa nota fue motivo de un debate acalorado en el Senado. Ricardo Kaufmann (Garay-PJ) sostuvo que pedirle a un juez que archive una causa “roza el conflicto de poderes”. Pero la resolución fue aprobada con el voto mayoritario del cuerpo.
Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra ya se pronunciaron contra la medida del Senado que impidió el desafuero de Traferri. Solicitaron una audiencia que pide la inconstitucionalidad del artículo 27 del Código Procesal Penal de la provincia que impide que se lo impute.
Este planteo además ocurre en medio de un conflicto político de dominio público entre el gobernador Omar Perotti y el grupo de senadores del PJ del Nuevo Espacio Santafesino (NES) que encabeza Traferri.
Críticas del Colegio de magistrados
El viernes pasado el Colegio de Magistrados de la provincia se manifestó críticamente contra la creación de una Comisión de Estudio, Investigación, Seguimiento y Evaluación del funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación de parte del Senado.
"Los cometidos y las atribuciones que se asignan a la citada comisión generan, en su ejercicio, una superposición de competencias con otros órganos encargados de ejercer el control institucional sobre el desempeño de quienes integran otro de los Poderes del Estado, posibilitando eventuales interferencias o intromisiones en la tramitación y avance de investigaciones que le corresponden constitucionalmente, con el consiguiente riesgo que ello genera para el necesario equilibrio que demanda el sostenimiento de las Instituciones de nuestra democracia republicana", sostiene el comunicado de los jueces.
A esto se suma un comunicado difundido esta mañana por el propio MPA, que dice que la decisión del Senado “denota una gravedad institucional inusitada y que es una clara intromisión en el MPA y en las investigaciones penales en curso. En tal sentido, es un avasallamiento no solo al MPA sino al Poder Judicial en su conjunto”, indicó el texto.
