Gendarmes y prefectos se sumarán al paro de la CGT y la CTA

Raúl Maza, vocero de los gendarmes que realizaron la reciente protesta salarial, adelantó que esa fuerza se sumará al paro convocado por la CGT y la CTA, mientras que el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Raúl Garré, negó ser responsable del recorte de salarios que generó el conflicto.

Maza, quien fue pasado a disponibilidad el último sábado, en medio de la protesta, aseguró que los gendarmes van a estar "en el paro nacional convocado por la CGT y la CTA representando a la fuerza", aunque aseguró que no tuvieron "ninguna comunicación" con los dirigentes de esas dos centrales gremiales. Además, calificó como "una falacia y una falta de respeto" que el ministro de Defensa, Arturo Puricelli, haya dicho que los sueldos de las Fuerzas Armadas son "adecuados y razonables", y sostuvo que "se sabe que tienen sueldos de hambre".

Por otra parte, consideró que son "repudiables" las medidas adoptadas por el Ministerio de Seguridad por las cuales pasaron a disponibilidad al menos a ocho efectivos de la Gendarmería Nacional, con él incluido. En este sentido, consideró que "algunos usan la bandera de la democracia como un títere" y agregó: "Más allá de eso, nosotros vamos a seguir viviendo en democracia y utilizando las herramientas que ésta nos da, y vamos a hacer las presentaciones legales correspondientes".

El hermano de Nilda. En tanto, el hermano de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, y ex jefe de Gabinete de esa cartera negó tener responsabilidad por el decreto que motivó la protesta de los gendarmes.

"Pareciera que fui yo el creador de un decreto que quitaba parte importante del sueldo al personal más postergado", dijo el funcionario que con su renuncia al cargo descomprimió el conflicto que —agregó— generó "zozobra y rompió la cadena de mando".

"Poníamos a la presidenta (Cristina Kirchner) en una situación de mucho conflicto de gobernabilidad en una semana". No obstante, Garré indicó que trabajaron en ese decreto durante un año y que su objetivo era "normalizar y mejorar el salario administrativo de la fuerza" pero "esto no se produjo porque hubo una decisión de postergarlo con la existencia de los amparos".

El hermano de Nilda Garré afirmó que el retraso salarial de las fuerzas existía desde 1993 y que durante la presidencia de Néstor Kirchner se fue subsanando con suplementos al salario. Además, cuestionó a los abogados y a los jueces por los amparos que, según dijo, complicaban la situación. "Yo personalmente presidí una comisión para evitar que se judicialicen los reclamos y pudimos frenarlos", añadió.

El viernes pasado, cuando aún continuaban los ecos de la protesta de nueve días en Gendarmería y Prefectura, el ministro de Defensa, Arturo Puricelli, afirmó que los sueldos del personal de las Fuerzas Armadas y de seguridad son " razonables y adecuados a la realidad económica del país, que por cierto es una realidad muy aceptable por el conjunto de la sociedad".

La definición cobra relevancia porque la propuesta oficial tras el conflicto con las fuerzas de seguridad se centró en el blanqueo de los salarios y en garantizar que nadie cobre menos de lo que percibía antes de la aplicación del decreto 1.307, que generó reducciones del 30 al 60 por ciento en los ingresos de bolsillo y desató las protestas. Pero en cuanto a mejoras salariales, el gobierno calificó de "imposible" conceder un piso de 7 mil pesos, como reclamaron los uniformados en un petitorio.

Después de Puricelli. Las declaraciones de Puricelli causaron malestar entre los efectivos que reclamaron frente a las sedes de las fuerzas de seguridad. "La gente se indignó , no se puede mentir de esa manera. Si estuviéramos cobrando tan bien como dice nadie se hubiera manifestado", dijo el vocero de los gendarmes

Puricelli concedió que en las protestas hubo "gente perteneciente al sector de las fuerzas de seguridad que legítimamente se ha manifestado por cuestiones salariales que los preocupa mucho", pero lo diferenció de sectores que tuvieron "otros objetivos". Con esto pareció apuntar al personal retirado que, en el caso de las Fuerzas Armadas, alimentó una protestó frente a la sede de la Armada.

En el caso de las Fuerzas Armadas, en julio la presidenta Cristina Kirchner les anunció un aumento del 21 por ciento, en línea con el otorgado a la administración pública nacional. Pero las fuerzas de seguridad no tuvieron novedades.

En Prefectura las protestas se desactivaron luego de que la cúpula bajara la promesa del gobierno de conceder dos mil pesos "en negro" a las jerarquías más bajas.