Otro de los ejes centrales en el paquete de leyes de seguridad aprobado este jueves por la Legislatura se refiere a la utilización, fundamentación y rendición de los gastos reservados para investigaciones criminales complejas. Ante ello la nueva norma impone controles de parte del Tribunal de Cuentas de la provincia y a una comisión legislativa para el seguimiento de estas partidas especiales. Que por ley previa están asignadas a misiones de riesgo de la policía antinarcóticos, de la Tropa de Operaciones Especiales y a la Unidad de Asuntos Internos.

El ánimo del proyecto aprobado fue eliminar la existencia de gastos ocultos y sin rendición alguna para pasar a un sistema en el que todos los gastos realizados con fondos del tesoro provincial deban necesariamente documentarse y rendirse. Esta nueva norma sólo autoriza la postergación de la rendición en beneficio de una investigación criminal o para preservar la vida o la integridad física de una persona, por tiempo determinado y bajo estricto control de la autoridad competente para la utilización de los fondos reservados.

El proyecto aprobado, señalaron fuentes del gobierno provincial, enfoca zonas oscuras históricas y recientes que se están examinando judicialmente en la actualidad. Dos fiscales señalaron en audiencia que el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain junto a dos colaboradores se apropiaban de dinero de la partida de gastos reservados destinada a la Agencia de Control Policial. Sostuvieron haber constatado que ocurrió al menos seis veces entre abril de 2020 y noviembre de 2021: que alrededor del 20 de cada mes les ordenaban a dos funcionarios policiales de Asuntos Internos retirar del banco el dinero asignado a esa partida para luego repartirse parte en provecho propio. “El ánimo de la ley es que esto no pueda volver a pasar”, señaló un alto funcionario del gobierno.

La nueva ley de gastos reservados sostiene en su introducción que procura brindar certeza al manejo de la totalidad de los fondos públicos puesto que, eliminando la existencia de partidas presupuestarias de manejo absolutamente discrecional, se reducen los nichos vedados o exentos de control, tanto por parte del Tribunal de Cuentas, órgano que específicamente tienen a su cargo esa tarea, como así también de parte de esa Legislatura, la que a través de una comisión creada específicamente a estos fines puede auditar los gastos realizados bajo las premisas indicadas. Se crea por tanto una comisión bicameral de seguimiento y control del uso de fondos reservados formada por tres diputados y tres senadores a designar por cada cámara.