Jaime justificó ante la Justicia la entrega de subsidios ferroviarios

El detenido ex secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, justificó ayer la entrega de subsidios a las concesionarias ferroviarias al afirmar que de ellos dependía "la continuidad de los servicios".

Jaime volvió a los Tribunales de Comodoro Py para declarar en una causa en la que se investigan presuntas irregularidades en el otorgamiento de subsidios a empresas concesionarias de los servicios ferroviarios en 2003, cuando un informe interno desaconsejaba esos pagos porque las compañías incumplían las condiciones del servicio.

Ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, el ex funcionario presentó un escrito y realizó una breve exposición oral, aunque se negó a responder preguntas, indicaron fuentes judiciales.

Puntualmente, Jaime dijo que desconocía la existencia de un primer informe interno de la Secretaría de Transporte en el que se desaconsejaban esos pagos y consignó que el expediente que llegó para su firma recomendaba la continuidad de los subsidios, como también que se los intimara a regularizar los incumplimientos contractuales.

Incluso, en su escrito, el funcionario recordó una resolución atribuida al ministro de Producción del gobierno de Eduardo Duhalde, Aníbal Fernández, que indicaba que "los trenes no paraban bajo ningún concepto".

"El subsecretario Julio Montaña reconoce haber efectuado en primer término una nota sugiriendo la suspensión del pago de los subsidios, la que luego y como consecuencia de tomar cabal conocimiento de todos los antecedentes en esta materia dejó de lado y resolvió que el pago de los subsidios no debía suspenderse, pero sí debía intimar a los concesionarios a cumplir con los planes presentados", apuntó.

En este sentido, precisó que el cambio de opinión de Montaña no resulta "sospechoso", ya que llevaba sólo veinte días en su cargo, teniendo en cuenta además "la incidencia de su decisión en la operatividad de un medio masivo de transporte de pasajeros".

"No debe olvidarse que nos encontramos ante decisiones que en caso de ser mal tomadas afectarían la prestación de un servicio público", apuntó Jaime en su presentación, y agregó: "Jamás tuve conocimiento de dicha circunstancia, motivo por el cual la imputación carece de todo sustento. El expediente que ingresó en mi ámbito (la Secretaría), lo hizo con una única nota formando parte del mismo, y en consecuencia obré en la forma que estimé correspondiente".

Por otro lado, el ex funcionario subrayó que "las notas de elevación de los subsecretarios hacia el secretario son simples sugerencias, siendo por ende no vinculantes", por lo que no estaba "obligado" a actuar "fuere la nota que estaba en el expediente o cualquier otra que supuestamente pudiera haber existido".

"Para mayor abundamiento es dable recordar que la única oportunidad en que se suspendieron los pagos de los subsidios se debió al operarse la revocación de los contratos de concesión. Ello se produjo cuando el suscripto, ante los incumplimientos verificados por parte del concesionario propuso al ministro de Planificación Federal la rescisión de la concesión del Ferrocarril San Martín en el año 2004 y del Belgrano Sur y General Roca en el año 2007", finalizó.

Rechazan pedido de Vázquez. Por otra parte, el juez federal Julián Ercolini rechazó ayer el pedido de prescripción que había pedido Manuel Vázquez, ex asesor de Ricardo Jaime, en la causa que se investiga la compra de material ferroviario a España y Portugal, en la que es parte querellante la Oficina Anticorrupción (OA).

Vázquez solicitó la prescripción al entender que ya habían pasado más de seis años desde que Jaime había dejado de ser funcionario y que el delito de administración fraudulenta, del que está acusado, tiene una pena máxima de seis años. La OA, en su presentación ante el juez, había sostenido que esa premisa era errónea dado que Vázquez había sido procesado por ser "autor penalmente responsable de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles, y como partícipe necesario del delito de peculado de bienes, administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública". La pena máxima por el delito de peculado es de diez años y no de seis.

En la resolución, Ercolini retomó los argumentos de la OA para rechazar la prescripción para Vázquez. "Resulta de ese modo, ya que, los argumentos utilizados para fundar la petición se ven claramente desvirtuados a la luz de las constancias de autos", afirmó el juez.

Al igual que Jaime, su ex asesor está detenido desde comienzos de abril, acusado de haber cometido los delitos de peculado, defraudación a la administración pública y tráfico de influencias en la compra de material rodante en mal estado a España y Portugal por alrededor de 100 millones de euros.