Política

La Corte ordenó volver a sortear el tribunal que juzgará a Cristina

La Corte Suprema de Justicia ordenó ayer que se vuelvan a sortear las causas por lavado de dinero contra Lázaro Báez, conocida como la "ruta del dinero K", la investigación por presunto fraude en la distribución de la obra pública y el encubrimiento del atentado contra la Amia, por la cual está procesada Cristina Kirchner.

Viernes 16 de Marzo de 2018

La Corte Suprema de Justicia ordenó ayer que se vuelvan a sortear las causas por lavado de dinero contra Lázaro Báez, conocida como la "ruta del dinero K", la investigación por presunto fraude en la distribución de la obra pública y el encubrimiento del atentado contra la Amia, por la cual está procesada Cristina Kirchner.

Los tres expedientes habían recaído en el Tribunal Oral Federal Nº9, aunque el máximo tribunal advirtió ahora que este nuevo cuerpo aún no ha sido habilitado, lo que le corresponde a la propia Corte.

"La habilitación de tribunales, requisito esencial para su puesta en funcionamiento, es una atribución constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la ha ejercido sin interferencias de ninguna especie, antes y después de la reforma constitucional de 1994", indicó el fallo.

Y agregó que "el comportamiento de la Cámara Federal de Casación Penal, al incluir al TOCF 9 en los sorteos propios de la Justicia federal implicó un indebido avance sobre las atribuciones de superintendencia" de la Corte.

"Por todo esto, esta Corte considera que corresponde dejar sin efecto los sorteos de las causas que hubieren sido asignadas al TOCF 9 de la Capital Federal y ordenar que se practique, de forma urgente, un nuevo sorteo de dichas causas", dispuso el máximo tribunal.

El referido tribunal está compuesto por Alejandro Nocetti Achával, Silvia Mora y Alejandro Becerra, jueces del fuero ordinario que fueron convertidos en federales por impulso del gobierno de Mauricio Macri a fines de 2016.

El TOCF 9, que tiene a su cargo la causa denominada "ruta del dinero K", pidió que se agruparan las denuncias para luego realizar un megajuicio: estaba previsto incluso que, además de la obra pública se sumaran, por conexidad, allí más expedientes en los que se encuentra procesado el empresario patagónico Lázaro Báez.

En este caso, la conexidad estaba vinculada con la posibilidad de que el dinero que habría lavado Báez proviniera de la sobrefacturación en los contratos de obra pública adjudicados en Santa Cruz de manera irregular durante el gobierno kirchnerista por 46.000 millones de pesos.

El TOCF 9 además tenía la causa por supuesto encubrimiento de la investigación del atentado a la Amia a través del Memorándum de Entendimiento con ese país, en la que debe ser juzgada la ex presidenta Kirchner, el excanciller Héctor Timerman, el ex secretario Carlos Zannini y otros ex funcionarios.

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