Política

Juárez, primer gobernador preso por crímenes de lesa humanidad

La justicia federal  de Santiago del Estero ordenó la prisión preventiva y embargo de  bienes por más de cuatro millones de pesos del ex gobernador  Carlos Juárez, en el marco de la megacausa en la que se investiga  la desaparición de personas durante un gobierno constitucional.

Sábado 05 de Enero de 2008

Santiago del Estero- La justicia federal  de Santiago del Estero ordenó la prisión preventiva y embargo de  bienes por más de cuatro millones de pesos del ex gobernador  Carlos Juárez, en el marco de la megacausa en la que se investiga  la desaparición de personas durante un gobierno constitucional.

En la resolución judicial, el juez Guillermo Molinari dictó el  procesamiento y prisión preventiva del veterano caudillo peronista  de 91 años, al igual que varios ex jefes policiales, entre ellos  Antonio Musa Azar, actualmente sometido a juicio oral por el  denominado doble crimen de La Dársena.

Asimismo, el magistrado ordenó el embargó por 4.200.000 a los  bienes de Juárez, en una medida que no tiene antecedentes contra  un gobernador por delitos de lesa humanidad en un gobierno  constitucional.

Las investigaciones fueron impulsadas desde la Secretaría de  Derechos Humanos de la Nación, relacionada con la desaparición de  personas durante el tercer gobierno constitucional de Juárez.

Se trata de la causa en la que Juárez, está acusado por los  delitos de “autor intelectual de apremios y torturas” y de “jefe  de asociación ilícita” en la desaparición de 30 personas durante  el gobierno constitucional entre 1973/75.

La acusación a Juárez surgió cuando el ex fiscal federal  Alberto Pravia, en un dictámen de más de 30 fojas, denunció  “torturas y apremios ilegales” aplicados a ciudadanos considerados  opositores al gobierno provincial.

Ante el revés judicial, los abogados defensores de Juárez,  encabezados por el ex candidato a gobernador por el PJ, Francisco  Cavallotti, anunciaron hoy que apelarán la medida y presentarán  una denuncia contra el juez federal Molinari.

En la actualidad, Juárez y su esposa, la también ex  gobernadora Mercedes “Nina” Aragonés, destituida por la  intervención federal de Pablo Lanusse (2004), viven en su  residencia “La Rosita”, ubicada a pocas cuadras de la plaza  principal de la capital santiagueña.

Por otra parte, también se ordenó el procesamiento del ex jefe  de Inteligencia santiagueño, Musa Azar, quien negó haber  participado en torturas y desapariciones de detenidos antes y  durante la última dictadura militar, aunque los archivos  entregados a la justicia federal determinan lo contrario.

En la única indagatoria en la que Musa Azar accedió a  declarar, dijo “no conocer” a las personas desaparecidas o presos  políticos que denunciaron torturas durante la década del '70 y en  la etapa final de la tercera gestión de Juárez.

En la misma causa, también se encuentran procesados por los  delitos de “privación ilegítima de la libertad, torturas y  homicidio calificado”, los ex comisarios Ramiro López, Juan Felipe  Bustamante, Jorge D`Amico, Cayetano José Fiorini, Tomás Garby y  Leopoldo Sánchez.

Inicialmente, el ex juez Angel Toledo, que renunció al cargo y  se acogió a los beneficios de una jubilaciópn para evitar un  juicio político, había ordenado una serie de procedimientos.

Entre ellos, la exhumación de los restos de Consolación  Carrizo, una de  las víctimas enterradas en un cementerio de  Arraga, que murió en extrañas circunstancias, tras su detención en  la Side santiagueña.

Asimismo, un centenar de familiares de víctimas de delitos de  lesa humanidad, comparecieron en el Juzgado Federal de Santiago  del Estero para permitir la extracción de sangre para un banco de  datos de ADN.

Los exámenes serán comparados con los restos humanos que se  sospecha serán encontrados en los cementerios clandestinos de las  localidades santiagueñas de Sumamao, Arraga, Pozo Hondo e Isla  Verde, trámite que tampoco fue ordenado por Toledo.

Las excavaciones e inspecciones oculares también debían  extenderse hasta los cerros de Guasayán, a 80 kilómetros al oeste  de la capital santiagueña, en el que se presume los desaparecidos  eran arrojados de helicópteros, trámite que también sigue sin  cumplirse.  (Télam)

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