Política

La Justicia federal puso la lupa en plazos fijos de Cristina

En un caso de supuesto enriquecimiento ilícito, el juez Torres pidió a la Oficina Anticorrupción los documentos del período 2013-2014

Sábado 02 de Abril de 2016

El juez federal Sergio Torres pidió ayer al gobierno nacional una copia de las declaraciones juradas presentadas por la ex presidenta Cristina Kirchner correspondientes al período 2013-2014 en el marco de la causa que se la investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

Paralelamente, el juez federal Claudio Bonadio rechazó ayer la recusación que le planteó la defensa de un ex director del Banco Central en la causa que investiga el supuesto perjuicio al erario público por la venta de dólares a futuro a fines del gobierno de Cristina Fernández, quien está llamada a indagatoria para el 13 de abril.

En caso a cargo de Torres se inició por una denuncia, en diciembre pasado, de la ex candidata presidencial Margarita Stolbizer por supuestas irregularidades en las declaraciones juradas de la ex mandataria.

Según Stolbizer, Cristina omitió detallar en su declaración jurada de 2014 plazos fijos a nombre Néstor Kirchner, en el marco de la sucesión de bienes. Por ello acusó a la ex mandataria de haber blanqueado ante la Oficina Anticorrupción (OA) en 2014 nueve plazos fijos, pero luego en el expediente de sucesión señaló 19 en pesos en el Banco de Santa Cruz y otro en dólares.

Aún no se sabe qué juez se hará definitivamente cargo de la investigación, puesto que para el fiscal Carlos Rívolo debía ser Daniel Rafecas, ya que investiga a Cristina por inconsistencias en las declaraciones juradas de 2011 a 2013.

Como Rafecas se declaró incompetente, la Cámara Federal deberá determinar si es él o Torres el que tome la investigación. Por lo pronto, Torres decidió avanzar en el caso y pidió a la titular de la OA, Laura Alonso, copia de las declaraciones juradas de Cristina Kirchner.

Desestimación. Por el caso de la venta de dólares a futuro, Bonadio desestimó el planteo del ex director Central Pedro Biscay por una supuesta falta de imparcialidad del juez, informaron fuentes tribunalicias, y elevó el expediente en consulta a la Cámara Federal, tal como se lo impone el Código Procesal, para que sea el tribunal de alzada el encargado de resolver si continuará o no al frente de la causa.

El rechazo a la recusación significa, en lo inmediato, que se mantienen las fechas fijadas para las indagatorias, entre ellas las del último ministro de Economía kirchnerista, Axel Kicillof, y de la propia ex presidenta Fernández.

Biscay argumentó un "desesquilibrado accionar judicial por demás alejado del principio de igualdad procesal".

El diputado Máximo Kircher, hijo de Cristina, había dicho que "el 13 de abril va a declarar. Vendrá como siempre decidió hacer las cosas y lo demostró el 10 de diciembre, cuando con todos los votos decidió no tener fueros".

Dijo también que "la decisión de Cristina es muy clara de a quién tiene que enfrentar para seguir protegiendo los intereses de la sociedad, como las consecuencias a afrontar por haber enfrentado los intereses en defensa de la sociedad".

Bonadio estableció para el próximo 13 la indagatoria de la ex mandataria y convocó a otros miembros del gobierno anterior, como el ex ministro de Economía Axel Kicillof y el ex jefe del Banco Central Alejandro Vanoli, procesado por el magistrado en otra causa. Se trata esta de la primera indagatoria que se le ordena a la ex presidenta.

Bonadio determinó que el Central tuvo "un quebranto por las posiciones vendidas de futuros de dólar" entre diciembre y enero último de siete mil millones y medio de pesos y que "deberá afrontar un pago (teniendo como parámetro el tipo de cambio de referencia al 12/02/16) por las posiciones abiertas de febrero a junio del año en curso en este mismo mercado, de casi 40 mil millones de pesos".

Resaltó que el Central debió afrontar "sumas millonarias además por las operaciones de venta de dólar futuro en el Mercado MAE, por las posiciones de diciembre 2015 a junio 2016" y la situación de septiembre a diciembre provocó "una pérdida de $1.552 millones, mientras que por los contratos que se encontraban activos se registró un saldo negativo de $27.724 millones".

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