Grupos piqueteros volvieron ayer a exigir el enjuiciamiento de los "responsables políticos" de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, y denunciaron que a seis años de la Masacre de Avellaneda "continúa la política de encubrimiento y represión" gubernamental.

El recuerdo de los militantes muertos durante una represión policial se realizó en medio del puente Pueyrredón, donde al promediar la mañana se vivieron momentos de tensión cuando efectivos de la Guardia de Infantería con carros hidrantes intentaron impedir que los manifestantes cortaran esa vía de conexión entre la Capital y el sur del Conurbano bonaerense.

Alberto Santillán, padre del piquetero asesinado, leyó un documento consensuado por 30 organizaciones sociales, en cuyo texto denunciaron la "continuidad del aparato de encubrimiento" gubernamental que impide llevar a juicio a los "responsables políticos" de la masacre.

"Hay que acabar con el aparato de represión que fusiló a Darío y a Maxi, y que Néstor (Kirchner) y Cristina (Fernández) preservan", aseveró ante numerosos militantes piqueteros que ocuparon el puente y la bajada hacia la avenida Pavón, en Avellaneda.

Tras denunciar que se "sigue recurriendo a detenciones ilegales y al uso de patotas de la burocracia sindical", alertó que el gobierno kirchnerista "insiste en preservar el aparato represivo que desde 1983 provocó la muerte de 51 manifestantes sociales y que, durante su gestión, ya registra 847 casos de gatillo fácil".

"Desde este histórico puente le decimos que vamos a seguir peleando, vamos a seguir la lucha de Darío y Maxi, que es nuestra lucha, porque la sangre derramada no se olvida, no se negocia, no se perdona", advirtieron los grupos piqueteros en su documento.