La intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), por un plazo de 180 días, y la designación de la fiscal Cristina Caamaño al frente de organismo quedaron oficializados hoy con la publicación del decreto correspondiente en el Boletín Oficial, en el que se cuestiona el “notorio retroceso institucional” que hubo en ese organismo durante la gestión de Mauricio Macri, utilizando al organismo “por fuera de los objetivos legítimos que toda actividad de inteligencia debe poseer en el marco del estado constitucional de Derecho”.
Con estas medidas, el presidente Alberto Fernández busca además reasignar fondos reservados de este organismo al programa Argentina contra el Hambre para atender la emergencia social, según se explica en el mismo decreto.
“Dispónese la intervención de la AFI por el plazo, prorrogable, de 180 días corridos a contar desde la entrada en vigencia del presente”, dice el artículo 1 del decreto 52 publicado hoy en el Boletín Oficial.
A continuación, el presidente Alberto Fernández designa a Caamaño -quien estuvo al frente de la Oficina de Observaciones Judiciales encargada de las escuchas- como interventora.
Asimismo, se la instruye para “preparar y elevar a consideración del Poder Ejecutivo una propuesta de reformulación del Sistema de Inteligencia Nacional, que garantice la producción de información de calidad y oportuna para la seguridad interior, la defensa nacional y las relaciones exteriores de la Nación, limitando el accionar de cada uno de sus componentes a las funciones constitucionales y legales respectivas y reduciendo la actividad confidencial al mínimo necesario funcional”.
También se la faculta a “transferir a la Jefatura de Gabinete los fondos reservados que excedan a los necesarios para el normal funcionamiento del organismo, para su posterior reasignación a las políticas públicas nutricionales y educativas que resultan estratégicas para abordar la emergencia social”.
Caamaño también podrá “modificar la estructura orgánica y funcional de la AFI, pasar a disponibilidad al personal que estime conveniente”, y cambiar “su régimen de intervención de fondos reduciendo las partidas confidenciales al mínimo indispensable para su funcionamiento”.
Entre los considerandos del decreto, hay severas críticas al “notorio retroceso institucional en la materia” producido durante la gestión de Mauricio Macri.
“La democratización y publicidad del Sistema de Inteligencia Nacional regido por la Ley Nڠ25.520 modificada por la Ley Nڠ27.126 se vio interrumpida por el dictado del Decreto Nڠ656/16, que implicó un notorio retroceso institucional en la materia en la medida que delegó en el Director de la AFI la aprobación de la estructura orgánica del organismo restableciendo así su carácter secreto”, se señala en el texto.
Se cuestiona asimismo que durante el gobierno de Macri se aprobó un nuevo estatuto de personal que “abandona las líneas directrices de la reforma producida por la Ley N 27.126 y repuso los criterios del Decreto Nڠ1088/03 en una dirección diametralmente opuesta a lo estipulado por el Decreto Nڠ1311/15”.
También se critica “la eliminación del régimen de administración de los fondos de la AFI restableciendo, de ese modo, el secreto del presupuesto asignado al organismo así como de sus erogaciones”.
En ese marco, se advierte que las modificaciones que introdujo el gobierno anterior “se han traducido en la práctica en un funcionamiento desviado de las finalidades de los organismos de inteligencia y, en particular, de la propia AFI que ha profundizado los aspectos secretos más allá de toda necesidad funcional y por fuera de los objetivos legítimos que toda actividad de inteligencia debe poseer en el marco del Estado constitucional de Derecho”.
