A partir de las 17.30, en la sede de Gobernación, Lifschitz entregará a los presidentes de los partidos políticos a nivel provincial el proyecto de necesidad de reforma de la Carta Magna, para someterlo a su evaluación. Y mañana, a las 18, hará lo propio con intendentes y presidentes comunales en la ciudad de Santa Fe.
Entre los principales puntos de la reforma a la Constitución se destaca la decisión del gobernador de incluir el ballottage y la provincialización de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), Aguas Santafesinas (Assa) y la Caja de Jubilaciones.
Además, como adelantó La Capital en su edición del domingo pasado, la iniciativa contempla la limitación de mandatos para todos los cargos electivos.
La idea es que sean ocho años para el gobernador, legisladores, presidentes de comuna e intendentes. Es decir: un período de cuatro años y la posibilidad de ser reelectos.
Entre otras modificaciones que podrían incorporarse a la Constitución figura el fin del actual sistema de composición de la Cámara de Diputados, que contempla que el ganador de los comicios se lleve 28 legisladores y los 22 restantes se completen por el sistema D'Hondt.
No obstante, en la Casa gris deslizaron que de ningún modo la propuesta oficial es inamovible. Por eso la decisión de Lifschitz de mostrarles el proyecto de necesidad a los partidos políticos antes del ingreso formal del mismo a la Legislatura.
Otro elemento que generará un antes y un después, si es que hay reforma constitucional, tiene que ver con las ciudades de Rosario y Santa Fe.
Es que el proyecto oficial establece la autonomía como principio. En el debate se sabrá si es solamente para las dos grandes ciudades de la provincia o hay otras metrópolis que se sumarán.
Asimismo, desaparecerá el umbral de 18 años para votar. La disminución de la edad para ejercer el derecho al sufragio será acorde a un standard nacional de ciudadanía.
La modificación de las edades también regirá para lo que refiere a la ocupación de cargos públicos. Además, el texto establece que se sube la edad exigida para que los jueces sean inamovibles.
De la elaboración del proyecto participaron distintos grupos que sintetizaron las propuestas del proceso denominado Bases para la Reforma, que coordinó el director de Reforma Política y Constitucional provincial, Oscar Blando.
En la vereda justicialista, el senador provincial Danilo Capitani reiteró ayer: "Siempre hemos sido reformistas. Creo que hay que aggiornar la Constitución a las nuevas realidades y problemas que la sociedad demanda".
De todos modos, dijo que sería un error "plantear la reforma en términos de la reelección" y que "ese fue el mensaje que se dejó desde el gobierno en todo momento, o por lo menos la mayoría de los santafesinos piensa sobre reformar la Carta Magna".
Lo cierto es que el PJ convocará a su congreso provincial (máximo órgano partidario) para definir si acepta o rechaza la reforma de la Constitución que promueve Lifschitz, según adelantó días atrás su presidente, Ricardo Olivera. Y dejó picando una advertencia: "Si la prioridad es la reelección del gobernador, me parece complicado que el peronismo pueda acompañarla".
Por su parte, el titular del PRO santafesino, el diputado provincial Federico Angelini, también fue prudente. "Acabamos de salir de un año electoral y en 2018 el eje debe estar en tratar de solucionar los problemas de los santafesinos", señaló.
Paralelamente, el diputado provincial Julián Galdeano, titular de la UCR santafesina, enfatizó: "Estoy a favor de la reelección del gobernador, pero no tenemos una decisión orgánica".
Lo cierto es que, de prosperar el debate, la reforma que impulsa el oficialismo podría consagrar con rango constitucional el Ministerio Público de la Acusación (MPA), autónomo e independiente. Lo propio ocurriría con el Consejo de la Magistratura para la selección de jueces, fiscales y defensores.
Además de incorporar varios capítulos referidos a la ampliación de derechos y garantías, el proyecto estipula la designación del jefe de la Policía de Santa Fe con acuerdo legislativo. Otra cuestión es la eliminación de la religión oficial, buscando garantizar desde el Estado igualdad religiosa y neutralidad.
El socialista está convencido de que "es el momento" de abrir el debate.