El detenido ex secretario de Transporte Ricardo Jaime culpó ayer por la millonaria compra supuestamente irregular de trenes en desuso a España y Portugal al fallecido ex presidente Néstor Kirchner y al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, quien a raíz de ello fue citado por la Justicia a declarar como imputado en la causa.
Jaime —ya condenado a prisión por la tragedia ferroviaria de Once, dádivas e intento de hurto— admitió ante el juez federal Julián Ercolini que las locomotoras y vagones adquiridos a esos países europeos eran "trenes en desuso", pero aseguró que recibió órdenes de sus superiores de "avanzar" en la compra.
El ex secretario responsabilizó por la operación a Kirchner y a De Vido, por lo que el juez hizo lugar a un pedido del fiscal Federico Delgado y citó a indagatoria al ex ministro de Planificación para el 27 de abril a las 10 (ver página 18).
Jaime le dijo al juez que durante su gestión al frente de Transporte "cumplí directivas del Poder Ejecutivo, primero de Néstor Kirchner y después de Cristina Kirchner".
En su indagatoria, tras ser detenido el sábado pasado en Córdoba, Jaime sostuvo que Kirchner y De Vido le indicaron que igual celebrara el convenio "para realizar las reparaciones en la Argentina". A raíz de ello, la Fiscalía solicitó que se cite a declarar a De Vido (como diputado tiene inmunidad parlamentaria), quien también fue convocado por el juez federal Claudio Bonadio por la causa de la tragedia de Once.
Cuando se le preguntó sobre la mecánica de la polémica adquisición, Jaime insistió:"Le manifesté a Néstor Kirchner y a Julio De Vido (sobre el estado de los trenes), recibiendo expresas instrucciones de que tenga como prioridad avanzar en la compra para realizar las reparaciones en la Argentina", se reflejó en el acta judicial. Según el ex funcionario, la iniciativa principal fue de Kirchner, quien apuntaba a "reactivar" los talleres ferroviarios, virtualmente paralizados desde el desguace del sistema de trenes durante el gobierno de Carlos Menem.
Jaime también avanzó sobre la ex presidenta: "Cumplí directivas del Poder Ejecutivo, primero de Néstor Kirchner y después de Cristina Kirchner", aseveró.
Solo un descargo. El otro detenido, el ex asesor de Jaime, Manuel Vázquez, hizo un descargo verbal y se negó a responder preguntas. En ese contexto, coincidió con que el material rodante comprado "estaba fuera de circulación o estaba por quedar fuera de servicio o estaba dejando de prestar servicio".
Según la indagatoria, Vázquez dijo que "ayudó a que el gobierno de Portugal y de España se acercasen a la Argentina para ofrecer un plan de remodernización de desarrollo ferroviaria", aunque afirmó que "jamás definió qué había que comprar". también negó que haya sido asesor de la Secretaría de Transporte: "Jamás tuve ni tarjeta, ni oficina, ni teléfono, ni papeles, vinculados al Estado".
La causa investiga el pago de comisiones para la compra de trenes usados a España y Portugal en 2005: el magistrado sostuvo en su escrito que "los fondos abonados por el material rodante adquirido eran de desproporción exorbitante en relación a su calidad y funcionalidad real", lo que "hace presumir que grandes sumas de dinero fueron sustraídas de la esfera de la administración pública por los funcionarios a quienes fueron confiadas".
Un estudio de la Auditoría General de la Nación (AGN) indicó que la compra de trenes a España por 200 millones de euros y a Portugal por 20 millones habría resultado ruinosa porque del 44 al 58 por ciento del material rodante adquirido a España y Portugal era inutilizable por obsoleto.
"Desde que la fiscalía tomó intervención en la causa, el 18 de junio de 2013, sostuvimos que debido a la verosimilitud y precisión que derivaba del informe de la AGN en que se basaba la denuncia todos los responsables del Ministerio de Planificación Federal, así como de la Secretaría de Transporte y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte debían ser llamados a indagatoria", reivindicó Delgado.
Mayor injerencia. Tras describir cómo evolucionaron los hechos desde la declaración de la "emergencia ferroviaria", el fiscal entendió que "el Ministerio de Planificación tuvo igual o más injerencia en la firma de acuerdos y contrataciones que la Secretaría de Transporte dependiente de aquél. Por lo tanto, ese eslabón debe ser incluido en la investigación".
Jaime fue llevado temprano desde el edificio Centinela (sede de Gendarmería) a los Tribunales de Comodoro Py 2002, donde estuvo acompañado por su abogado, Andrés Marutián, y fue indagado por malversación de caudales públicos, delito que prevé hasta diez años de prisión. El juez tiene 10 días hábiles para decidir si lo procesa o no.
El ex funcionario quedará detenido en Comodoro Py, por pedido de la defensa, pues hoy tiene que regresar para afrontar dos indagatorias: una a las 8 ante el juez Sebastián Ramos por no haber llamado a licitación ferroviaria durante los seis años a su cargo, y otra ante el juez Sebastián Casanello por presunto enriquecimiento ilícito.