Mientras Jujuy continuaba paralizada por las movilizaciones y cortes de ruta, el presidente Alberto Fernández le pidió al gobernador Gerardo Morales que “no utilice al pueblo” de esa provincia como “banco de prueba de represión y saqueo que determinados sectores políticos pretenden llevar adelante”. Y anunció que instruyó al Ministerio de Justicia nacional para que “analice y, eventualmente, promueva las acciones de inconstitucionalidad de los artículos de la reforma” de la Carta Magna en el distrito norteño.

El presidente instó a Morales “de forma definitiva” a “cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos”, al advertir: “Es nuestro pueblo y es el mundo los que le exigen que se termine la violencia estatal” en esa provincia.

Desde la Sala de Conferencias de la Casa Rosada, Fernández anunció que dio instrucciones al Ministerio de Justicia para que “analice y, eventualmente, promueva las acciones de inconstitucionalidad de los artículos de la reforma” de la Carta Magna de Jujuy que “violan la Constitución Nacional y los tratados internacionales”.

También pidió a Morales que “no utilice al pueblo” de esa provincia como “banco de prueba de represión y saqueo que determinados sectores políticos pretenden llevar adelante”, y afirmó que esa administración contará con el “apoyo” del Gobierno nacional si se decide a promover un diálogo.

Fernández reiteró el pedido para que el mandatario jujeño “convoque a las comunidades indígenas y a todos los actores sociales a encontrar caminos de diálogo para superar el conflicto que ha provocado con acciones antidemocráticas”.

“Cuenta conmigo personalmente y con apoyo del gobierno nacional”, subrayó Fernández.

Resaltó que “los hechos de represión y violencia estatal ocurridos en Jujuy son inadmisibles en nuestra vida democrática”, a tal punto que “ha provocado la alerta y la condena de los organismos internacionales defensores de los derechos humanos.

En ese sentido, citó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina Regional para América del Sur de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que “se han pronunciado de forma clara y contundente llamando de manera inmediata al cese de la violencia estatal y a garantizar la vigencia de los derechos humanos en la provincia de Jujuy”.

“Respetamos el federalismo y la autonomía de las provincias, pero de no cesar los hechos de represión iniciaré las acciones judiciales y legislativas necesarias para garantizar los derechos humanos en Jujuy”, alertó.

“Hemos enviado a Jujuy funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos, la Agencia de Asuntos Indígenas y la Agencia Nacional de Discapacidad”, indicó.

Y refirió que el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, “estuvo en Jujuy desde el primer momento, volvió a Buenos Aires a informarme sobre la crítica situación y por mi instrucción ya ha regresado a la provincia para acompañar a las comunidades y conocer de cerca el acontecer de los hechos”.

En tanto, una multitud de trabajadores de distintos gremios, organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos recorrieron las calles de la San Salvador en la denominada marcha de las antorchas, reclamando la libertad de los detenidos, el cese de la represión y la derogación de la recientemente reformada Constitución provincial.

Morales redobló la apuesta y ayer oficializó, a través de la publicación en el Boletín Oficial, la puesta en vigencia de la reforma parcial de la Constitución de Jujuy, aprobada y jurada el martes pasado en medio de una violenta represión a manifestantes.

La Carta Magna parcialmente reformada y publicada en las primeras horas de la tarde entra en vigencia luego de ser sancionada por los convencionales constituyentes del Frente Cambia Jujuy y sus pares del Frente Justicialista.

Mentiras groseras

Asimismo, Morales cruzó a Fernández, quien dejó en claro que irá a la Justicia por la inconstitucionalidad de la reforma. “Sus mentiras son groseras”, acusó.

“Usted y @CFKArgentina (Cristina Kirchner) dicen que en Jujuy negamos el derecho a la protesta. ¿Saben leer? Los invito a que lean el artículo 32, vigente desde 1986, y el nuevo artículo 67, que aprobó la Convención Constituyente”, argumentó Morales en su cuenta de Twitter.

En esa línea, agregó: “Nadie que se manifieste y proteste pacíficamente está en problemas en Jujuy. Sólo los violentos y los delincuentes se tienen que preocupar. El pueblo jujeño le dijo basta a la violencia en 2015”.

“¿O acaso ustedes se olvidan de cuando Milagro Sala quemó la Casa de Gobierno y el salón donde resguardamos la Bandera Nacional de la Libertad Civil que nos legó el general Manuel Belgrano? Los jujeños no”, continuó Morales.

“Señor feudal”  

Por otra parte, vicegobernadores de trece provincias expresaron su repudio “a la brutal represión” en Jujuy, ordenada por Morales ante la protesta por la reforma constitucional de ese distrito. Y consideraron que se trata de “una demostración de su vocación de señor feudal”.

En un texto titulado “Políticas como las de Morales en Jujuy sólo pueden aplicarse con represión y cancelaciones”, las y los vicegobernadores repudiaron “la brutal represión, ordenada por el gobernador radical.

La jornada de movilizaciones del martes, que terminó en graves incidentes, dejó medio centenar de heridos, uno de gravedad, y al menos 50 detenidos.

Tras lo ocurrido, el gobierno jujeño decretó asueto administrativo y escolar para ayer, ya que varias instituciones se vieron vandalizadas.

“Se hizo para pacificar las cosas porque por donde pasó esta gente, rompieron todo”, aseguró el vicegobernador Alberto Bernis.

Desde el martes, y tras el conocimiento de la nueva marcha, la Casa de Gobierno fue vallada y cientos de policías se centraron para impedir incidentes dentro del edificio, contrario a lo que ocurrió en la Legislatura, donde tres salas fueron incendiadas después de la reforma.

Paralelamente, en la Capital Federal y en varias ciudades del interior del país también se realizaron marchas de protesta por parte de diversos gremios y sindicatos en repudio de los hechos ocurridos en la provincia del norte.