La fiscal general de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, reafirmó el posicionamiento institucional del Ministerio Público de la Acusación (MPA) acerca del reconocimiento que la institución debe tener en la próxima Carta Magna de la provincia, de cara al inminente comienzo de la Convención Constituyente.

“Celebramos el comienzo de la Convención porque significa una oportunidad histórica para la vida institucional del MPA”, dijo Vranicich. Y, al respecto, agregó: “Conscientes de lo trascendental de este momento, nos propusimos convocar a todos los bloques de convencionales y asociaciones intermedias para transmitirles nuestro posicionamiento institucional”.

Ese posicionamiento fue presentado en reuniones con todos los bloques de convencionales constituyentes que reformarán la Carta Magna. “En todos los casos fuimos escuchados, pudimos dialogar e intercambiar ideas”, valoró.

“Somos optimistas de que el sistema de Justicia penal resultará fortalecido y se consolidarán sus dos instituciones basales: el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP), para lo cual es necesario el expreso reconocimiento como órganos autónomos, autárquicos e independientes”, enfatizó la fiscal general.

El rol del MPA

En esa línea de razonamiento, Vranicich añadió: “No estamos diciendo que el MPA tiene que ser un nuevo poder del Estado con la misma jerarquía que los tres actuales. Ser extrapoder significa ser independientes en nuestra propia organización y contar con nuestra propia superintendencia, extremo que hoy no ocurre en la provincia, aunque sí en el Ministerio Público Fiscal de Nación”.

“Es de vital importancia que el MPA pueda administrar su propio gobierno institucional y, luego de la reforma, deje de estar comprendido en la superintendencia que ejerce la Corte Suprema como cabeza del Poder Judicial, extremo que fue puesto en crisis desde el propio nacimiento del MPA por cada uno de los fiscales generales anteriores”, rememoró Vranicich.

Por su parte, el gremio que agrupa a los trabajadores judiciales de la provincia pide continuar bajo la Corte Suprema. En igual sentido se han pronunciado los defensores penales.