Para el juez, el accionar de Domínguez, quien en la sesión del pasado miércoles 4 les tomó juramento a los dos camporistas y días después intimó mediante una nota -ahora suspendida- a Despouy a permitirles la asunción a Álvarez y Forlón en el organismo, supone “una grave afectación de los derechos y deberes constitucionales del accionante (el auditor radical) y del interés público en general”.
“Habré de conceder la tutela pretendida no sólo en procura de las facultades del primero (Pernasetti), sino esencialmente en salvaguarda de las instituciones de la República y su recto funcionamiento”, dice la cautelar dictada por el juez Furnari, que dejó establecido que el mandato del auditor radical vence el 15 de diciembre y no el 5 de septiembre, como argumentaba el oficialismo.
Hace 20 días, en una escandalosa sesión en la Cámara de Diputados, el kirchnerismo designó a Álvarez y Forlón, quienes juraron en sus cargos con la oposición ausente, en desacuerdo con lo que consideró nombramientos “extemporáneos” e “ilegales”.
El oficialismo, en cambio, se valió de una resolución parlamentaria para nombrar a los dos camporistas por entender que los mandatos de sus predecesores, los peronistas Oscar Lamberto y Vicente Brusca, habían vencido el 5 de septiembre y no el 15 de diciembre, como entiende la oposición.
En relación con la designación y la jura de Álvarez y Forlón como auditores de la AGN, el juez Furnari señaló en el fallo que “no debe permitirse la aplicación de una decisión administrativa cuando existen fuertes y graves indicios de ilegalidad, máxime si se trata de una decisión que refiere directamente a la integración y al funcionamiento de organismos constitucionales”.
Aunque la cautelar atañe solamente a Pernasetti, que presentó el amparo contra la comunicación de Domínguez, y no menciona específicamente a Álvarez y Forlón, el pronunciamiento señala que “la medida peticionada no sólo ha de velar por el interés del particular, sino incluso por el de la sociedad en su conjunto”.
Tras la difusión del fallo, Despouy, Pernasetti y el auditor radical por el Senado, Alejandro Nieva, brindaron una conferencia de prensa en la sede de la AGN, cuyo presidente confirmó que este miércoles se realizará la reunión de colegio de auditores, con o sin los representantes peronistas de la Cámara baja, aunque anticipó que impedirá la asunción de los camporistas.
“No vamos a permitir que controversias del Parlamento se trasladen y nos creen perturbaciones en lo interno”, subrayó el presidente de la AGN, máximo órgano de control del Estado y las cuentas públicas, que es manejado por la oposición.
En la nota enviada hace dos semanas -ahora suspendida mediante esta medida cautelar-, Domínguez le advertía a Despouy sobre la posible incursión en los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos, si persistía Pernasetti en el cargo de auditor y si se impedía la asunción de Álvarez y Forlón.
Domínguez le solicitaba en la nota a Despouy que dispusiera “la plena efectividad” de los nombramientos aprobados en soledad por el bloque del Frente para la Victoria e inclusive lo emplazó a cumplir “el requerimiento en 24 horas”.
Para Pernasetti, el fallo “claramente” atañe a la situación de Álvarez y Forlón “porque al declarar inaplicable la intimación de Domínguez, que está basada casualmente en la interpretación de que los mandatos vencieron el 5 de septiembre, se cae todo el fundamento de la designación de los otros auditores”.
La resolución de este martes se suma a la del viernes de la semana pasada de la jueza Macarena Marra Giménez, quien dio viabilidad al amparo presentado por diputados del Frente Renovador, que argumentaron que las designaciones de Álvarez y Forlón violaron el reglamento de la Cámara baja, y pidió informes a Domínguez sobre el proceso de nombramiento.
