La politización de la Justicia, una tentación para políticos y jueces

El fallo de la Corte Suprema sobre las clases presenciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reactualizó el debate sobre un fenómeno inquietante y que trasciende las fronteras argentinas: la judicialización de la política y su contracara, la politización de la Justicia.

De esta forma, los tribunales se convierten en una instancia más de disputa política. Con sus decisiones, los magistrados trascienden el caso concreto e incursionan en el espinoso terreno de la elaboración de políticas públicas. En el caso de esta semana, educativas y sanitarias.

Para la politóloga Lourdes Lodi, si los tribunales están definiendo cuestiones políticas es porque los actores partidarios están dejando un espacio abierto para que los jueces se entrometan. “Hay cuestiones que no se están pudiendo resolver desde la política, ya sea por incapacidad para generar consensos o dar respuestas rápidas, o bien porque la propia sociedad prefiere ir a la Justicia”, indica la directora del Observatorio Político Electoral de la UNR.

El politólogo Marcelo Leiras indica que existen tres mecanismos a través de los cuales la clase política puede resolver sus disputas: el electoral, la negociación y el judicial. En este sentido, el docente de la Universidad de San Andrés considera que la judicialización no es una deformación de la política, sino parte de ella.

“Evidentemente, el mecanismo electoral está resultando insuficiente para resolver algunas disputas —advierte el especialista, que también es asesor del ministro del Interior, Eduardo de Pedro—. Además, el ámbito de la deliberación y la negociación, el parlamento, tampoco está funcionando para dirimir estas cuestiones, probablemente porque la discusión pública está polarizada y te sube el costo de negociar. En este marco, la tentación de recurrir al Poder Judicial es muy fuerte”.

En la misma línea, el abogado constitucionalista Domingo Rondina plantea que la judicialización de la política es muchas veces alentada pero remarca que se trata de una tendencia global. “Se está dando un proceso de descreimiento de la sociedad en los políticos y los jueces aparecen como una suerte de técnicos objetivos que pueden dar soluciones sin los defectos de los políticos electivos”, analiza.

En tanto, para el politólogo Juan Negri, director de las carreras de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella, la judicialización tiene un aspecto positivo: a diferencia de lo que sucedía en otros períodos históricos, el conflicto se canaliza institucionalmente, a través de un poder del Estado.

Peligros

Si durante buena parte del siglo XX para completar el mapa del poder había que poner la lupa en las Fuerzas Armadas y sus internas, hoy la atención debe ponerse en el entramado judicial. ¿Cuáles son los riesgos de este descenso cada vez más frecuente de los tribunales al barro de la política?

Leiras advierte que en la Argentina el Poder Judicial está en los niveles más bajos de confianza pública, comparable al que tenía a la salida del menemismo.

“Esto ocurre cuando la Justicia tiene una intervención partidaria muy evidente —explica—. Hay claramente un desorden judicial enorme, sobre el que la Corte ha decidido no intervenir, que conspira contra su autoridad. La judicialización no necesariamente es un déficit democrático, pero lo es cuando los tribunales tienen tanto desprestigio como ahora”.

De acuerdo a Lodi, mucho más peligroso que la incidencia de la Justicia en la definición de políticas públicas es el uso de los tribunales con fines de persecución política. “La aplicación ideologizada y discrecional de la ley y de los procesos judiciales con fines políticos socava el principio republicano de división de poderes y repercute sobre la estabilidad democrática”, alerta la docente de la UNR y agrega: “Muchas cosas se resuelven en los medios, un complemento de la judicialización de la política es la mediatización de la Justicia, como cuarto poder que es parte y toma posición en asuntos clave”.

Negri evalúa que el riesgo más inmediato es que los conflictos políticos se resuelvan por fuera del ámbito de los representantes electos. “El Poder Judicial es el menos democrático de los tres, el que tiene menos anclaje en las mayorías populares; que esa sea la instancia donde finalmente se resuelven las cuestiones es problemático, le resta legitimidad al proceso político y puede llevar a una deslegitimación del Poder Judicial”, alerta.

Soluciones

Los expertos coinciden en que desandar este camino no es sencillo. También, en que los cambios darán frutos en el mediano y largo plazo.

Según Lodi la judicialización de la política y la politización de la Justicia son un elemento más de la anómica cultura política del país. “No veo solución en el corto plazo, pero una forma de empezar es fortalecer los mecanismos de participación y control ciudadano, mejorar la calidad de la representación político-partidaria —y con ello de la clase gobernante— y transparentar los procesos de selección de jueces en todos los niveles del Estado”, sugiere.

Para Leiras se necesita un equilibrio político que permita tener árbitros imparciales. “Un camino como el que está tratando de elaborar el Consejo de la Magistratura, que eligió a su presidente por unanimidad, es interesante”, sostiene.

Rondina postula que lo primero es recuperar la credibilidad de la política, blanquear las tareas de lobby que realizan los grupos fácticos, transparentar procesos y que los dirigentes tomen responsabilidades individuales. “Cuando mejoremos la política, los jueces volverán a ceñirse, no son tontos —desliza—. Tiene que haber algunos acuerdos políticos básicos y mejorar los mecanismos de designación y, sobre todo, de remoción”.

Según Negri una manera de no erosionar la legitimidad de la política es aumentar la transparencia del Poder Judicial. “Los fallos son inentendibles para la mayoría de la población y los jueces no pagan Ganancias; sería importante que la Justicia mejore si se va a transformar en un árbitro político tan importante”, recomienda el politólogo.