Política

Imputan a Ocaña por defraudación al Estado

Imputan a Ocaña por defraudación al Estado debido al cobro de vacaciones no gozadas La fiscal federal Paloma Ochoa imputó ayer a la diputada nacional electa Graciela Ocaña (Cambiemos) por presunta defraudación al Estado nacional debido al cobro de vacaciones no gozadas tras alejarse del Pami en 2007.

Martes 05 de Diciembre de 2017

Imputan a Ocaña por defraudación al Estado debido al cobro de vacaciones no gozadas La fiscal federal Paloma Ochoa imputó ayer a la diputada nacional electa Graciela Ocaña (Cambiemos) por presunta defraudación al Estado nacional debido al cobro de vacaciones no gozadas tras alejarse del Pami en 2007.

La fiscal le requirió al juez Sebastián Ramos que investigue si la ex directora ejecutiva del Pami perjudicó a las arcas del Estado Nacional por haber cobrado la liquidación de más de 50 mil pesos en concepto de vacaciones no gozadas, a pesar de que la ley de contrato de trabajo no lo permitía.

La denuncia que dio origen a este expediente la formuló la propia fiscal Ochoa al extraer parte del testimonio de otro ex titular del Pami, Luciano Di Cesare, de la causa en la que fue procesado por el mismo delito, pero por una suma superior al un millón de pesos.

Durante su declaración indagatoria, Di Césare había argumentado que todo —en relación a la liquidación de sus vacaciones no gozadas— se hizo según "usos y costumbres" del Pami, y citó al caso de Ocaña como ejemplo.

"Resulta objeto de investigación en autos el presunto cobro fraudulento de 51.381 pesos en concepto de liquidación de vacaciones no gozadas que María Graciela Ocaña, en su carácter de titular del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, solicitara y le fuera liquidado en perjuicio del Estado Nacional", sostuvo Ochoa en el requerimiento de instrucción al que accedió Télam.

La fiscal Ochoa es la misma que intervino como representante del Ministerio Público en la causa en la que fue procesado Di Cesare por defraudación a las arcas públicas "a través de la liquidación ilegítima de vacaciones no gozadas" por los días trabajados entre 2004 y 2012 por 1.300.862 pesos.

El año pasado, el juez federal Ariel Lijo determinó que Di Cesare cometió el delito de "administración fraudulenta" en perjuicio del Estado nacional por más de un millón de pesos, al hacerse liquidar vacaciones no gozadas en el organismo sin tener derecho a su percepción.

"Di Cesare requirió explícitamente la iniciación del trámite; lo inició intencionalmente la Gerencia de Recursos Humanos y no el Departamento de Liquidación, el proceso se inició antes de su renuncia y se llevó a cabo en un solo día, antes de su renuncia y el pago se efectivizó el último día en que permaneció en el cargo", había remarcado el juez.

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