Ricardo Luján, exsubsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación, fue procesado por la Sala A de la Cámara Federal de Rosario, acusado del delito de enriquecimiento ilícito en el período comprendido entre 2006 y 2012.

Además, su esposa, Cleo Imhof, fue procesada como partícipe necesaria en la investigación. En la causa interviene la Fiscalía Federal Nº 2 de Santa Fe, a cargo de Walter Rodríguez.

Luján formó parte de la subsecretaría en las presidencias de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández. Durante su gestión como subsecretario estuvo bajo el ala política del entonces ministro de Infraestructura, Julio De Vido, y del otrora secretario de Transporte, Ricardo Jaime, ambos investigados por corrupción.

El santafesino se encargaba de auditar y controlar la concesión de la hidrovía. La causa por la que se procesó a Luján había comenzado a fines de 2016.

El exfuncionario de Puertos y Vías Navegables de la Nación fue investigado por enriquecimiento ilícito y por haber usurpado títulos durante su mandato.

Cuando el fiscal Rodríguez tomó la dirección de la investigación, dispuso varias medidas y formuló el requerimiento de justificación.

Tanto Luján como Imhof debieron precisar de dónde provenían los fondos utilizados para costear sus gastos (viajes, compra de divisas y pagos de deudas e imposiciones tributarias), como también el origen de las acreditaciones en cuentas bancarias, en el período comprendido entre su ingreso al gobierno, en 2006, y su salida, en 2014.

Luego intervino en la causa la Dirección Provincial de Investigación Patrimonial (Ministerio de Seguridad de Santa Fe) y, en pos de acceder a informes patrimoniales, la fiscalía solicitó la citación a indagatoria de la pareja.

A ambos los imputaron por haber incrementado injustificadamente y de modo notoria su patrimonio durante los años investigados.

Luego, el juez interviniente decretó la falta de mérito de ambos acusados, basándose en la diferencia que arrojó el informe pericial con el monto original imputado.

La fiscalía apeló esa resolución al considerar que se omitió valorar el informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos en el que donde constan varias maniobras ficticias destinadas a simular el desprendimiento de un bien de considerable valor.

Pero la defensa de ambos acusados apeló esa resolución al estimar que había sido estructurada por “resoluciones y actuaciones dispuestas por el fiscal excedidas del período de investigación fijado”.

Acerca de la decisión de la Cámara, al resolver la cuestión, los jueces Fernando Lorenzo Barbará y Aníbal Pineda no hicieron lugar al planteo de la defensa y confirmaron los procesamientos.

Para los jueces, existe en el caso “una serie de indicios que, valorados en su conjunto, permitirían arribar a la probabilidad necesaria para dictar el procesamiento de los imputados”.