Tras la reasignación, el despido o las renuncias de técnicos del Indec que se movilizaron para
denunciar la manipulación estadística, organismos de derechos humanos solicitaron al Gobierno que
no se tomen más represalias contra los trabajadores y repudiaron las amenazas que sufren.
Tanto la organización de Madres de Plaza de Mayo —Línea
Fundadora— como el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, entre otros organismos de
derechos humanos, firmaron un declaración que en la que manifiestan su “preocupación por la
situación de los delegados gremiales votados por los trabajadores del Indec afiliados a ATE sobre
los que pese un inusual cuestionamiento de sus fueros”.
La semana pasada, el encargado de Recursos Humanos del Indec, Roberto
Martínez, decidió reasignar, ilegalmente, según expertos consultados, al ex jefe de la oficina de
Ingresos del IPC, delegado gremial y testigo en la causa por manipulación, Luciano Belforte.
Relación frágil. “Ningún caso de conflicto en ámbitos laborales debe ser encarado
recurriendo a procedimientos intimidatorios o a represalias que jueguen con la fragilidad de la
relación laboral, con la remuneración de los trabajadores, o con su derecho a organizarse
sindicalmente y elegir a sus representantes”, dice la nota enviada a la secretaría de
Derechos Humanos de la Nación.
En noviembre pasado, el secretario de Comercio Interior, Guillermo
Moreno, decidió cesantear a 13 técnicos rebeldes del Indec pero tras la intervención del jefe de
gabinete, Alberto Fernández, y el entonces ministro de Economía, Miguel Peirano, fueron reasignados
a un sector de la cartera que hoy conduce Martín Lousteau. Los organismos denunciaron además la
existencia de una “campaña intimidatoria” desplegada desde el Indec. l