Se concretó en la Cámara de Diputados la segunda jornada por el tratamiento del juicio político a los miembros de la Corte Suprema. Durante unas cuatro horas, legisladores oficialistas y de la Coalición Cívica (CC) expusieron las razones por la cual impulsan los numerosos proyectos (14) que se acumulan contra los cuatro magistrados o, según lo casos, contra uno o más integrantes del máximo tribunal.
Además de las exposiciones de los diputados, se distinguieron los testimonios de representantes de organismos defensores de los derechos humanos, en especial el de la santafesina Patricia Isasa, sobreviviente de los centros clandestinos de detención de la dictadura militar y víctima directa del represor condenado Eduardo Curro Ramos.
Isasa detalló numerosas circunstancias de la década del 90 en la ciudad de Santa Fe, donde el por entonces intendente Horacio Rosatti (hoy presidente de la Corte) mantuvo como empleado del municipio a Ramos, sostuvo su confianza, incluso cuando muchas fue veces advertido sobre su pasado durante los años de la dictadura.
Luego, Ramos fue juzgado y condenado por numerosos delitos de lesa humanidad. Los hechos y dichos ventilados por Isasa son conocidos, aunque no muy difundidos, y tomaron otra relevancia en el marco del juicio histórico que intenta impulsar el bloque del Frente de Todos (FdT) en el Congreso.
Otro impulso a la propuesta oficialista, durante el segundo encuentro de la comisión de Juicio Político hizo las veces de parte acusadora, fue el de la histórica referente Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Con sus 92 años, manifestó: “Es una buena idea iniciar este proceso, es oportuno. No solo es admisible sino que llega muy tarde. Estos jueces hicieron mucho daño ya. Si tuvieran un mínimo de dignidad, estarían renunciando”.
El autor del proyecto impulsado por el presidente Alberto Fernández y once gobernadores, el diputado Eduardo Valdés, dijo que los magistrados cometieron “actos de mal desempeño que fueron realizados contra el federalismo, contra los derechos humanos, contra la política tributaria y contra las competencias del propio Congreso”.
De ese modo, aludió a las causales sobre irregularidades en la obra social del Poder Judicial y los fallos del 2x1, sobre la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires y respecto del Consejo de la Magistratura.
https://twitter.com/DiputadosAR/status/1621264391537655809
Para Valdés, Rosatti dictó resoluciones “contra la ley de presupuesto, violó la ley de ética pública y cometió los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias y prevaricato”. Y abundó que “el juicio político es la única herramienta que la Constitución le otorga al Congreso en el caso de mal desempeño de funciones de los jueces de la Corte”.
Si bien Juntos por el Cambio (JxC) rechazó de plano el intento oficialista, uno de sus partidos integrantes, la Coalición Cívica, defendió su proyecto de juicio político _presentando hace unos años_ contra Ricardo Lorenzetti, entonces presidente de la Corte. La diputada Paula Oliveto enumeró y detalló las acusaciones.
Con todo, la CC se diferencia del oficialismo y va sólo contra Lorenzetti, a la vez que arguye un presunto “patrimonio oscuro” del rafaelino,como también relaciones inexplicables con el mundo empresario de la medicina. “La diferencia con el FdT es que el peronismo se mete con las sentencias de los jueces y nosotros no”, sostuvo Oliveto. El PJ rechazó, a su turno, esa valoración.
Oliveto recordó que el primer pedido de juicio político, presentado por Elisa Carrió, se dio durante el propio gobierno de Cambiemos y no fue acompañado por Mauricio Macri y Germán Garavano, ministro de Justicia en ese momento.
De Lorenzetti, dijo: “Se convirtió en un hombre muy poderoso, muy temido, con una influencia insospechada, no solo dentro del tribunal sino también afuera. Manejó a su arbitrio durante tantísimos años el Poder Judicial”.
Luego precisó 29 hechos que se le imputan, a partir de tres ejes que tienen que ver con “el mal desempeño en el ejercicio de las funciones y eventual comisión de delitos por articular una matriz de negocios dentro del ámbito de las competencias, una evidente falta de transparencia en su gestión al frente de la Corte y por cooptar estructuras del Consejo de la Magistratura para la concentración del poder y el manejo de los fondos de la Justicia”.
En tanto, el presidente de la CC, Juan Manuel López, aclaró: “Las diferencias con el FdT son enormes. Vamos a sostener el pedido contra Lorenzetti, pero no vamos a ir contra una Corte entera para presionarla”.
El jueves próximo tendrá lugar la tercera jornada de la comisión. De allí surgirá la primera gran diferencia entre oficialistas y opositores. Juntos por el Cambio pretende que se vote la admisibilidad del proceso “tema por tema y caso por caso”, pero no lo ayuda el reglamento. El FdT, que tiene una mayoría ajustadísima, terminará aplicando el reglamento y votando la admisibilidad en bloque.