La oposición plantea que la Casa Gris le soltó la mano a Sain pero el PJ lo niega

Tras la vertiginosa dinámica que se registró el jueves en Diputados y el Senado que definió la suerte de los vetos del gobernador Omar Perotti a las leyes de incompatibilidades y gastos reservados, y mientras desde el peronismo y la oposición dan versiones contradictorias sobre negociaciones para soltarle la mano a Marcelo Sain, el futuro del ex ministro de Seguridad se definirá primero en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y, si la denuncia prospera, en la Legislatura.

Al filo del plazo límite para tratar ambas normas, la iniciativa que busca evitar el tránsito de funcionarios del Poder Ejecutivo al Judicial y el MPA —como es el caso de Sain, que se tomó una licencia en el Organismo de Investigaciones para asumir como ministro de Seguridad— reunió los dos tercios de los miembros en ambas Cámaras, pero el proyecto que busca regular el uso de fondos en las investigaciones en Seguridad no pasó el test en Diputados: se opusieron las bancadas del PJ, Somos Vida y Familia, Juntos por el Cambio, Igualdad y 100% Santafesino.

La diputada provincial Matilde Bruera (PJ) cuestionó el trámite que tuvieron ambos proyectos. “Es lamentable que una de las leyes que se votaron de forma exprés y sin debate tenga vigencia”, consideró.

Ambos proyectos fueron aprobados en noviembre del año pasado, en medio de un clima de tensión extrema entre la Casa Gris, y Sain en particular, y no sólo el Frente Progresista, sino también el bloque de senadores peronistas liderados por Armando Traferri. Para el ex ministro todos conformaban un bloque de poder que buscaba frenar su lucha contra las mafias.

Consultadas sobre el tema, fuentes oficialistas y opositoras ofrecen diferentes relatos sobre la trastienda legislativa. En las bancadas no peronistas aseguran que desde la Casa Gris empujaron para que saliera la ley de incompatibilidades a cambio de que se cayera la de gastos reservados. “Lo entregaron a Sain”, interpretan.

En la bancada justicialista lo desmienten. El jefe del bloque, Leandro Busatto, expresó: “El tema Sain parte aguas y sigue teniendo los mismos jugadores. El Ejecutivo siempre intentó vetar las leyes, y ayer (por el jueves) insistió para que los vetos se afirmaran”.

Procedimientos

Lo cierto es que el nombre del ex ministro, que mantiene un estricto perfil bajo, sigue en el centro del debate provincial. Fuera del gabinete desde marzo —cuando salió eyectado del gobierno, jaqueado por la ola de homicidios y la filtración de un audio en el que se refirió a los policías santafesinos como “negros pueblerimos”, que incluso gatilló un juicio político en su contra— Sain volvió a su cargo en el OI.

Sin embargo, la situación está lejos de ser relajada para el criminólogo: tras la excusación de la titular de la Auditoría General de Gestión del MPA, María Cecilia Vranicich, la pelota está en manos del fiscal general de Reconquista, Rubén Martínez, por decisión del jefe de los fiscales provinciales, Jorge Baclini.

A fines de abril, Baclini le encomendó a Martínez que en el plazo de 60 días decida la admisibilidad de los recursos que presentaron el fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, y un grupo de 27 diputados opositores. Las denuncias apuntan a una serie de irregularidades en la gestión de Sain —además de sus dichos—, relacionados con la situación de hacinamiento en comisarías y en la compra de armas.

El procedimiento establece que si Martínez encuentra en el comportamiento de Sain faltas graves, deberá girar la acusación a la comisión bicameral de Acuerdos de la Asamblea Legislativa. El cuerpo está integrado por 4 senadores —Alcides Calvo, Lisandro Enrico, Joaquín Gramajo y Rubén Pirola— y 8 diputados: Fabián Bastía (presidente), Clara García, Leandro Busatto, Lionella Cattalini, Gabriel Chumpitaz, Nicolás Mayoraz, Maximiliano Pullaro y Gabriel Real.

Los números son inquietantes para Sain: se trata de ocho legisladores opositores, dos que pertenecen al espacio liderado por Armando Traferri —otro de los enemigos de Sain en la provincia— y sólo dos están alineados con Perotti.

De todos modos, Pullaro, pese a coprotagonizar varios cruces de alto voltaje con Sain, evitó adelantar su posición. “No tenemos nada aún, veremos los elementos que hay”, indicó.

Si el trámite avanza en la comisión, explicó Oscar Blando, ex director de Reforma Política y Constitucional de la provincia, la remoción o suspensión se establecerá por el voto de la mayoría absoluta de cada Cámara, que se deberán reunir en sesión conjunta.

Busatto tampoco quiso anticiparse, pero alertó: “Probablemente haya una vendetta política de algunos sectores contra Sain, que colabora poco con la vuelta de página que estamos buscando con la oposición”.

En la misma línea, Bruera advirtió: “Los que impulsaron esta ley no lo querían a Sain como ministro y ya dejó el cargo, no tiene sentido seguir discutiendo esto. Espero que prime el Estado de Derecho y no se intente aplicar arbitraria y retroactivamente la ley, de lo contrario el Estado sería pasible de un juicio que a la provincia le saldría muy caro. Por más que los legisladores no sean abogados se dedican a hacer leyes, por lo que estas cuestiones las tendrían que tener claras ”.