Por Mariano D'Arrigo
Poderes. El gobernador Perotti y la Corte Suprema, en el acto de apertura del año judicial 2021.
Mientras el foco de la política santafesina se concentra en el Ejecutivo y la Legislatura, en la cima del tercer poder del Estado provincial se cocinan a fuego lento decisiones de alto impacto político e institucional: la Corte Suprema de Justicia debe decidir sobre el régimen disciplinario de los fiscales y, si el trámite avanza, acerca de la inmunidad que gozan los legisladores.
El máximo tribunal santafesino tiene en sus manos el caso del fiscal rosarino Adrián Spelta. En septiembre, la Cámara Laboral de esta ciudad dictaminó que la ley 13.807 es inconstitucional. A través de esa norma, votada en 2018 y por unanimidad, la Legislatura se otorgó la potestad exclusiva de aplicar sanciones a los fiscales de primera instancia, una atribución reservada hasta entonces al Poder Judicial.
La Justicia rosarina le dio la razón a Spelta, que tiene un proceso abierto en la Legislatura por haber acordado una excarcelación a Emanuel “Ema Pimpi” Sandoval, implicado junto a su hermano en un intento de triple homicidio en un incidente con un contexto de narcomenudeo. En octubre de 2019, Sandoval fue asesinado cuando cumplía prisión en un domicilio.
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Ahora, los cortesanos Roberto Falistocco, Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler, Mario Netri, María Angélica Gastaldi y Daniel Erbetta deberán decidir sobre la constitucionalidad de la ley, algo de lo que dudan incluso especialistas del Derecho que tienen vínculo fluido con distintos espacios políticos de la provincia. Una cosa, plantean, es el control externo entre poderes y otra muy distinta que un Poder se entrometa en los asuntos internos de otro.
La tensión entre la Legislatura —especialmente el Senado— y el MPA fue in crescendo. A fines de febrero, la Cámara alta votó que se creara una comisión para evaluar el desempeño de los fiscales santafesinos pero el rechazo que cosechó la idea en la Justicia y la política obligó a archivar la iniciativa.
Tanto desde el entorno de los ministros como en los pasillos de los tribunales indican que dos antecedentes ofrecen pistas sobre cuál podría ser el trazo grueso de la decisión de la Corte sobre el régimen disciplinario de los fiscales.
Uno es más lejano: en 2010 la Corte Suprema desestimó el planteo del entonces Procurador Agustin Bassó y planteó que las leyes 13.013 —sobre el Ministerio Público de la Acusación— y 13.014 —acerca del Servicio de Defensa Penal— eran constitucionales.
La ley 13.013 establecía que en el caso de faltas graves la Auditoría General del MPA estaba a cargo de la investigación y el tribunal de disciplina mixto —integrado por un abogado, un diputado, un senador y un fiscal— era el responsable de una eventual sanción.
Hace tres años, la ley 13.087 modificó el procedimiento y estableció que la remoción o suspensión del cargo se decidirá por mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara, reunidas en sesión conjunta.
El otro antecedente es más cercano: en diciembre, el actual procurador de la Corte Suprema, Jorge Barraguirre, dictaminó que la norma aprobada en 2018 es inconstitucional.
En su escrito, Barraguirre sostiene que las normas cuestionadas no se ajustan a la Constitución santafesina, porque el procedimiento no respeta la composición plural del órgano sancionatorio que establece el artículo 91 de la Carta Magna.
En la misma línea, para el abogado constitucionalista Domingo Rondina cualquier órgano puede encargarse del régimen disciplinario de los fiscales, siempre que sea mixto. “Lo que es inadmisible es que la única sanción a los fiscales sea de los propios fiscales, eso es contrarrepublicano”, considera.
En los pasillos de los tribunales y la política circuló el rumor de que la definición podía llegar la semana pasada, pero la decisión se hace esperar. Como sus pares de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los ministros no tienen plazos pero juegan con los tiempos, más en un año electoral. Saben que más allá de donde se incline la balanza habrá repercusiones políticas.
En el caso del fiscal Adrián Spelta la Corte Suprema deberá pronunciarse sobre el régimen disciplinario de los miembros del MPA
Otra cuestión política y judicial caliente que podría llegar a la Corte Suprema es la relacionada con las inmunidades de los legisladores, los famosos fueros.
El tema estuvo en el centro del debate el año pasado, con la causa sobre juego clandestino que se tramita en la Justicia rosarina. Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra pidieron a los senadores que le quiten la inmunidad a su par Armando Traferri para citarlo a una audiencia imputativa. Los funcionarios acusan al representante de San Lorenzo de ser el organizador de una asociación ilícita relacionada con el juego ilegal.
La historia es conocida: la Cámara alta rechazó a fin de año el pedido por considerar que no había pruebas suficientes contra el referente del NES y los fiscales pidieron la inconstitucionalidad del artículo 27 del Código Procesal de la provincia, que le permite a Traferri no presentarse a la audiencia.
>> Leer más: Pidieron que se declare inconstitucional el artículo que impide imputar a Traferri
En este momento, el asunto está en la Cámara de Apelaciones de Rosario, pero Schiappa Pietra y Edery no descartan presentarse ante la Corte Suprema.
Para Rondina los fiscales plantearon mal formalmente la cuestión. “Ellos no pueden seguir discutiendo el caso concreto de Traferri, que ya fue resuelto”, afirma. Y agrega: “Ellos tendrían que haber pedido la acción declarativa de inconstitucionalidad, litigando contra la provincia de Santa Fe.
En su opinión, la inmunidad protege al legislador del arresto, pero tiene que ir a declarar.
El abogado constitucionalista Oscar Blando explica que a las dos inmunidades que estipula la Constitución nacional —de opinión y de arresto— en Santa Fe se agrega una tercera: la de proceso. “La inmunidad posterga la actuación de la Justicia hasta que se produzca el desafuero o que venza el mandato”, explica.
Lejos ideológicamente de Traferri —Blando fue director de Reforma Política y Constitucional durante la gobernación de Miguel Lifschitz— el especialista advierte que no es un problema legal, sino constitucional, y que la Corte Suprema deberá tener en cuenta este hecho si el caso llega a esa instancia.
Sea cual sea la decisión, desde los distintos campamentos políticos siguen con atención a una Corte esculpida durante los gobiernos peronistas previos a la llegada del Frente Progresista a la Casa Gris y que, deslizan, necesitaría oxigenarse, tanto en cuanto a temas como a integrantes.
La última incorporación fue Erbetta, en noviembre de 2007, un mes antes de la finalización del mandato de Jorge Obeid y el la asunción de Hermes Binner. Algunos, más críticos, hablan de una “Corte del poder” y “del siglo pasado”.
Un tema que genera inquietud, especialmente en los años impares, es que el titular del tribunal electoral sea el presidente del máximo tribunal. “Cualquier apelación va a la Corte y eso es un problema, el tribunal electoral debería ser independiente”, señalan.
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