Un juez federal de Rosario ratificó la resolución de un fiscal que pedía que el secuestro, las torturas y el crimen del militar no debían prescribir. Es un caso emblemático que podría determinar que los atentados de los guerrilleros de los 70 deben ser juzgados. Larrabure había sido secuestrado el 10 de agosto de 1974, mantenido durante 372 días en una "cárcel del pueblo" y asesinado por el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo).

El coronel Argentino del Valle Larrabure fue secuestrado por el ERP el 10 de agosto de l974 durante el asalto a la fábrica militar de Villa María, Córdoba. El ERP sacó del cuartel a Larrabure, de 42 años, y lo encerró en lo que denominaba "cárcel del pueblo" -construida en el sótano de una casa de Rosario- durante poco más de un año, exactamente 372 días. Su cadáver apareció el 23 de agosto de 1975, con signos evidentes de estrangulamiento y golpes, según su hijo Arturo Larrabure. La causa estaba archivada desde 1975, cuando se ordenó la captura de Aurora Brunet de González.

Ahora, el juez federal Marcelo Martín Bailaque ratificó que el crimen del coronel Larrabure debía ser considerado de "lesa humanidad" y que por tal motivo no debía prescribir, por lo que la causa seguirá abierta.

El primer pedido para que sea calificado de esta forma había sido hecho por el fiscal general Claudio Palacín, solicitud que había sido denegada por pedido de la Procuración General de la Nación.

De esta forma, el caso podría ser emblemático para que los secuestros, atentados y asesinatos de los guerrilleros de los violentos años 70 queden abiertos para ser juzgados.

El pedido de Palacín había sido por una presentación hecha por el abogado defensor de la familia de Larrabure, Javier Vigo Leguizamón, en febrero de 2007.

La familia Larrabure considera que "el asesinato fue cometido en el marco de un ataque sistemático a la población civil llevado a cabo por las organizaciones terroristas".

Larrabure hijo incorporó como elemento de análisis la presunta responsabilidad de los Estados argentino y cubano. A criterio de Larrabure, "el Poder Legislativo nacional resultaría responsable por cuanto, el 26 de junio de 1973, amnistió a los guerrilleros sin desarmarlos, suprimió la Cámara Federal en lo Penal y la legislación antiterrorista, dejando en libertad a algunos de los que secuestraron al militar".

Para Larrabure -según indica un comunicado- "la estrategia de los ex guerrilleros estaba centrada en considerar prescriptos sus asesinatos, secuestros y torturas, por tratarse de delitos comunes realizados sin participación estatal".

"Las crónicas parlamentarias prueban que la clase política contribuyó a la tragedia sobreviniente, calificando a quienes habían sido condenados por hechos terroristas, como perseguidos políticos que lucharon por la liberación y contra la dependencia", agrega el comunicado.

Para el fiscal Palacín "el desarrollo de las organizaciones guerrilleras en la Argentina escapa a tipificaciones simplistas; el ERP- PRT no era una fuerza progresista, sino una organización revolucionaria que pretendía instaurar una sociedad marxista inspirada por el faro de la revolución cubana. Desde sus orígenes, consideró que la vía pacífica al socialismo era una imposibilidad, por lo que el cambio social sólo podría llegar a través de una guerra revolucionaria".

El fiscal sostiene que "la violación de los derechos humanos de Larrabure tuvo lugar en ocasión de un conflicto armado, conforme los lineamientos de la jurisprudencia internacional que en la causa Milosevic ha explicado que el concepto de 'conflicto armado' requiere únicamente que existan grupos armados organizados que sean capaces de librar combate y que de hecho lo hagan".

"Sus ataques fueron sistemáticos, pues estuvieron organizados de acuerdo con una política y un plan nítidamente delineados", agrega en tal sentido el comunicado.