Jimena de la Torre, integrante del Consejo de la Magistratura, actuará en los próximos días como acusadora en el jury al juez federal de Rosario Gastón Salmain, por mal desempeño de sus funciones. Al magistrado, apartado de su puesto mientras dure el proceso de remoción, le endilgan el supuesto dictado de resoluciones a cambio de coimas y el presunto ocultamiento, al momento de concursar para acceder al cargo, de que había sido expulsado del Poder Judicial hace más de dos décadas.

En ese sentido, De la Torre profundiza en la necesidad de reformar el proceso de selección de magistrados para garantizar que los nombramientos se basen en la transparencia y el mérito, evitando -de ese modo- la influencia de la “familia judicial” o vínculos políticos discrecionales.

La abogada también aborda la complejidad de los pliegos de designación y destaca la importancia de recuperar la confianza en las instituciones judiciales. “Hay que avanzar en un nuevo proceso de selección de magistrados, se lo debemos a la sociedad”, asegura a La Capital.

La entrevista a Jimena de la Torre

¿Cuándo se activará el jury a Salmain?

Primero hay que integrar un jurado "ad hoc" (con un fin puntual y temporal) y designar a los representantes del Legislativo, de los magistrados, de los abogados. Éstos tendrán que aceptar el cargo y luego jurar, un proceso que seguramente llevará unos 20 días, un mes. Mientras tanto, empezó a correr un plazo de 180 días para llegar a la sentencia.

¿Este tipo de casos reflejan la necesidad y urgencia de reformar el sistema de Justicia?

En 1994, con la reforma constitucional, cambia el sistema y se crea el Consejo de la Magistratura y el jurado de enjuiciamiento. Previamente, las destituciones y los juicios políticos se llevaban adelante en el Congreso, como ocurre ahora en el caso de los miembros de la Corte Suprema. Cuando repasamos los más de cien años de historia anterior a la creación del Consejo, se registran cerca de 30 juicios políticos. Desde que el Consejo y el jurado de enjuiciamiento existen, estamos cerca de los 40 juicios políticos iniciados. Y con más destituciones que en el periodo previo. Entonces, nos preguntamos: ¿fue exitosa la creación del Consejo porque podemos destituir a más magistrados que antes? Puede ser... Pero también debemos preguntarnos si no estamos eligiendo malos jueces. Porque los magistrados que tenemos que destituir en algún momento fueron elegidos por este mismo Consejo. La Corte es muy clara cuando decide proponer al Consejo un nuevo reglamento de selección de jueces para que el proceso resulte más transparente y meritocrático. Y menos discrecional. Antes de 1994, el presidente podía elegir a quien quisiera y, en general, llegaban los magistrados amigos. Ahora los que terminan llegando son los amigos de los consejeros.

En el Consejo de la Magistratura también debemos preguntarnos si no estamos eligiendo malos jueces” En el Consejo de la Magistratura también debemos preguntarnos si no estamos eligiendo malos jueces”

¿La política también tiene que dejar de lado cierta desidia frente a estos procesos?

En este caso, la desidia es de los consejeros y no de la política. Al Consejo lo integramos distintos estamentos: los jueces, los abogados, a los que represento, los académicos y los políticos (senadores, diputados y representantes ejecutivos). Los que tenemos que ponernos a trabajar en mejorar el proceso de selección somos nosotros. Las mayores resistencias para transformarlo vienen de los propios magistrados.

¿Por qué?

Porque como conocen este sistema, lo pueden manipular a gusto para acomodar a los suyos. Entonces, seguimos con lo de la “familia judicial” y sus amigos, ¿no? Debemos avanzar en un nuevo proceso de selección de magistrados, se lo debemos a la sociedad.

Respecto de Salmain, su rol estuvo minado de irregularidades.

Cuando sos exonerado, lo tenés que informar siempre. No es que tuvo una sanción y que, a los diez años, prescribe. Además, al momento de notificar sus antecedentes, omitió toda esa vida que había tenido dentro del Poder Judicial, porque no le convenía. Entonces, alegó que durante esos años se había desempeñado como abogado. Obviamente, porque el motivo por el cual lo exoneraron es, justamente, que mantenía un estudio jurídico paralelo y que buscaba manipular los sorteos para su juzgado y, de ese modo, funcionar como magistrado y parte. No puede ser que hayamos tenido que esperar toda la sustanciación de esta denuncia para actuar en consecuencia. Necesitamos contar con una figura que nos permita apartar precautoriamente a jueces que tienen dictadas prisiones preventivas firmes.

¿Llama la atención una matriz de corrupción importante en un sector de la Justicia federal, especialmente por lo ocurrido en la provincia de Santa Fe, donde se suma el caso de Marcelo Bailaque?

Sí, por supuesto. Pero es parte de una matriz que se ha dado en la provincia, en Rosario, con el narco y con todo lo que sabemos. Por suerte, entiendo que están mucho más tranquilos últimamente. Es evidente que esa Justicia no estaba funcionando bien. Aunque quiero hacer una aclaración: hablamos siempre de los magistrados corruptos y nunca de los jueces probos, que también existen y son más. Y al final del camino pagan justos por pecadores, porque un magistrado corrupto repercute muy negativamente en la imagen del Poder Judicial.

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Para revertir eso, ¿es clave la transparencia ética y una selección por mérito?

Es fundamental. El miércoles pasado sesionamos en el plenario y teníamos en el orden del día la votación de un código de ética para que aplicara a la Justicia federal. Y hubo un pedido de postergación que, en realidad, me ilusiona mucho. Porque fueron los jueces de la Corte los que formalmente comunicaron que querían tomar intervención en el código de ética ya que pretenden que también sea de aplicación para el máximo tribunal. Nosotros no hubiésemos tenido facultades para dictar un código de ética destinado a los cortesanos. En principio, con el compromiso de votarlo en el próximo plenario, quedamos en trabajar en los cambios que sean necesarios para dictar un código de ética robusto para todo el Poder Judicial, incluida la Corte.

¿El caso de María Verónica Michelli también pone sobre la mesa la necesidad de que se respeten los concursos, los acuerdos y las competencias?

El Consejo de la Magistratura debe llevar adelante un concurso, que tiene que ser transparente con el objetivo de garantizar el mérito, que lleguen realmente los mejores. Luego, el Ejecutivo tiene que elegir a uno. Y ese pliego lo envía después al Senado para que le dé acuerdo, y ahí tiene amplias facultades de elegir a quien quiera. Una vez iniciado el trámite en la Cámara alta, es el propio cuerpo legislativo el que aprueba el potencial retiro de un expediente. Si el Ejecutivo, de repente, se arrepiente, deberá convencer a los senadores de la conveniencia de retirar el pliego. Y eso es lo que faltó en este caso, porque a los senadores no les afectó el hecho de que Michelli sea la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. Al contrario, hubo una amplia aprobación de ese expediente. Ahora queda la instancia de la designación, y ahí lo que nos tenemos que preguntar es si el Ejecutivo puede no hacerlo. Hay jurisprudencia de la Corte de la provincia de Buenos Aires sobre un caso en el que el Ejecutivo rechazó la aprobación del pliego que llegó del Senado. El tema fue judicializado y la Corte sostuvo que había que fundamentar debidamente los motivos de la negativa a esa designación.