Política

La provincia pide que se investigue si el fiscal regional de Rafaela cometió un delito

Es por la instrucción que bajó a sus fiscales para que no trabajen con Sain en el Organismo de Investigaciones. El secretario de Justicia dice que es una "palmaria extralimitación" de sus funciones.

Viernes 09 de Abril de 2021

El secretario de Justicia de la provincia, Gabriel Somaglia, calificó como de "severa gravedad institucional" la decisión del fiscal regional de Rafaela, Diego Vigo, de ordenar a todos los fiscales de su jurisdicción que dejen sin efecto las colaboraciones requeridas al personal del Organismo de Investigaciones (OI) del Ministerio Público de la Acusación, cualquiera sea la región a la que pertenezcan. El funcionario hizo saber también que a criterio del gobierno la decisión de Vigo es una "palmaria extralimitación" en sus atribuciones por lo que le pidió este viernes al fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, que evalúe si corresponde que sea denunciado por algún ilícito penal y se deje sin efecto la directiva que impartió.

Toda esta controversia subyace al conflicto desatado por la reasunción como director del OI de Marcelo Sain, quien fue repuesto en su cargo por decisión del propio Baclini, luego de que el exministro de Seguridad solicitara su reincorporación tras la licencia que había tomado para integrar el gabinete.

El martes pasado Vigo ordenó a los fiscales que comanda declinar todo pedido de colaboración al OI y solicitar la devolución de los trámites en los que participa como órgano asistente a sus investigaciones. Se fundamentó en varias presentaciones críticas al desempeño de Sain en su cargo de ministro mientras gozaba de licencia en el Poder Judicial. Explícitamente aludió a la realizada por el fiscal regional de Santa Fe Carlos Arietti y de diputados de la provincia, además del presidente de la Comisión de Juicio Político en la Legislatura. Arietti se refiere allí a conductas sistemáticas de Sain “de tipo injuriantes, intimidatorias y difamatorias” que realizó “en perjuicio de varias personas e instituciones”.

Para Somaglia la decisión de Vigo de que los fiscales no acudan al auxilio de los miembros del OI es de facto y sin sustento legal alguno. El titular de Justicia llama la atención sobre la importancia que el órgano dirigido nuevamente por Sain adquiere "para una eficaz y efectiva política de persecución penal de la criminalidad compleja y organizada" en el abordaje de los hechos delictivos "que comprometen gravemente los intereses generales de la sociedad".

El funcionario subraya que Vigo con su instrucción "lesiona gravemente el principio de independencia y autonomía funcional de los fiscales, siendo ellos, quienes tienen a su exclusivo cargo el ejercicio de la acción penal, la dirección de las investigaciones, y la potestad de requerir en cada caso, bajo su dirección y supervisión, la colaboración del Organismo de Investigaciones".

Somaglia dice que la conducta de Vigo "conspira contra la propia institución del Ministerio Público de la Acusación en cuanto a la finalidad de su creación, pues impedirá el esclarecimiento de hechos delictivos en curso y futuros". Por eso le pide a Baclini que gire la nota que le cursó a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura de la Provincia, aludiendo al artículo de la ley que la faculta como encargada de su posible remoción, y que defina si un fiscal debe investigar la conducta del fiscal regional de Rafaela como un ilícito.

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