Política

La Corte convocó al gobierno y a Clarín a una audiencia pública por la ley de medios

En la resolución el tribunal sostiene que además podrán participar ONGs. La audiencia está prevista para el 28 de agosto, será televisada y podría demandar más de una jornada.

Miércoles 14 de Agosto de 2013

La Corte Suprema de Justicia convocó hoy a una audiencia pública informativa para el 28 de agosto próximo sobre la Ley de Servicios Comunicación Audiovisual, como un paso previo a expedirse sobre la constitucionalidad de la norma.

En una resolución con la firma de sus siete miembros, el tribunal fundamentó en la “trascendencia pública” de la ley, aprobada por el Congreso Nacional en 2009, el llamado a una última audiencia en que además de las partes y los peritos podrán  participar diez ONGs en calidad de “amicus curiae”.

Para que la audiencia tenga un trámite ordenado y eficaz, el tribunal dicto además un reglamento de participación y solicitó a  las partes del pleito –—el Estado nacional y el grupo Clarín— y a  los grupos de la sociedad civil que unifiquen personería para no reiterar su planteos.

Fuentes del tribunal admitieron que la audiencia, que será  televisada por el CIJ (Centro de Información Judicial), podría demandar más de una jornada ya que, además de las exposiciones, el tribunal preguntará a los participantes.

Según el reglamento, las exposiciones deberán girar en torno  a la “validez constitucional” de los artículo 41 y 161, sobre las  transferencias de licencias y el plazos de aplicación de la ley  26.522 de Comunicación Audiovisual.

También deberá abordarse de manera particularizada la  “validez constitucional del artículo 45”, en los incisos referidos  a la multiplicidad de licencias, y la del 48 sobre “prácticas de  concentración indebida”. Se trata de todos los tema contenidos en el fallo de la  Cámara Civil y Comercial federal favorables al grupo Clarín y que  ahora se encuentra para su resolución definitiva en la Corte  Suprema tras ser apelados por el gobierno nacional.

El reglamento establece además que no podrán ser amicus  curiae los miembros de los Poderes del Estado Nacional o  provinciales, ni de los partidos políticos o candidatos en campaña  electoral y que se aceptarán un máximo de cinco en defensa de cada  uno de los litigantes. Hasta el 26 de agosto inclusive, las ONGs interesadas en  participar deberán hacer presentaciones por escrito anticipando su  ponencia y podrán consultar el expediente en la secretaria de la  Corte.

El pasado 12 de julio la Procuradora General de la Nación,  Alejandra Gils Carbó, dictaminó la constitucionalidad de los  artículos de la Ley cuestionados por el Grupo Clarín y así allanaba  el camino para que la Corte falle sobre la aplicación plena de la  norma. En un extenso dictamen de 64 carillas la procuradora  recomendó expresamente al máximo tribunal que revoque el fallo del  17 de abril pasado emitido por la Cámara Civil y Comercial Federal  que benefició al multimedios, ya que “omite absolutamente la  ponderación de los intereses colectivos en juego para centrarse en  el interés patrimonial” de dicho grupo de medios.

“Esa sentencia denota una visión parcializada que se revela  en el notable énfasis que pone en preservar los intereses  patrimoniales de los demandantes, sin que se advierta igual tesón  en respetar los derechos de la ciudadanía en contar con una mayor  pluralidad informativa, de ideas y contenidos”, sostuvo la  Procuradora.

En concreto, el dictamen defendió la constitucionalidad del  artículo 45 de la ley que fijó restricciones a la multiplicidad de  licencias en el ámbito nacional y local, punto central de la  objeción del Grupo Clarín.

Para la Procuración, “las actuales dificultades a la  participación de una pluralidad y diversidad de actores” no derivan  de la escasez del medio utilizado para transmitir los servicio  audiovisuales sino de “obstáculos económicos, técnicos, y políticos  que el articulo 45 procura combatir”. La Procuradora remarcó también que la norma sancionada en  octubre de 2009 fue producto de un debate “amplio y participativo”,  centrado en el propósito de “garantizar el ejercicio del derecho  humano a la libertad de expresión en condiciones de equidad y la  conformación de un debate público plural y diverso”. (Télam)

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