El discurso de Schmid cerró una manifestación de los gremios que integran la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (Catt), acompañados por otros sindicatos críticos de la CGT, en repudio al aumento de tarifas en los servicios públicos y contó además con la participación de la Juventud Sindical Nacional que encabeza Juan Pablo Brey (aeronavegantes).
En paralelo, la Catt, a través de un comunicado, ratificó ayer la convocatoria a "la unidad" del movimiento obrero en una única CGT para organizar "la lucha" ante "el actual escenario de crisis".
"La reorganización de la CGT con todos los sectores del movimiento obrero debe ser el paso indispensable para una respuesta orgánica ante el proceso de luchas que será inevitable si el gobierno persiste con un programa económico cuyo horizonte son más y peores medidas a las ya adoptadas en perjuicio del trabajador, el pueblo y la patria", indicó el nucleamiento gremial.
Durante la movilización de ayer, personas vestidas de traje y con máscaras, arrastraron carretillas llenas de papeles que simulaban ser billetes de color amarillo de 5 mil pesos y con la cara del ministro de Energía, Juan José Aranguren.
"Cuando Aranguren nos dice que esta medida es para sacar a la gente de la pobreza parece que nos está tratando de boludos", sostuvo Schmid, y puntualizó que la de ayer fue la primera de una serie de protestas que encabezará la CGT.
Luego afirmó que el Enre "se supone que es quien controla al negocio eléctrico, el que le debe asegurar a todos los ciudadanos precios razonables, el que debe velar que cada uno de los argentinos tenga el servicio esencial".
Schmid indicó que el organismo "no cumple con ninguna de esas responsabilidades" y anunció que la protesta de ayer es el comienzo de "una serie de acciones que se van a repetir en plazas y lugares públicos para convocar a toda la ciudadanía a que se ponga de pie".
Convocó entonces "a los que no están encuadrados en los sindicatos, sin importar en que lugar ideológico estén ubicados, a que participen de estas protestas con recursos de amparo, con protestas en la vía pública, en reuniones con los vecinos, porque es un atropello y un verdadero saqueo al bolsillo".
Acompañaron al marítimo los cegetistas Hugo Benítez (textiles), Juan Pablo Brey (aeronavegantes), Guillermo Imbrogno (Aefip) y José Coria (guincheros).
Anteayer la CGT había advertido en un comunicado que "el gobierno impulsa reformas laborales que disminuyen las indemnizaciones y socavan el orden público laboral a favor de las empresas", y que "el creciente deterioro social y laboral hace imposible la política económica" que sigue la Casa Rosada.
Apuesta legislativa
En paralelo, ayer el bloque justicialista y el massismo pidieron formalmente una sesión especial en Diputados para el miércoles a fin de debatir un proyecto para atenuar los aumentos tarifarios de los servicios públicos.
La oposición redobló así la apuesta tras la decisión de Cambiemos de pedir una sesión especial para ese mismo para tratar los proyectos de financiamiento productivo y defensa de la competencia, donde no se incluye la iniciativa sobre aumentos de las tarifas.
Enargás prohíbe incorporar impuestos en las facturas
El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargás) prohibió a partir de ayer a las distribuidoras incorporar cualquier monto extra, impuesto o tasa local en las facturas para evitar el encarecimiento en el precio final de consumo.
Así lo estableció el organismo presidido por Mauricio Roitman a través de la Resolución 30/2018 publicada en el Boletín Oficial, en medio de la polémica por el tarifazo. Enargás había autorizado en 1996 a las prestadoras del servicio por redes a implementar mecanismos de financiación para la construcción de instalaciones internas domiciliarias y que las mismas sean incluidas en la factura. Y en 1998 autorizó a los distribuidoras a implementar mecanismos de financiación similares para la construcción de obras externas, como redes de distribución domiciliarias, ramales de aproximación y estaciones reductoras de presión.
Ahora suspendió esas autorizaciones para evitar que las empresas encarezcan la factura final.
En el artículo primero, el ente estableció que "todo concepto que pretenda incorporarse en la factura del servicio de distribución de gas debe guardar estricta relación con los servicios regulados y estar previamente contemplado en una norma de alcance general que prevea tal concepto".
Además, ordenó que para incorporación en la factura cualquier concepto, con sustento en la normativa vigente, deberá pedirse autorización al ente.
Gobernadores se oponen a que el Congreso discuta el tema
Más gobernadores se sumaron en las últimas horas a la posición del oficialismo a favor de que el Congreso no trate un proyecto de ley par a moderar las subas de las tarifas.
Así lo hicieron Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Gerardo Morales (Jujuy), quienes se sumaron a planteos similares que ya habían realizado los peronistas Juan Schiaretti (Córdoba), Juan Manuel Urtubey (Salta), Juan Manzur (Tucumán) y Gustavo Bordet (Entre Ríos) y los gobernadores Hugo Passalacqua y Omar Gutiérrez (Neuquén).
"Todo lo que es el marco tarifario del país se discutió en audiencias públicas, tal como lo ordenó la Corte Suprema de la Nación. Hubieron audiencias de electricidad y gas, donde las generadoras, las distribuidoras, los usuarios y los Estados provinciales tuvimos la oportunidad de dejar expresada nuestra opinión", consideró Weretilneck.
El gobernador rionegrino consideró que luego de esas audiencias los gobernadores firmaron con la Nación el Pacto Fiscal, que tiene vigencia por "los próximos seis años", y agregó: "Además, se acaba de votar el presupuesto de la República, donde se fijaron las metas de déficit y las cuestiones tarifarias de este año".
"Todos sabíamos que íbamos a tener un aumento tarifario, que estaba reflejado en el presupuesto y que el IVA iba a quedar así hasta el 2022. No se puede cambiar todo esto ahora", dijo.
Por su parte, el radical mendocino Cornejo consideró a su vez que "el Congreso de la Nación no es el lugar para definir la política tarifaria" porque "el gobierno nacional es el que la tiene que fijar, porque además es el que la tiene que aplicar".
Su correligionario jujeño, Gerardo Morales, coincidió en que "la cuestión de las tarifas es un tema que deben resolver los Ejecutivos, porque ya existen marcos regulatorios y legales".
"No es un tema del Congreso ni de la Legislatura", puntualizó Morales, quien señaló que "los marcos regulatorios incluyen audiencias públicas, es decir con garantía de participación de la sociedad, a partir de la existencia de entes reguladores".
Con respecto a la postura de la oposición legislativa —que la semaña próxima ententará sacar una ley para moderar el tarizafo—, el gobernador de Jujuy hizo un pedido de "prudencia en momentos como los actuales, donde se discuten temas delicados" que hacen a la vida de todos los argentinos".