Política

Juego ilegal: la defensa de Traferri cuestionó con dureza el rol de los fiscales

"Son funcionales a intereses ajenos a su labor con el objetivo de dirimir cuestiones políticas", subrayaron los abogados del senador del PJ

Jueves 23 de Septiembre de 2021

Confirmada la existencia (a través de una filtración de información) de un preacuerdo entre el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la defensa del empresario Leonardo Peiti, detenido en la megacausa del juego ilegal, para que éste se convierta en imputado colaborador, los asesores legales del senador provincial del PJ Armando Traferri —bajo sospecha en el caso— cuestionaron con dureza el rol de los fiscales intervinientes.

Oscar Romera y Juan Ignacio Murray, asesores legales de Traferri, a quien los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery quieren imputar como organizador de una asociación ilícita (pero no lograron su desafuero), advirtieron sobre el riesgo de generar un “conflicto procesal” por la utilización errónea de la figura de imputado colaborador.

Pero también enfatizaron: “Los que dejan trascender esa confidencialidad son los que se comprometieron con la misma. Los únicos que pudieron haber filtrado esto pertenecen al ámbito judicial. Descarto que sea la defensa de Peiti, porque no le conviene”.

Para los letrados, la filtración responde a “la matriz con la que se viene manejando el caso, que tiene un eje jurídico pero otro mediático en el que los fiscales pueden dar más fuerza a sus planteos”. Y destacó: “Se busca siempre generar un impacto por sobre lo jurídico, aunque no se puede vivir de la ficción tanto tiempo”.

En ese sentido, el abogado resaltó: “La figura del imputado colaborador o arrepentido no está legislada. Entonces, no sería ajustado a Derecho aplicarla como lo hacen los fiscales”.

Peiti aportó los nombres de cuatro senadores, incluido Traferri, como los que supuestamente recibieron dinero de su parte para campañas electorales, durante una audiencia realizada el 10 de septiembre pasado ante la jueza Eleonora Verón, los fiscales de las tres jurisdicciones en las que el empresario está acusado y su defensa.

Escenario

De homologarse el acuerdo, la pena de Peiti se reduciría a la mitad (tres años de prisión) y debería pagar una multa —inédita en la Justicia— de 536.000 dólares.

Sin embargo, Romera y Murray señalaron que los jueces podrían llegar al prevaricato ya que “la figura del imputado colaborador está prevista en una ley nacional y requiere la adhesión de la provincia”.

En esa línea, destacaron que se trata de “un desaguisado judicial en el que los fiscales son funcionales a intereses ajenos a su labor con el objetivo de dirimir cuestiones políticas en un ámbito distinto”.

“Los fiscales utilizaron un instrumento que no está previsto en la ley y únicamente en esta causa, lo que llama poderosamente la atención”, subrayó Romera.

Respecto del rol desempeñado por Edery y Schiappa Pietra, el letrado sostuvo que, “hasta el momento, utilizaron declaraciones de personas privadas de la libertad”.

“Incluso, para poder acceder a la libertad o a mejores condiciones de detención, les piden a cambio que imputen a alguien. Eso refleja por qué la figura del arrepentido no es implementada en la mayoría de las provincias. Recordemos que se usó en la causa de los cuadernos, pero actualmente se discute su validez constitucional”, añadió.

Al profundizar sobre la teoría de una presunta persecución política contra su defendido, Romera ejemplificó con la segunda declaración del arrepentido y ya condenado —en proceso abreviado— ex fiscal Gustavo Ponce Asahad.

“Ni siquiera puedo afirmar que la centralidad de esa audiencia estuvo en Traferri. Ponce Asahad dijo que tres abogados de Peiti fueron a Melincué y a Venado Tuerto a llevar dinero, que le iban a entregar supuestamente a un juez. Es grave, pero no hay ningún magistrado imputado en esa causa”, indicó el abogado.

Pero Romera fue más allá: “Lo más grave que dijo Ponce Asahad en la audiencia de julio (asumiendo su rol de imputado colaborador) es que intervino en esa gestión un actual ministro de la provincia, Jorge Lagna —Seguridad—. ¿Se originó una investigación? No”.

“Entonces, si tomamos solamente como válido lo que Ponce Asahad dice sobre Traferri, hay una selectividad intencionada y se pierde la línea de la objetividad. Los fiscales incurren en una falta funcional”, prosiguió.

Según los letrados, la causa “está manchada por muchas cosas, es a prueba y error, y constituye una vergüenza institucional que deja a la vista los agujeros de un sistema penal todavía en rodaje y evidencia cómo puede actuar un fiscal al borde de la ilegalidad, sin control institucional serio”.

Al respecto, Romera aludió a una “puja de poderes que se traslada a la Justicia, pero en realidad lo que existe es un problema de otros sectores del poder con Traferri”.

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