La pulseada política entre los diputados del oficialismo y el PJ por la
conformación de la comisión Bicameral de Acuerdos en la Legislatura puso ayer en serio riesgo
institucional uno de los mecanismos básicos del sistema republicano de gobierno, al dilatar y
privar del necesario control y debate parlamentario al nombramiento de jueces en los tribunales
provinciales.
Sucede que el recinto vacío de la Cámara de Diputados
reflejó el mediodía de la víspera un nuevo fracaso de la Asamblea Legislativa que debe aprobar o
rechazar los pliegos de tres magistrados en los tribunales de Reconquista y Rafaela.
Mientras la integración de la estratégica comisión
Bicameral naufraga en medio de la pelea entre oficialistas y opositores a tres meses de haber
jurado los legisladores en el recambio parlamentario de diciembre último, los tres pliegos
remitidos por el Ejecutivo para su tratamiento en extraordinarias podrían quedar aprobados en forma
ficta —por el mero transcurso del tiempo— a fines de la semana próxima.
Todo ello cuando desde la Casa Gris se impulsa —a
costa de una áspera polémica con el Colegio de Magistrados— un nuevo esquema para dinamizar y
lograr una mayor participación ciudadana en el Consejo de la Magistratura como órgano asesor en el
nombramiento de jueces.
Y con un agravante en el horizonte mediato: a fines de
abril se producirán 47 vacantes en el Poder Judicial, según alertó el mes pasado en
La Capital el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Falistocco.
Lo cierto es que ayer la reunión conjunta de diputados y
senadores volvió a fracasar por falta de quórum, al no existir acuerdo entre los diputados del
oficialista Frente Progresista y la oposición peronista para completar ocho de los doce casilleros
en la comisión Bicameral.
A los cuatro miembros —tres senadores del PJ y uno
del socialismo— ya designados por la Cámara Alta donde el predominio del justicialismo es
amplio, deben sumarse ocho representantes de la Cámara que preside el socialista Eduardo Di
Pollina.
Desde la vereda del Frente Progresista se argumenta que
cinco de los ocho miembros que debe designar Diputados le corresponden al oficialismo por contar
con la mayoría parlamentaria en la Cámara baja. De esta manera, las cosas quedarían equilibradas,
con seis legisladores por cada fracción política.
Pero desde el justicialismo no dudan en reclamar que los
socialistas y sus socios frentistas respeten el acuerdo preexistente en la Cámara baja, donde había
cuatro diputados por cada sector cuando el justicialismo era mayoría en esa Cámara.
"Nosotros respetamos que (Hermes) Binner ganó las
elecciones y por eso está hoy en la Casa Gris, pero eso no habilita a los socialistas a reclamar
mayorías parlamentarias que no son tales. Además deben comprender que los acuerdos están para ser
cumplidos", le dijo a este diario el diputado justicialista Marcelo Gastaldi.
Para Luis Rubeo (h), jefe de la bancada opositora, "es muy
grave que por esta actitud del socialismo los pliegos queden aprobados de manera ficta".
Sin embargo, el socialista Raúl Lamberto no dejó lugar a dobles
interpretaciones: "La decisión política del Frente Progresista es no declinar un instrumento
importante para el consenso como lo es la comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura". l