Una compañía de seguros ofrecerá desde 2010 una póliza para ex funcionarios del Gobierno
argentino que sean denunciados ante la Justicia por presuntos hechos de corrupción durante su
gestión, confirmaron hoy fuentes empresariales.
El denominado "Seguro de Responsabilidad de Funcionarios Públicos" será lanzado el año
próximo por la filial de la estadounidense AON, que delinea los últimos detalles de la póliza para
Argentina.
El seguro cubre los honorarios de abogados que deban contratar, los derivados de los procesos de
investigación e indemnizaciones que tengan que abonar en caso de que el denunciado pierda un
juicio.
La nueva póliza está destinada a quienes hayan sido presidentes, ministros y secretarios de
Estado, ya que los funcionarios actuales tienen los gastos cubiertos por el Estado, en caso de ser
denunciados.
"No es un escudo para cubrir actos deshonestos de los miembros del Gobierno sino para las
responsabilidades en materia administrativa, civil, penal no dolosa y política durante su gestión",
matizó el CEO de Aon Risk Services Argentina, Héctor Daza, al diario El Cronista Comercial.
De esta manera, la cobertura incluye gastos por denuncias de malversación de fondos públicos,
asociación ilícita, irregularidades en la gestión e enriquecimiento ilícito.
"La cobertura les permitirá a los ex funcionarios financiar las penas o multas que deban abonar
si son declarados responsables de algún acto con dolo o irregularidades", precisó Daza, quien
explicó que la nueva póliza está inspirada en otra que se ofrece a ejecutivos de compañías.
Los ex presidentes Carlos Menem y Fernando de la Rúa, y funcionarios de sus respectivos
Gobiernos acumulan varias denuncias y causas en su contra por presuntos hechos ilícitos durante su
gestión.
Un estudio del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica advierte,
además, que 21 altos funcionarios del gobierno de Cristina Fernández afrontan procesos judiciales
por presuntas irregularidades.
El informe sostiene también que el ex presidente Néstor Kirchner acumula unas 50 denuncias por
supuestas irregularidades cometidas durante su gestión.