La comunidad judía renovó sus críticas al memorándum con Irán

El presidente de Amia, Leonardo Jmelnitzky, renovó ayer las críticas al memorándum que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner firmó con Irán para revisar la causa por el atentado a la mutual judía al señalar que "implica un retroceso" en la investigación del ataque ocurrido en 1994, que mató a 85 personas.

Asimismo, sostuvo que "la sociedad no se puede resignar a la impunidad y a este marco de sospecha permanente" y vinculó la falta de avances en la causa Amia con el deceso del fiscal especial del caso, Alberto Nisman. Al respecto, dijo que "el reclamo del esclarecimiento de esa extraña muerte debe sostenerse en el tiempo".

Jmelnitzky aseguró que el memorándum pactado entre los gobiernos de la Argentina e Irán "implica un proceso para el retroceso de la causa".

"Desde el primer momento estuvimos en contra, denunciamos su inconstitucionalidad, volvimos a presentarnos ante la Cámara Federal y estamos esperando, frente a la apelación del gobierno, la decisión del Tribunal de Casación", advirtió.

El dirigente sostuvo que hay "dos cuestiones en contra del memorándum: la primera es su inconstitucionalidad y, la segunda, la ambigüedad del texto".

"Las posibilidades de interpretación hacen que sea un documento con muy poca seriedad. Se habla de formar una comisión, pero no hay fecha", recordó.

Señaló que también "tiene una ambigüedad constructiva, porque cuando las partes no están de acuerdo, dejan una zona gris hasta que se establezcan las condiciones". Y, al respecto, agregó: "Esto es preocupante y nos llena de tristeza".

Jmelnitsky defendió también la participación de la Amia en la marcha organizada por fiscales a un mes de la muerte de Nisman, al sostener que "la gente se sentía anonadada, estaba con miedo e incertidumbre y necesitaba respuestas".

"Entendimos que había gente que quería decir que se sentía golpeada", añadió, para luego enfatizar que "la sociedad no se puede resignar a la impunidad y a este marco de sospecha permanente".

En ese sentido, el titular de la Amia apuntó: "No podemos permitir una sociedad sin justicia ni futuro".

Respecto de las críticas que recibió por parte de un grupo liderado por el embajador argentino ante la Alianza para la rememoración de la Shoá, Jorge Elbaum, dijo que "la Amia jamás a tratado de arrogarse la representación de la comunidad entera y respeta la diversidad democrática".

"La Amia fue elegida por el terrorismo internacional para colocar la bomba del 18 de julio de 1994. Entendemos que es una causa judicial con ribetes políticos, pero fuimos las víctimas y tiene que haber unidad comunitaria", acotó.

También indicó que la Amia estudia la posibilidad de llevar el reclamo de justicia por el atentado a los tribunales internacionales.

Días atrás, la Cámara de Casación Penal decidió postergar una resolución para determinar si es constitucional o no el acuerdo firmado entre la Argentina e Irán por la causa Amia, que prevé la creación de una comisión de expertos para analizar la investigación del atentado.

La primera consecuencia práctica de esa medida fue minimizar el impacto político negativo que tendría en el gobierno una resolución contraria a sus intereses.

Algunos jueces de Casación interpretaron la postergación como parte de una tregua judicial con el oficialismo.

La decisión de posponer una definición, que fue cuestionada por las entidades de la comunidad judía, la tomaron los jueces de la Sala II de la Cámara de Casación Ana María Figueroa y Luis María Cabral. Su colega Juan Carlos Gemignani votó en disidencia.

Salen en defensa de Stiuso

El ex secretario de Inteligencia Miguel Angel Toma defendió al otrora espía Antonio Jaime Stiuso al considerar que, "cuando se quiere autojustificar un gobierno", es necesario un "chivo expiatorio".

Toma, quien ejerció el cargo durante la presidencia de Eduardo Duhalde, aseguró que para el gobierno "es necesario colocar toda la responsabilidad en los funcionarios de carrera de la estructura de Inteligencia para que no se discuta la indelegable responsabilidad política que tienen el secretario y el subsecretario del área y la presidenta de la Nación".

Al respecto, Toma analizó: "Detrás de toda esta agresión sistemática contra quien expresa ser un funcionario de carrera, acá lo que se intenta es una demonización de la Inteligencia civil".

Consultado por la figura de Stiuso, el ex funcionario enfatizó que "siempre es necesario, cuando se quiere autojustificar un gobierno, encontrar un chivo expiatorio".

Además, confirmó que denunció a las "autoridades anteriores y actuales en función de lo que dijo el actual jefe de la AFI, Oscar Parrilli, cuando reveló que habían desaparecido varias decenas de CDs que contenían grabaciones de escuchas telefónicas que eran parte de la prueba constituida en función de la causa Amia".

"La pregunta acá es muy simple: ¿quién fue el que hizo desaparecer, si es que se desaparecieron, esas escuchas? ¿Fueron las autoridades anteriores, (Héctor) Icazuriaga, Francisco Paco Larcher y, eventualmente, Stiuso, o fueron (los actuales secretario y subsecretario, Oscar) Parrilli y (Martín) Mena?", indagó Toma.

En ese sentido, sostuvo que en cualquier caso, "por acción u omisión, hay una responsabilidad innegable de las actuales autoridades, ya sea porque las hicieron desaparecer ellos como parte del proceso de encubrimiento que denunciara (el fiscal Alberto) Nisman para derivar la responsabilidad de Irán en el atentado contra la Amia o bien por aceptar sin beneficio de inventario la transferencia del cargo".