Política

"La expropiación de Ciccone transformará en abstracta la causa"

Giustiniani se manifestó contrario a la estatización de la ex Ciccone y criticó al gobierno nacional. Para el senador nacional socialista los billetes se podrían imprimir en la Casa de la Moneda.

Domingo 12 de Agosto de 2012

El senador Rubén Giustiniani confirmó que votará en contra de la expropiación de la imprenta ex Ciccone, un episodio paradigmático y cargado de connotaciones políticas. La sesión en la Cámara alta será presidida por el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, uno de los principales implicados en el escándalo. Esto sucede en paralelo con el tratamiento del pliego de la candidata a procuradora general, Alejandra Gil Carbó, en otra de las derivaciones del caso.

En una entrevista con LaCapital, Giustiniani admitió que la semana entrante será "muy simbólica" respecto a los temas que sacudieron a la opinión pública. "Por eso planteamos al oficialismo que haga concurrir a los funcionarios al Congreso. Cuando se estatizó YPF hubo tres audiencias públicas, concurrieron los ministros de Infraestructura (Julio De Vido) y el segundo de Economía (Axel Kicillof). Lo propio sucedió con la nacionalización de Aerolíneas Argentinas ¿Cuál es ahora la razón del apuro?", se preguntó el legislador socialista por Santa Fe.

—¿Está definido su voto respecto a la expropiación de la ex Ciccone?

—Sí. Rechazo el contenido de una expropiación que va a transformar en abstracta una causa judicial que ya hizo renunciar a un procurador General de la Nación, a un juez federal y a un fiscal. Esto profundizará la crisis de credibilidad de la sociedad respecto a la clase política con la sensación de impunidad que trae. Es una causa judicial que quedará en la nada. Si se trata de la soberanía para imprimir moneda, eso se puede hacer perfectamente por medio de la Casa de la Moneda, que hoy existe. No era necesario para esto la expropiación de la ex Ciccone.

—¿Por qué sostiene que la causa que involucra a Boudou podría convertirse en abstracta?

—Hay muchos interrogantes que van a quedar sin responder. ¿Quién es el dueño de la ex Ciccone? No se sabe. Se le va a expropiar a una empresa a la que no se le conoce el dueño. Se va a expropiar a una empresa cuando no se sabe porqué se le dio una moratoria que determina una imputación al jefe de la Afip. ¿Por qué se hace una expropiación con tanto apuro cuando hay un decreto de necesidad y urgencia de intervención que dura sesenta días? Estas actitudes generan grandes interrogantes que no fueron respondidos. Para imprimir los nuevos DNI y los pasaportes el Ministerio del Interior hizo una erogación de mil trescientos millones, por qué no puede imprimir los billetes en la Casa de la Moneda.

—¿La intención real del gobierno con la expropiación es dejar atrás la causa contra Boudou?

—Es que la va a transformar en abstracta a la causa. ¿A quién va interesar después de que el Estado pase a ser dueño, quién era el propietario anterior de la ex Ciccone? Evidentemente lo que causa la expropiación es que la causa quede en nada. Si el tema es la impresión de billetes, que lo haga la Casa de la Moneda.

—Es insólito que no se conozca al dueño, o a los dueños, de una empresa a la que se va a expropiar. Incluso, cuando hay una expropiación, casi siempre se debe indemnizar al propietario.

—Claro, peor aún. No se conocen ni los activos ni los pasivos.

—¿Y ya no queda chance de que se conozca quiénes son los dueños?

—Es que por eso planteamos al oficialismo que haga concurrir a los funcionarios al Congreso. Cuando se estatizó YPF hubo tres audiencias públicas, concurrieron los ministros de Infraestructura y Economía, lo propio sucedió con Aerolíneas. ¿Cuál es ahora la razón del apuro? Pedimos que concurra (Hernán) Lorenzino, actual interventor de la ex Ciccone; que venga el jefe de la Afip, la jefa de la Casa de la Moneda. Preguntamos por qué no se hicieron las inversiones necesarias y se debilitó a la Casa de la Moneda. Pero todo eso no tuvo respuesta.

—También debe resultar inédito que el principal acusado, el vicepresidente Boudou, esté presidiendo una sesión de este tipo.

—Esta semana será muy simbólica. El miércoles vamos a estar aprobando el pliego de la procuradora general de la Nación, Gil Carbó. Tenemos que designar a una nueva procuradora porque renunció Esteban Righi, como consecuencia del escándalo de la ex Ciccone. Y, a la vez, tendremos que decidir la expropiación de esa empresa.

—El voto a favor del gobierno de parte de Luis Juez parece mostrar que hay desacuerdos internos en el FAP. Aguad sostiene que el senador cordobés terminará siendo candidato del kirchnerismo.

—En abril presentó un proyecto de expropiación de la ex Ciccone, cuando las condiciones eran diferentes. Pero bueno, en función de que había presentado esa iniciativa él cree que tiene que mantener esa posición. Morandini, Linares y yo votaremos en rechazo a la expropiación.

—¿El trámite puede tener alguna dificultad para el gobierno?

—No. Tiene el oficialismo mayoría propia y, además, hay algunos votos del Peronismo Federal. Creo que tiene los votos el kirchnerismo.

—La semana pasada estuvo Gil Carbó en el Senado. ¿Le satisfizo su exposición?

—Sí, me satisfizo. fundamentalmente en la cuestión federal. Ante una pregunta mía sobre el fallo del procurador suplente, quien curiosamente hizo un dictamen tras la salida de Righi en contra de la provincia de Santa Fe, dijo que no lo compartía. Y en el tema de los jubilados fue muy precisa en cuanto a que hay que buscar canales de solución y de no postergar los juicios indefinidamente. Tuvo definiciones con respecto a los usuarios, en la cuestión de servicios públicos, que fueron muy positivas.

—Como representante de la provincia en el Senado, ¿qué reflexión le merece el estado de postración y déficit en que se encuentran Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires? ¿No deberían las provincias hacer causa común?

—El país debe definir un nuevo acuerdo Nación-provincia. La Nación se queda con fondos que no le corresponden, violando la actual ley de coparticipación federal. De acuerdo al presupuesto, con la ejecución y los números oficiales, la Nación se apropia del 75 por ciento de los recursos. Esto es violatorio. Hay que sentarse a rediscutir un nuevo acuerdo, estamos ante un federalismo fiscal invertido: la provincia toma recursos y las provincias y los municipios quedan en agonía.

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