En una nueva y extensa sesión de la Comisión de Juicio Político en Diputados, siete testigos fueron consultados sobre detalles en la relación del gobierno del entonces presidente Mauricio Macri y miembros de la Corte Suprema, en especial, los dos cortesanos que accedieron al máximo tribunal con el gobierno de Cambiemos, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. Así como Elena Highton de Nolasco, clave en fallo conocido como el “2x1” (que posibilitaba la libertad anticipada de condenados por juicios de lesa humanidad). La sorpresiva decisión de tres de los cinco supremos de entonces desató una crisis política que terminó por revertir ese fallo, y una nueva ley del Congreso luego restituyó el criterio que venía prevaleciendo desde 2004.
Durante más de siete horas, desfilaron por el segundo piso del anexo de Diputados Estela de Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo), Germán Garavano (ex ministro de Justicia del anterior gobierno), y los periodistas Silvana Boschi, Irina Hauser, Luciana Bertoia, Ignacio Miri y Martín Granovsky.
El oficialismo buscó probar con los testimonios la influencia del Ejecutivo nacional de entonces con los cortesanos para inducir el fallo del “2x1”, que de todos modos luego fue revertido por grandes movilizaciones callejeras y una ley específica que le cerró el camino.
El testimonio más esperado lo ofreció el ex ministro Garavano. Los diputados oficialistas hicieron eje en el recordado fallo “Luis Muiña”, un represor condenado que fue beneficiado en 2017 por la Corte Suprema, con una resolución que le acortaba la pena, y le permitía la libertad. El viraje conceptual de la Corte (alcanzar a los condenados por lesa humanidad con el beneficio del acortamiento de la pena) tuvo su punto sensible en el cambio de criterio de Elena Highton, que a pocos días de conseguir un fallo favorable para continuar en la Corte aun luego de cumplir 75 años – la Constitución prevé esa edad como tope para permanecer activo en el poder judicial-, acompañó con su firma el fallo “Muiño” a los recién llegados Rosenkrantz y Rosatti, constituyendo mayoría de tres sobre cinco miembros.
La tesis que trató de probar el elenco del FdT es que la última mujer que integró el máximo tribunal “pagó” el favor de su permanencia en el tribunal luego de los 75 años, concediéndole al Ejecutivo nacional la pretensión de aliviar las penas de los represores con el criterio del “2x1”. Para eso repasó una larga trayectoria de vinculo personal entre Garavano y Highton, desde mucho antes incluso que pase a integrar la Corte.
Si bien Garavano no negó el vínculo con la ahora renunciada (desde 2021) última mujer en la Corte, afirmó: “nunca hablé con la doctora Highton del caso Muiña, en general no hablé de ningún caso”. Según él, en las “pocas charlas” que tuvo con la jueza solo abordaron temas acerca de “cómo mejorar el sistema de justicia”.
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Germán Garavano, ex ministro de Justicia del gobierno de Macri, brindó su testimonio en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.
El detalle que más compromete a Garavano, por su accionar como ministro de entonces, se da por la sospecha sobre una influencia en el voto de la ex jueza Elena Highton de Nolasco, a partir de que durante la gestión de Mauricio Macri no se apeló un amparo de la magistrada (pidiendo seguir a pesar de la edad) y pudo continuar en la Corte a pesar de haber cumplido 75 años, el límite establecido por la Constitución.
Siempre según el ex ministro macrista, “la Ley 24.390 (2x1) no correspondía en el fallo Muiña, así como no corresponde en delitos donde hubo violaciones o asesinatos. Es una norma que yo critiqué siempre. Por eso me duele más esta situación”, abundó.
Las preguntas a los testigos fueron motorizadas casi en su totalidad por diputados oficialistas: Leopoldo Moreau, y Rodolfo Tahilade, que impulsó los momentos de mayor controversia con el ex ministro de Macri. Aunque el rosarino Germán Martínez (FdT) también puso en aprietos a Garavano cuando indagó sobre el rol del asesor de Macri, Fabián “Pepin” Rodríguez Simón, de reconocida actuación en la conformación de la nueva Corte de Macri en 2016. El propio ex presidente declaró que “Pepin” le propuso el nombramiento por decreto de los dos nuevos miembros, que de todos modos luego obtuvieron la aprobación legal del Senado, tal cual establece la Constitución.
Rodríguez Simón, en la actualidad, se encuentra prófugo de la justicia, y reside en Uruguay.
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Estela de Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo, fue una de las personas que desfilaron por el segundo piso del anexo de Diputados para dar su testimonio en el juicio a la Corte.
En una pausa de la sesión de la comisión de juicio político, Martínez sostuvo en diálogo con La Capital que “Garavano debería explicar su relación con la fiscal Daniela Dupuy, su continuadora en una ONG creada por él, y la relación con el escándalo de las filtraciones de Lago Escondido, que produjo la salida del ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro”.
Otro diputado de Santa Fe, Marcos Cleri (FdT), mantuvo presencia permanente durante la jornada en el Congreso a diferencia de los representantes de la oposición que no participaron de la sesión informativa.
Los cinco periodistas destacados que testimoniaron, lo hicieron en general para ratificar sus escritos de entonces (2017), donde informan – según sus propias fuentes-, que hubo connivencia entre el gobierno de Macri y al menos un sector de la Corte Suprema, tanto para mantener a Highton en el tribunal luego de los 75 años, como para intentar aliviar las penas a genocidas. Un plan que finalmente fracasó. El próximo martes 18, se espera una nueva reunión de la Comisión de Juicio político con más testigos.