Un escándalo de corrupción que sacude al más alto nivel de la clase política de Entre Ríos tuvo como efecto la acusación judicial a la investigadora que destapó el caso. Se trata del descubrimiento de una defraudación por cerca de 5 mil millones de pesos contra el tesoro de esa provincia a partir de contratos falsos que funcionarios de esa provincia hicieron a monotributistas por obras públicas que a veces no se realizaban. El caso había avanzado al punto de poner en cuestión a dirigentes conocidos. Pero la fiscal que investigaba ahora pasó a ser acusada, suspendida de su cargo y con un pedido de destitución por mal desempeño.
Ahora hubo una novedad importante en el caso. La Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor de la fiscal que está en el centro de la escena, Cecilia Goyeneche, que es además procuradora adjunta de Entre Ríos. Se trata de la misma fiscal que impulsó la acusación que derivó, hace tres semanas, en la condena unánime por corrupción al ex gobernador Sergio Uribarri, por desvío de fondos públicos. La funcionaria estaba investigando paralelamente una causa conocida como "contratos truchos" de la Legislatura, que examina el mecanismo mediante el cual se sustraían fondos del presupuesto de la Legislatura de Entre Ríos a través de la realización de contrataciones de obra en favor de ambas Cámaras -Senado y Diputados- con pagos derivados hacia personas que eran testaferros y a las que no se le comprobaron prestaciones a favor de alguna de las Cámaras. El período investigado se prolongó durante diez años: Desde 2008 a 2018. Se estima que esa maniobra continuada le originó un perjuicio al Estado de Entre Ríos valuado en 4.961 millones de pesos.
Esta causa intentó ser frenada mediante un juicio político en contra de la fiscal Goyeneche. Ante esto la funcionaria elevó un amparo para que el jury en su contra se suspendiera. El Tribunal Superior de Entre Ríos había rechazado esa acción. El máximo tribunal nacional ahora por unanimidad dictaminó que el trámite debe suspenderse hasta que se resuelva una causa de fondo que también involucra a Goyeneche.
¿Cómo surgió el caso que investigó Goyeneche e hizo temblar a la Legislatura? En octubre de 2018 el agente financiero de la provincia, Banco de Entre Ríos envió un reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la Unidad de Investigación Financiera (UIF). Allí mencionaba que dos personas identificadas como Paola Rodríguez y Ana Kramer se presentaron en una sucursal de esa entidad financiera a cobrar por caja varios cheques de la Legislatura y retiraron en efectivo una suma muy elevada.
Eso dio origen a la causa conocida como “contratos truchos” en la que la fiscal Goyeneche investigó las operaciones de una organización formada por miembros de la Legislatura entrerriana, de distintos partidos, que habría robado dinero del Estado durante diez años a través de contratos de obras públicas nunca realizadas.
El ilícito fue descubierto de manera azarosa cuando a un agente de seguridad le llamó la atención que usuarios de un cajero automático portaran una cantidad considerable de tarjetas de débito con las que producían sucesivas extracciones. Se trataba de los eslabones más bajos de la cadena. La red abarcaba también a profesionales de Ciencias Económicas que mantenían al día la situación tributaria, mediante pagos por medios digitales, de los formales contratados. Y, por último, quienes cobraban la diferencia entre los montos del contrato y los gastos producidos y los entregaban a encargados.
Las diligencias avanzaron con el envío a juicio de 32 personas hasta que dos abogados defensores plantearon que existían vínculos comerciales directos de algunos de uno de los investigados con la fiscal Goyeneche por lo que ella debió haberse apartado. La mujer reconoció que ella conocía a Pedro Opromolla, un contador público, porque era amigo de su marido. Pero que eso no le había impedido avanzar en la causa, ordenar el allanamiento de su estudio e incluso imputarlo.
Dos abogados pidieron que apartaran a la fiscal del caso que negaba tener motivos para dejar el caso. Sin embargo estos lograron impulsar con éxito el juicio político que lleva tres jornadas. Goyeneche pidió la suspensión del juicio lo que no fue resuelto y ahora la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras solicitar a la Justicia entrerriana que le remita el expediente del caso, suspendió el jury.
"Me apartan por perseguir un caso muy importante de corrupción", sostuvo este jueves Goyeneche en declaraciones radiales. "Se está investigando la sustracción de una suma aproximada de 53 millones de dólares mediante contratos ficticios que hacía una organización criminal con funcionarios en la Legislatura durante once años. Se usaban prestanombres para fingir que había una relación de contratación de personas. Pero en realidad tal cosa no existía, solo le pagaban una suma ínfima del contrato a estos monotributistas que era entre el 5 y el 10 por ciento del contrato. Y el resto se robaba", indicó. Según dijo Goyeneche, el juicio político en su contra es una represalia por una investigación que toca a altas figuras de la política. "Los monotributistas a los que entrevistamos reconocieron haber cobrado pero no tenían la menor idea de que figuraban como contratistas de obra pública", agregó. "Eran entre 300 y 600 personas contratadas por el Senado o por Diputados que no prestaban funciones. Tampoco conocían a ningún legislador. Desde la punta de ese ovillo se fue subiendo y llegamos a las personas que coordinaban esta maniobra".
La parte que no se desarrolló de la causa es de quién es la responsabilidad funcional, al más alto nivel, porque la pesquisa se interrumpió. "Está la causa trabada por artilugios procesales", dijo Goyeneche.
Los abogados denunciantes de la fiscal consideran que Goyeneche debió excusarse porque uno de los acusados, Pedro Opromolla, compartía con la fiscal la titularidad de un inmueble adquirido por fideicomiso. "Esto fue una excusa para separarme del caso", sostuvo la procuradora adjunta.
