Política

La reforma laboral, en el laberinto del Congreso nacional

El oficialismo no descarta desmantelar el proyecto original para que sea aprobado por partes a fin de saltar los puntos más cuestionados.

Domingo 07 de Enero de 2018

Al gobierno le quedaron pendientes varios proyectos que envió al Congreso y que formarán parte de la agenda de este año, entre los que se destacan las reformas laboral, electoral y de la Procuración General, que se encuentran en el Senado.

De ese paquete, la prioridad para el Poder Ejecutivo es el proyecto de ley de reforma laboral con el que intentará avanzar en febrero en sesiones extraordinarias, confirmó atrás el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

La iniciativa fue trabada por el Bloque Justicialista que encabeza Miguel Pichetto, molesto por las críticas del referente de Camioneros Pablo Moyano y por la renuencia del triunvirato de la CGT a concurrir al Senado para manifestar su posición sobre el proyecto, a pesar de haberle dado el visto bueno en reuniones con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.

Una de las posibilidades que analiza el oficialismo es desmantelar el proyecto y buscar su aprobación por partes, debido a que algunos puntos son más cuestionados que otros por parte del sindicalismo, como es el caso del fondo del que se administraría el dinero para las indemnizaciones.

Pese a la intención del oficialismo de avanzar con el debate de ese proyecto el mes que viene, Pichetto rechazó esa posibilidad al señalar que su bloque no quiere "jugar con los tiempos del gobierno" nacional.

La reforma electoral es otro de los proyectos que el justicialismo inmovilizó en el Senado por orden de los gobernadores peronistas. El gobierno la quiere aprobar este año, aprovechando que no habrá elecciones. El punto que genera polémica es la implementación en todo el país de la boleta única electrónica que ya se aplica en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Salta.

En 2016, cuando el gobierno envió la iniciativa a la Cámara alta, se debatió en comisiones pero no generó consenso en el bloque por entonces mayoritario que lidera Pichetto y apadrinan los mandatarios provinciales del PJ. Por esa razón, los senadores mantuvieron una reunión con los gobernadores, quienes rechazaron mayoritariamente la implementación de la boleta electrónica.

La posición del justicialismo respecto de ese sistema (que sólo funciona en seis países y en algunos de ellos de forma parcial) no varió, por lo que el oficialismo empezó a contemplar la posibilidad de aplicar, en cambio, la boleta única en papel si con esto logra destrabar el proyecto.

La reforma del Ministerio Público Fiscal será otro de los temas centrales que abordará el Congreso durante 2018, si es que el interbloque de Cambiemos logra un acuerdo con los senadores del PJ. La iniciativa fue elaborada por el Poder Ejecutivo el año pasado con la finalidad de limitar el mandato y el campo de acción de la entonces procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.

Debido a las críticas el justicialismo hizo una serie de modificaciones sobre el proyecto que no fueron aceptadas por Cambiemos, lo que llevó a que la reforma del Ministerio Público se estancara, dado que el oficialismo no tiene mayoría suficiente para avanzar por sí solo con una votación.

La explicación que dio en aquel momento el presidente provisional del Senado y referente del oficialismo, Federico Pinedo, es que los cambios sugeridos por el justicialismo "reflotaban la existencia de direcciones generales del Ministerio Público Fiscal que congelan y convalidan lo que hizo Gils Carbó".

Acerca de la reforma del Código Penal, si bien todavía no hay un proyecto presentado en el Congreso, el gobierno ya dio a conocer su intención de que el presidente Mauricio Macri anuncie oficialmente el envío de esta reforma el 1 de marzo, cuando se presente ante la Asamblea Legislativa para inaugurar el año parlamentario.

Entre los principales ejes de ese anteproyecto se encuentra la eliminación de la libertad condicional para delitos violentos abuso sexual agravado, secuestro extorsivo, privación ilegítima de la libertad, trata de personas, tortura, desaparición forzada y terrorismo.

También establece que el aborto no será punible en todos los casos en que el embarazo fuera el resultado de un abuso sexual.

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