El abogado que representó a Argentina ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Marcelo Kohen, valoró el reconocimiento que hizo ese tribunal de la violación que hizo Uruguay del Estatuto del Río Uruguay y consideró que de ahora en más cualquier intento del país vecino de construir nuevas pasteras no podrá obviar ese acuerdo. "Ese es el aspecto más importante que resalto del fallo", indicó en una entrevista con LaCapital desde Ginebra, donde vive.
Kohen (rosarino, egresado de la UNR y profesor de derecho internacional en el Instituto de Altos Estudios Internacionales y de Desarrollo de Ginebra) marcó sus diferencias "con algunos medios y políticos" argentinos que adoptaron "una actitud de política interna", sin comprender —indicó— que "acá la que fue a la Corte fue la República Argentina, no un gobierno".
—¿Cómo analiza el fallo?
—Estoy globalmente satisfecho, pero no enteramente. Estoy satisfecho con el reconocimiento de la violación de Uruguay del procedimiento previsto por el Estatuto del Río Uruguay porque esto tiene implicancias para el futuro. La posición uruguaya fue que la autorización de la construcción de pasteras en la ribera oriental del río que comparte con Argentina era una decisión soberana de Montevideo; que no había que consultarla ni discutirla con su vecino ni ir a la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru). La Corte nos dio la razón en ese punto, y esto tiene importancia para el futuro, porque sabemos que la política forestal de Uruguay lleva a la implantación de nuevas pasteras, y de ahora en adelante no podrá hacer lo que hizo con Botnia y Ence, tendrá que pasar por el procedimiento del Estatuto del Río Uruguay si quiere instalarlas sobre ese río, lo que implica negociación, consulta y evaluación conjunta de cualquier proyecto. Ese es el aspecto más importante que resalto del fallo de la Corte.
—La Corte dijo que no tenía pruebas de contaminación.
—Cuando uno va a un tribunal hace un pedido de máxima, y se sabe que puede no obtener todo. En el caso de los temas de fondo, la Corte no dijo que no hay contaminación, como dicen muchos medios, señaló que el grado de contaminación no es de una envergadura tal como para ir más allá de los estándares permitidos por la Caru y por la legislación pertinente.
—¿Cuando habla de la mirada de algunos medios, se refiere sobre todo los porteños?
—Lamento es que algunos medios y ciertos políticos argentinos adopten una actitud de pura política interna. Acá la que fue a la Corte fue la República Argentina, no un gobierno. Lamento que algunos sectores no hayan tenido la misma actitud que se tuvo en Uruguay, donde los partidos del oficialismo y la oposición, así como los medios, estuvieron detrás de la posición uruguaya, mientras que en Argentina tuvimos que lidiar con muchos diarios y políticos. Un dato: mientras alegábamos en La Haya acá publicaban notas diciendo que no había contaminación. Notas que Uruguay presentó como documentación. Me gustaría que hubiera una visión de Estado y no se ataque la actitud argentina porque no se esté de acuerdo con un gobierno. Estoy muy conforme con el trabajo de la Cancillería argentina.
—Terminado de conocerse el fallo, las Cancillerías de ambos países se pusieron a trabajar en una cumbre presidencial, que se hará el miércoles.
—Eso es lo que tenemos que hacer. No debe haber en el mundo dos países con tanta afinidad y fraternidad como Argentina y Uruguay. Me sentía mal de estar litigando con los uruguayos, más allá de estar convencido de que no había otro camino por la actitud de su gobierno. Pongo toda la responsabilidad en el ex ministro (de Exteriores del ex presidente Jorge Batlle) Didier Opertti, porque pretendió pasar por arriba del Estatuto, tergiversando una y otra vez. Me consta, por los datos que manejamos ante la Corte, que siempre hubo buena voluntad argentina para arreglar este tema y Opertti quiso pasar por alto la necesidad de informar y estudiar con la Argentina. Por eso la calificación de mala fe que usó la Corte en su fallo.
—¿Hubo también responsabilidad de la empresa Botnia?
—Una gran responsabilidad. La Corte menciona en el fallo que en marzo de 2006 Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez, durante la asunción de Michelle Bachelet en Chile, acordaron suspender por 90 días la construcción y buscar una solución. Lo aceptó Ence pero Botnia sólo dio los 10 días de vacaciones de Semana Santa. Botnia siempre boicoteó toda solución.
—¿Quien va a analizar ahora el tema contaminación?
—La Caru. Este es otro aspecto importante del fallo, que si bien no nos dio la razón en el tema contaminación, no firmó un cheque en blanco para Botnia. Significa que hasta hoy no se probó, pero si mañana se prueba que la contaminación va más allá de los estándares, nada obsta a que se obtenga el cierre de la fábrica. La gente de Gualeguaychú tendría que considerar este punto.
—¿Cree que los asambleístas pueden modificar su posición?
—Creo que son conscientes de que hicimos lo máximo que pudimos en materia de pruebas. Tuvimos que lidiar no sólo contra la prueba uruguaya, sino contra la prueba que la corporación financiera internacional había elegido para evaluar el impacto ambiental, porque hay que recordar que la corporación —que depende del Banco Mundial— financió a Botnia, y ellos tienen la obligación de hacer un estudio de impacto y ese estudio dijo que no había una contaminación de una gravedad que no permitiera financiar el proyecto. La manera en que la Corte trató el tema ambiental puede o no agradarnos, pero una cuestión de elemental respeto de la Justicia es tomar nota del fallo.
Por Pablo Mihal