Habrían decidido el relevo del jefe de la Armada por supuesto cobro de coimas
La ministra de Defensa, Nilda  Garré, habría decidido separar del cargo al almirante Jorge Godoy a raíz de supuestas coimas en un contrato con la empresa  alemana Ferrostaal para la compra de patrulleros oceánicos.

Sábado 10 de Julio de 2010

La ministra de Defensa, Nilda  Garré, habría decidido el relevo del jefe de la Armada, almirante  Jorge Godoy, a raíz de supuestas coimas en un contrato con la empresa  alemana Ferrostaal para la compra de patrulleros oceánicos, causa  que es investigada por el juez federal Ariel Lijo.

La información fue publicada hoy por el diario Perfil, que  señaló que “Garré ya decidió el relevo” de Godoy, aunque ayer la  funcionaria y el militar participaron en Tucumán de los actos  oficiales por el Día de la Independencia.

Las denuncias comenzaron a realizarse luego de una nota aparecida el pasado 10 de junio en el diario La Capital de Rosario, que reveló el testimonio de un testigo arrepentido detenido en Munich sobre cómo habrían sido sobornados militares y funcionarios de la Armada Argentina, entre otros.  

La semana pasada, Lijo pidió el detalle de los viajes de Godoy  a Chile porque el Ministerio de Defensa había dicho que fue él  quien viajó a ese país para encabezar la negociación con la empresa  Asmar (Astilleros y Maestranzas de la Armada de ese país).

Argentina y Chile firmaron un convenio para desarrollar de  manera conjunta los patrulleros oceánicos multipropósito (POM) de  tecnología alemana.

La agencia DyN intentó hoy en reiteradas ocasiones comunicarse  con los voceros de la cartera de Defensa a fin de confirmar o no  el relevo, pero pasadas las 13 no hubo respuestas a las consultas  telefónicas.

La Justicia investiga una denuncia formulada por el Ministerio  de Defensa luego de la revelación del diario La Capital. La revista alemana Der  Spiegel había informado en abril sobre la declaración brindada en Munich por un ex  directivo de Ferrostaal que habló del presunto pago de coimas para  la adjudicación de contratos en diversos países, entre ellos la  Argentina.

La Capital brindó el detalle completo del testimonio del testigo de identidad reservada (cuyo nombre conoce) y a partir de allí comenzaron las denuncias en la Justicia argentina por parte del ministerio de Defensa y de la Oficina Anticorrupción de la República Argentina. 

 A fines de junio, el fiscal federal Eduardo Taiano impulsó la  acción penal contra un ex subdirector del astillero Tandanor, dos  ex oficiales superiores de la Armada, dos abogados y tres  empresarios por las supuestas coimas.

 Taiano imputó al ex 'número dos' de Tandanor, vicealmirante  retirado Gustavo Lepron; los contralmirantes retirados Alejandro  Francisco Uberti y Juan Carlos Palma; más el abogado naval Osvaldo  Luis Parrinella.

Además el funcionario del Ministerio Público imputó al ex  presidente de Ferrostaal Alemania, Matthias Mitscherlich, el directivo  Peter Fischer-Hollweg, el abogado Helmut Cristian Graf, y Gustavo  Frers, ex presidente de Ferrostaal Argentina.

Taiano le había solicitado al juez Lijo la concreción de  varias medidas de prueba de cara a investigar si los imputados  supuestamente incurrieron en los delitos de “cohecho, tráfico de  influencias y soborno trasnacional”.

En tanto, la ministra Garré se refirió días atrás públicamente  sobre este asunto y admitió que “entendemos que las  irregularidades son serias (...) habilitamos a la Armada a firmar el convenio  correspondiente, que fue motivo concreto de algún hecho ilícito”.

Los empresarios alemanes supuestamente contactaron a  funcionarios de la Armada y de Defensa y habrían repartido poco más de 200  mil euros en coimas por un contrato de 3,5 millones de euros para  tecnología del Patrullero Oceánico Multipropósito (POM).

Luego de ello, el Ministerio de Defensa radicó la denuncia  penal que quedó radicada en el juzgado de Lijo y pidió ser tenido  como parte querellante.

Además de este expediente, hay otra denuncia en el juzgado  federal de Norberto Oyarbide contra por presuntas irregularidades en  la contratación, en 2004, entre la Armada y Ferrostaal relativa a  la adquisición de una planta propulsora para la Fragata Libertad.

Allí, la cartera a cargo de Garré denunció penalmente otra vez  a Lepron, a los capitanes de navío Alberto Pérez y a Eduardo  Harris (retirado) y a los capitanes de fragata Gerardo Bellino y Mario  Pontello (retirado), entre otros funcionarios de la Armada.