Tras el fallo que ordenó al gobierno a restituir 170 mil pensiones por invalidez, el ministro de Justicia, Germán Garavano, reconoció ayer que algunas "estuvieron mal recortadas", pero aclaró que hay que hacer "un trabajo muy fino" para distinguirlas de otras a las que consideró como "abusos".
"Algunas de las pensiones estuvieron aparentemente mal recortadas, pero otras eran abusos. El desafío es distinguirlas con un trabajo muy fino. Si apelamos o no, lo decidirán los abogados del área", explicó al respecto el funcionario.
Anteayer, la Sala II de la Cámara Nacional de la Seguridad Social rechazó la apelación del Ministerio de Desarrollo Social contra una medida cautelar que ordenaba restablecer las cerca de 170 mil pensiones por invalidez eliminadas en marzo pasado.
Garavano resaltó que acatar la medida de la Justicia o apelar la decisión "es algo que tiene que evaluar" la cartera que conduce Carolina Stanley y que él no tiene "intervención directa".
"Supongo que evaluarán en cuántos casos correspondían y en cuántos no correspondían y a partir de eso tomarán una decisión", precisó.
En la sentencia de la Cámara Nacional, los jueces Nora Carmen Dorado y Luis René Herrero aseguraron que por tratarse de "derechos alimentarios e irrenunciables" de las personas con discapacidad ese beneficio debía ser restituido.
La medida incluye a todos los afectados a nivel nacional cuyas prestaciones hayan sido "dadas de baja o suspendidas sin mediar resolución fundada previa en un proceso que garantice el debido proceso".
Los jueces consideraron que la suspensión de las pensiones "vulnera derechos a la vida autónoma, la salud, la vivienda, la educación y la dignidad de la persona humana".
El gobierno había dado de baja unas 170 mil pensiones por invalidez tras haber endurecido las condiciones para acceder al beneficio, y Guillermo Badino, ex titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA) echó leña al fuego al afirmar que una persona con cierto grado de discapacidad, como síndrome de down, "puede trabajar o quizás le pueda caber la Asignación Universal por Hijo".
En octubre la cartera que conduce Stanley había sido intimada a que en diez días cumpliera con la cautelar que ordena restablecer las pensiones suspendidas o eliminadas.
En el fallo de la jueza federal Adriana Cammarata se incluyeron también aquellas coberturas que el gobierno decidió eliminar en los casos en que los beneficiarios no se hubieran presentado a recibirlas en los últimos tres meses, sin considerar que esas ausencias podían deberse justamente a los mismos problemas de salud por los cuales se recibían las asignaciones.
marcha atrás. Garavano insistió en que hubo "algunos abusos".