Política

La rebelión policial agitó fantasmas del pasado y activó la pulseada por la coparticipación

La huelga de los uniformados también abrió el debate sobre la sindicalización de las fuerzas de seguridad

Domingo 13 de Septiembre de 2020

Antes de que la agenda pública pase a estar dominada por la pulseada por la coparticipación y el virtual lanzamiento de Horacio Rodríguez Larreta como candidato presidencial la revuelta policial enturbió la atmósfera política. Más allá de las demandas de los efectivos sobre salarios y condiciones de trabajo, al trasladarse la protesta a la residencia del gobernador Axel Kicillof, primero, y a la Quinta presidencial de Olivos, después, el conflicto trascendió el nivel corporativo y se estacionó en el pantanoso terreno de la política. En Rosario, recién el viernes a la noche se pudo despejar el acampe que bloqueaba la Jefatura.

 Las sospechas se alimentaron por el contexto. Al mayor protagonismo de las fuerzas de seguridad en procesos de inestabilidad política en el continente se sumó la reciente advertencia del ex presidente Eduardo Duhalde sobre una posible interrupción democrática en la Argentina.

 Para el sociólogo Jorge Elbaum la revuelta policial debe leerse en dos niveles. “Las reivindicaciones salariales merecen respeto, pero es preocupante y repudiable que se proteste con armas en la cintura, que por otra parte son pagadas por los ciudadanos para defendernos —indicó a La Capital—. Es un ejercicio de extorsión a la democracia absolutamente cuestionable”.

 Por su lado, el politólogo Julio Burdman se concentró en la respuesta de las autoridades. “El gobierno nacional asumió la crisis como propia, haciéndose cargo de la provincia, y reorientó el conflicto hacia la cuestión fiscal federal, revirtiendo la «ayuda» de Macri a la Ciudad que había sido empujada, precisamente, para financiar a la policía de la Ciudad”, analizó.

 Al igual que Mauricio Macri, destacó Burdman, Alberto Fernández aprovechó la cuestión de la seguridad para modificar por decreto la coparticipación, algo que ya tenía en carpeta, al menos desde enero.

 “Desde hace décadas, los conflictos jurisdiccionales son el corazón de la política argentina y esta etapa no es la excepción”, remarcó el director de Observatorio Electoral.

 En tanto, la politóloga Fernanda Page Poma destacó la reacción rápida de todo el arco político y las organizaciones sociales, pero alertó sobre la relación entre los gobiernos y las fuerzas de seguridad en el marco del estado de excepción que impone la pandemia.

 “Durante las medidas de aislamiento social el gobierno empoderó a las fuerzas de seguridad y ahora brinda una respuesta que no es inocente”, advirtió la integrante de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín. Y preguntó: “¿Por qué decidió el gobierno nacional de forma abrupta sacar recursos de Caba, para asignarlos a provincia de Buenos Aires y no Jujuy, Santa Fe, Chubut o Chaco? ¿Estaba decidido de antemano? ¿Por qué no redireccionar esos fondos a salud, educación, vivienda? Además, el reclamo policial y la respuesta del gobierno quitaron el foco del caso de Facundo Astudillo Castro”.

 La cuestión es si las fuerzas de seguridad pueden actuar como factores de desestabilización institucional. No sólo por el caso de Bolivia, donde cayó el año pasado el gobierno de Evo Morales, sino por la propia historia argentina: en febrero de 1974 un golpe policial conocido luego como el Navarrazo desalojó del poder al gobernador de Córdoba de ese momento, Ricardo Obregón Cano, ligado a la izquierda peronista.

Prepotencia

En este sentido, Elbaum advirtió que “potencialmente” las policías pueden desempeñar ese rol y sostuvo que debería investigarse a fondo a “quienes tuvieron una actitud prepotente frente a los derechos constitucionales y la ciudadanía”.

 Page Poma advirtió sobre lo que la sociología llama efecto demostración, o bola de nieve. “Dada la respuesta del gobierno, y sin ponerlos en el mismo plano que las fuerzas de seguridad, otros sectores pueden ahora concebir el uso de tácticas violentas o por la fuerza para exigir sus demandas”, señaló la también miembro de la Red de Politólogas.

 Burdman sugirió a los gobiernos nacional y provincial bajarle el precio a la crisis: verla como un problema social y laboral y evitar el “salto de escala” que supone entenderla como una crisis política. “Argentina viene de renegociar exitosamente su deuda, y sería penoso que eso se opaque por un fenómeno de importancia menor —lamentó—. Es cierto que una actitud de rebeldía por parte de militares y policías siempre es una conmoción política, por historia y contexto regional, pero todo indica que esto es otra cosa”.

En agenda

Por otro lado, la rebelión policial reintrodujo otro debate en la agenda pública: la sindicalización de las fuerzas de seguridad. ¿Puede ser una vía para establecer interlocutores con los gobiernos y canalizar las demandas, y evitar que la situación estalle, como sucedió esta semana? Aquí, las opiniones de los especialistas se bifurcan.

 Page Poma opinó que más allá de que a primera vista parezca una alternativa democrática, dada la historia de represión, violencia institucional, corrupción y la compleja tradición sindical de la Argentina el tema debe estudiarse con seriedad y profundidad. Además, agregó, debería considerarse la experiencia reciente de Estados Unidos. “Allí la sindicalización policial dio lugar a un aumento de la violencia institucional, uso de recursos para financiar campañas políticas, mayor discrecionalidad policial, encubrimiento de policías investigados, entre otras consecuencias”, alertó.

 Por el contrario, Burdman y Elbaum se mostraron a favor de la sindicalización.

 Para Burdman, ver y definir a los policías como algo diferente al resto de los trabajadores termina reproduciendo la idea del uniforme como un régimen de excepción. “Por supuesto que no será fácil, y no es seguro que sean como los otros sindicatos, ni que deban serlo —reconoció—. pero es un desafío que la política y la sociedad argentina, con mucha experiencia en sindicalización, seguramente podrán asimilar bien”.

 Elbaum reivindicó el derecho de los policías a sindicalizarse —incluso, a integrarse a centrales como la CGT y la CTA— y a tener representantes democráticamente elegidos, pero planteó que de existir un sindicato policial su secretario general no podría ser comisario, “sino se estaría frente a una situación compleja, de superposición de actividades”.

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