Política

Fue la presidenta quien decidió suspender a la controladora de SUBE

El ministro del Interior, Florencio Randazzo, aseguró hoy que el gobierno “no es juez ni fiscal” pero que cree “conveniente” la suspensión del contrato de la empresa que supervisa a la tarjeta SUBE.

Viernes 13 de Julio de 2012

Tras el anunció de ayer por medio de un comunicado de prensa, el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, confirmó hoy que su cartera suspendió el contrato a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que supervisaba la tarjeta Sube y señaló que la medida la tomó por decisión de la presidenta Cristina Kirchner.

La investigación sobre el consorcio de empresas, encabezado por la compañía inglesa Global Infraestructure (GI), la llevarán a cabo la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Auditoría General de la Nación, según explicó el ministro Randazzo.

"Hemos hecho una evaluación con respecto al contrato. No somos jueces ni fiscales, pero creemos conveniente y lo hemos decidido con la Presidenta de la Nación una suspensión de la ejecución del contrato, como también los pagos a la empresa", señaló Randazzo en declaraciones a la prensa en la Estación de Temperley, donde visitó obras de electrificación ferroviaria.

El funcionario adelantó que "la tarea de supervisión la va a llevar adelante el ministerio de Interior y Transporte", y explicó que la suspensión del contrato a la UTE que supervisaba la tarjeta es "preventiva" y que la decisión final la tendrá "la Sigen y la Auditoría General de la Nación".

El Gobierno suspendió ayer la vigencia del contrato por 65 millones de pesos luego de que se revelara que la Casa Rosada optara por un contrato casi 10 millones de pesos más como consecuencia de un sugestivo proceso de licitación.

La licitación la ganó un consorcio compuesto por ex asesores de la Secretaría de Transporte, que dirigía en su momento Juan Pablo Schiavi, ahora bajo la lupa del fiscal Carlos Stornelli y del juez Julián Ercolini.

La auditoría de la SUBE, clave para controlar el funcionamiento del boleto electrónico, se gestó entre aparentes irregularidades. En el concurso, Transporte no eligió la propuesta más económica: una prestigiosa consultora internacional había realizado una oferta 25% más barata por la tarea. Pese a que contó con $ 65 millones para supervisar la puesta en marcha, el Estado no pudo evitar que gestionar la tarjeta se convirtiera en un engorroso trámite para millones de argentinos.

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