Por Javier Felcaro
Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital.
El ex jefe de la cartera de Seguridad de la provincia.
La comisión bicameral de Acuerdos de la Legislatura santafesina le dio ingreso ayer a la resolución del fiscal Regional de Reconquista, Rubén Martínez, quien abrió un proceso disciplinario contra Marcelo Sain por “faltas graves” y sugirió la suspensión provisoria del ex titular de Seguridad provincial como director del Organismo de Investigaciones (OI), que depende del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Martínez, auditor ad hoc, emitió el martes pasado una resolución en la que consta la admisión de las presentaciones contra Sain por “faltas graves”, como también la decisión de abrir una investigación disciplinaria, acompañada de un planteo de suspensión preventiva del ex funcionario como titular del OI.
En ese sentido, remitió la actuación a Acuerdos, que se encarga de acusar y sancionar a fiscales y defensores bajo la lupa por faltas graves. El cuerpo integrado por senadores y diputados provinciales ya le dio ingreso al expediente y el miércoles próximo definirá si le otorga luz verde.
En la resolución, Martínez solicitó a los legisladores que integran la comisión bicameral la suspensión provisoria de Sain mientras dure la investigación con el objetivo de evitar trabas en el trámite previsto por la normativa vigente.
El planteo contra el ex ministro dentro del MPA había corrido por cuenta del fiscal Regional de Santa Fe, Carlos Arietti, y de 27 diputados provinciales de la oposición, quienes consideran a Sain como el responsable —entre otras acusaciones— del hacinamiento de presos en comisarías, de escuchas a integrantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de supuestas irregularidades en una licitación para la compra de armas de fuego y hasta de manifestaciones discriminatorias en varios pronunciamientos (denunciadas por el Frente Progresista ante el Inadi).
La auditora del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, había rechazado en abril la presentación contra Sain por considerar que las objeciones apuntaban a su desempeño como jefe de Seguridad.
Pero el fiscal general, Jorge Baclini, revocó esa decisión y designó a Martínez como auditor ad hoc, movida que reactivó el planteo contra el encargado del Organismo de Investigaciones.
Pese a que las denuncias aluden a casos ocurridos durante su paso por Seguridad, Martínez consideró que Sain seguía perteneciendo al MPA ya que había solicitado licencia en el cargo (al que accedió por concurso en 2018) para sumarse al gabinete de Omar Perotti.
La bicameral de Acuerdos es presidida por diputado provincial frentista Fabián Bastía. Y la componen siete pares (Clara García, Leandro Busatto, Lionella Cattalini, Gabriel Chumpitaz, Nicolás Mayoraz, Maximiliano Pullaro y Gabriel Real) y cuatro senadores (Alcides Calvo, Lisandro Enrico, Joaquín Gramajo y Rubén Pirola).
En principio, los números lucen desfavorables para Sain: hay ocho legisladores opositores y dos que responden al senador provincial del PJ Armando Traferri, otro rival del ex ministro de Seguridad.
La comisión especial podrá optar por desestimar la denuncia, suspender hasta 180 días al funcionario señalado o removerlo. Y, para cualquier tipo de sanción, hará falta la mayoría absoluta de los integrantes cada Cámara reunidos en sesión conjunta.
Días atrás, la comisión de Juicio Político de la Cámara baja había cerrado el proceso contra Sain por presunto mal desempeño, luego de escuchar a la denunciante, la diputada nacional de la Coalición Cívica (CC) Lucila Lehmann.
La legisladora consideró que la renuncia de Sain a la cartera de Seguridad —ocurrida el 18 de marzo— había cumplido el objetivo de su presentación.
Pero no hubo tregua: tras la resolución de Martínez, la suerte institucional de Sain volverá a jugarse en manos de senadores y diputados santafesinos.
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