Política

Freno a polémicas designaciones de fiscales dispuestas por Gils Carbó

El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Enrique Lavié Pico dispuso una "medida precautelar" que frena la designación de 16 fiscales subrogantes dispuesta por la procuradora.

Sábado 10 de Enero de 2015

El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Enrique Lavié Pico dispuso una "medida precautelar" que frena la designación de 16 fiscales subrogantes dispuesta por la procuradora General, Alejandra Gils Carbó, en un fallo en el que advirtió que "resultaría carente de toda razonabilidad la urgencia" de esos nombramientos.

Lo hizo en el marco de una acción de amparo presentada por el abogado Mauricio D'Alessandro, diputado del massismo en la provincia de Buenos Aires, y le pidió a la Procuración que en cinco días presente un informe contestando la acción judicial. "No se advierte, en este estado del proceso, cuáles son los motivos que podrían justificar las designaciones, con carácter urgente, en las nuevas Fiscalías creadas, que se encuentran vinculadas a un Código que no habría sido implementado", sostuvo el juez.

Así, adoptó el criterio expuesto por D'Alessandro, quien argumentó que las designaciones de 16 fiscales están en consonancia con el nuevo Código Procesal Penal, aprobado por el Congreso pero aún no vigente. "Para la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal de la Nación deberían cumplirse previamente los requisitos legales allí previstos y es por ello que resultaría carente de toda razonabilidad la urgencia en la puesta en funcionamiento de las Fiscalías creadas y las designaciones efectuadas al respecto", sostiene el fallo.

De tal manera, el juez resolvió "disponer la suspensión de todas las resoluciones dictadas por la Procuración General de la Nación, en el marco de su función administrativa, vinculadas a las designaciones efectuadas en las Fiscalías creadas mediante la ley 27.063".

Se trata de los nombramientos, dispuestos por Gils Carbó, de 16 fiscales generales subrogantes en todo el país que tienen previsto asumir sus funciones el 2 de febrero próximo y que en su mayoría militan en la agrupación judicial kirchnerista "Justicia Legítima".

Entre las designaciones más polémicas de las que realizó Gils Carbó se encuentran las de Miguel Angel Osorio y Miguel Palazzani como fiscales subrogantes ante la Cámara Federal porteña, el tribunal que define las causas por corrupción contra funcionarios nacionales.

Fuentes de la Procuración adelantaron que este viernes no habían sido notificados de la resolución de Lavié Pico pero ya están trabajando en la elaboración del informe que les solicitó el juez.

Además, apelarán la decisión de habilitar la feria judicial de enero para tratar el planteo de D'Alessandro. Luego de la presentación del informe, la Justicia deberá resolver si dicta una medida cautelar que mantenga suspendido el nombramiento de los fiscales o si levanta la decisión y se reactivan la designación y asunción de los funcionarios.

Esa decisión la tomará el juez Esteban Furnari, quien desde el 15 de enero reemplazará a Lavié Pico como magistrado de feria del fuero Contencioso Administrativo Federal. La Justicia recibió tres amparos que objetaban la designación de los fiscales nombrados por Gils Carbó: de D'Alessandro, de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) y del gremio de empleados judiciales de Julio Piumato.

Para resolver la causa, el juez Lavié Pico habilitó la feria judicial atento a que "los argumentos esgrimidos para fundamentar la solicitud de habilitación de la feria judicial revisten —en este caso— suficiente entidad como para disponer la medida excepcional requerida por la parte actora".

Además, hay tres denuncias penales contra esos nombramientos, presentadas por el dirigente peronista y empresario Juan Ricardo Mussa y los abogados José Magioncalda y Santiago Dupuy de Lome.

Diputados de la oposición celebraron la medida precautelar. "Hoy logramos frenar este avance sobre la Justicia a partir de una decisión judicial por una presentación que hicimos. No vamos a esperar a ser gobierno para defender una Justicia independiente", sostuvo el líder del Frente Renovador, Sergio Massa.

En tanto, la diputada nacional aliada del PRO Patricia Bullrich consideró que la designación de esos 16 fiscales "son coherentes y funcionales, con el claro objetivo kirchnerista de someter a la Justicia. Festejamos la decisión del juez Lavié Pico de frenar las designaciones de fiscales subrogantes". Y agregó: "No pretendemos sólo quedarnos en la celebración del fallo, sino que a su vez reafirmamos que seguiremos adelante".

Denuncia por los convenios con China

La presidenta Cristina Fernández, ministros de su gobierno y legisladores oficialistas fueron denunciados penalmente por los convenios de cooperación firmado entre la Argentina y China.

Los presuntos delitos que les achacan las denuncias son "administración fraudulenta, fraude a la administración pública, tráfico de influencias, abuso de autoridad, asociación ilícita, violación de la ética en el ejercicio de la función pública y violación del régimen de contrataciones de la administración nacional".

Las denuncias fueron presentadas por el abogado Jorge Luis Vitale y por el titular de la ONG Paso por Paso Argentina, Juan Mussa, se supo en Tribunales. Vitale, quien incluyó en su denuncia al canciller Héctor Timerman, calificó como "un acto de corrupción y malversación de caudales públicos" la firma del convenio, y atribuyó al gobierno que encabeza la presidenta Cristina Fernández que "sólo le interesa el adelanto de los 11.000 millones de dólares en yuanes".

La denuncia advierte sobre "la estafa y la colonización estaría en marcha, por eso es necesario que se investigue este convenio ya firmado por el Poder Ejecutivo y que tiene media sanción en Senadores".

En tanto, Mussa, que incluyó en su denuncia a ministros y a senadores oficialistas, sostuvo que "el nuevo acuerdo con los chinos establece la obligación de entregarles obras sin licitaciones, con sus propios obreros y fuera de nuestras leyes laborales, y entregarles toda la información estratégica del sector".

"Es decir que abriremos de par en par nuestros potenciales negocios en adjudicación directa, soslayando la posibilidad y el orden administrativos en que nuestra Constitución Nacional y las leyes lo exigen". Este acuerdo, amplió Mussa, "pasará a la historia por haber modificado el esquema fundamental bajo el que funciona el Estado argentino: está roto el Preámbulo argumentando que las mayorías gozan de un poder ilimitado que puede sobreponerse incluso a la Constitución y a los derechos de las personas. ¿Cuáles derechos? Los de los ciudadanos a ser consultados sobre asuntos de transcendencia nacional". Ambas denuncias quedaron radicadas en el juzgado federal 3 a cargo de Daniel Rafecas.

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