La portavoz Gabriela Cerruti afirmó ayer que el presidente Alberto Fernández pretende que “los tiempos sean lo más breves posibles” en relación al trámite del pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia que impulsa junto a un grupo de mandatarios provinciales y confirmó que el Ejecutivo convocará a sesiones extraordinarias del Congreso con ese punto en el temario para “la segunda quincena de enero”.

  “El presidente quiere que los tiempos sean lo más breves posibles”, indicó Cerruti en su habitual conferencia de prensa de los jueves en la Casa Rosada, en la que, además, subrayó que “la mayoría de los mandatarios” provinciales acompañan esta iniciativa enviada al Congreso.

  Por otro lado, la funcionaria remarcó que “la necesidad pasa, ahora, por juntar voluntades” en la Cámara de Diputados para avanzar con este proceso de juicio político al presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, y los demás ministros, que requiere del apoyo de una mayoría especial de los dos tercios de los presentes en el cuerpo para que prospere.

  “El presidente y los gobernadores tomaron una decisión histórica que es pedir el juicio político a la Corte Suprema de Justicia y tiene que ver con la gravedad de la situación que estamos atravesando, donde la Corte interviene sobre el accionar de los otros poderes violando claramente la Constitución”, remarcó al ser consultada sobre el tema en la conferencia de prensa.

  Además, explicó que el pedido “se basa sobre todo en dos cuestiones en las cuales claramente la Corte, rompiendo la división de poderes, interviene sobre el Poder Legislativo”, en referencia a la actuación del máximo tribunal en relación al Consejo de la Magistratura y al reclamo de la ciudad de Buenos Aires por los fondos de la coparticipación.

  En lo que atañe al Consejo de la Magistratura, Cerruti recordó el fallo con el que el máximo tribunal “decidió poner en vigencia una ley que estaba derogada, en un hecho insólito”, en referencia a la composición y el funcionamiento del cuerpo.

  En tanto, por otro lado, hizo alusión a la medida cautelar con la que recientemente estableció un incremento en el porcentaje de fondos de coparticipación federal que debe recibir la ciudad de Buenos Aires, con la que —sostuvo Cerruti— la Corte “violó la división de poderes”.

  “Se trata de una cuestión que debe resolverse en el Congreso de la Nación o el Poder Ejecutivo porque es algo que involucra a todas las provincias”, insistió la portavoz.

  La funcionaria remarcó que el juicio político “tiene que ser muy claro y muy certero en mostrar la responsabilidad del titular de la Corte, Horacio Rosatti, quien se autoproclamó presidente del Consejo de la Magistratura”.

  Por otro lado, Cerruti anticipó que la “semana que viene saldrá la convocatoria” del Poder Ejecutivo para sesiones extraordinarias en el Congreso para la “segunda quincena de enero”.

  “Los temas son obviamente el juicio político y otros temas que son económicos y se están terminando de definir”, completó.

  A su vez, consignó que el miércoles el presidente Fernández le entregó a las autoridades de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados y la jefatura del bloque oficialista en el cuerpo el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte, acordado con mandatarios provinciales.

  Por su parte, el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos (FdT), Germán Martínez, aseguró que la voluntad política del oficialismo es que exista “un debate de fondo y de cara a la sociedad” durante el juicio político a la Corte Suprema de Justicia.

  “Tanto el presidente como los gobernadores nos pidieron que diéramos un pronto trámite, que empecemos a trabajar en este sentido. Nosotros queremos ir en esa línea. Están dadas las condiciones para un debate de fondo y espero que sea con argumentos, con fundamentos, sin chicanas. Que haya una discusión seria y con calidad institucional. No hay que esconderse ni tirar la pelota afuera de la cancha”, señaló Martínez.

  Cerruti explicó además que el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, había anticipado “su apoyo” al pedido de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia presentado por el presidente Alberto Fernández, sin embargo el mandatario provincial “cambió su posición” posteriormente.

  “El gobernador Bordet participó de la reunión (del martes último) y anticipó su apoyo al pedido de juicio político, motivo por el cual fue incluido en el comunicado. Luego se arrepintió y cambió su posición. La mayoría de los gobernadores comparte la preocupación por el accionar de la Corte”, aseguró Cerruti.

  En tanto, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, José Luis Gioja, manifestó su “preocupación” ante la decisión del gobernador de San Juan, Sergio Uñac, de no acompañar la firma del pedido de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y estimó que podría haber “un interés personal” en esa postura del mandatario cuyano.

Senadores de JxC

El interbloque de senadores nacionales de Juntos por el Cambio sostuvo ayer que el pedido de juicio político a la Corte Suprema que impulsa el presidente Alberto Fernández y un grupo de gobernadores oficialistas es “infame” y apunta a “horadar la independencia de la Justicia”.

  En un comunicado oficial, el interbloque presidido por Alfredo Cornejo adelantó que “ningún acuerdo será posible en el Congreso de la Nación si antes no se respeta, en los hechos, la plena vigencia de la Constitución Nacional”.

  El jefe del Estado firmó junto a diez mandatarios provinciales un documento en el que anuncian que procederán a iniciar juicio político contra el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el resto de los magistrados del supremo tribunal por mal desempeño en sus funciones.

  Fundan la iniciativa en una serie de acciones presuntamente ilícitas perpetradas por la Corte que atacarían la división de poderes, avasallando las competencias del Poder Legislativo.

  Fundamentalmente le cuestionan al máximo tribunal dos hechos, que quedaron aún más en evidencia con la filtración de chats comprometedores que tienen como protagonista a Silvio Robles, el vocero de Rosatti: la injerencia en la elección de los integrantes del Consejo de la Magistratura por el Poder Legislativo, favoreciendo a Juntos por el Cambio en detrimento del Frente de Todos; y la decisión “arbitraria” de beneficiar al Gobierno porteño en el conflicto por el reparto de la coparticipación federal, perjudicando a las provincias.

  “Mediante la utilización de supuestos chats robados por medio de espionaje ilegal, distintos funcionarios del oficialismo, encabezados una vez más por el presidente de la Nación, pretenden utilizarlos como ciertos y válidos para atacar periodistas y dirigentes de la oposición”, lamentaron los senadores opositores.

  Para el interbloque de Juntos por el Cambio, la solicitud de juicio político es “un nuevo hecho destinado a intentar horadar la independencia del Poder Judicial de la Nación presionando a los miembros de la CSJN y demás funcionarios y magistrados”.