Magistrados penales de la provincia de Santa Fe, nucleados en el Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia, presentaron un escrito ante la Corte Suprema de Justicia manifestando su “inquietud con cuestiones vinculadas al funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación (MPA)”. Puntualmente, la misiva, que tiene fecha del 30 de diciembre pasado pero que tomó estado público recientemente, habla de “la relación del Ministerio Público con los medios de comunicación” y cuestiona la “falta de reglamentación específica que dificulta la publicidad de las investigaciones y procesos”.

En rigor, los magistrados penales cuestionan el modo en que los fiscales presentan los casos ante los medios de comunicación. Los jueces, según comentan extraoficialmente, consideran que funcionarios del MPA realizan “especulaciones acerca del manejo en la información” y presentan sus acusaciones de manera tal que la opinión pública confunde su rol con el de los jueces, lo que termina atentando contra un “eficiente servicio de justicia”.

En la nota, los magistrados penales proponen una “reglamentación de la Acusación que permita una comunicación a todos los medios a fin de asegurar la igualdad en el acceso a la investigación”, lo que esperan contribuya “al principio democrático de acceso a la información por igual, descartándose”.

Al respecto, citan como antecedente el "Proyecto de Principios, reglas y buenas prácticas sobre las relaciones entre los poderes judiciales y los medios de comunicación de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial”, que permita plasmar “el acceso a la información en forma democrática, la discreción, prudencia y objetividad en la información que se vierte para no afectar derechos de ciudadanos”.

En su escrito, los magistrados dejan sentado que “lo expuesto de manera alguna es una crítica a la labor de los fiscales”, sino que la propuesta de “la regulación constituye un reaseguro más al derecho constitucional de informar e informamos”. Y finalizan destacando que la propuesta no es “una manera de inmiscuirse sobre el funcionamiento de un poder independiente sino que, muy por el contrario, la única finalidad es propender a un mejor y más eficiente servicio de justicia”.

Mientras tanto, los ministros de la Corte Suprema de la Justicia se encuentran analizando lo planteado por la nota de los jueces penales y evaluando alternativas para responder al requerimiento.