Una delegación de organismos de derechos humanos y familiares de funcionarios con causas judiciales privados de su libertad por el lawfare, que actuaron durante el gobierno de Cristina Kirchner, fue recibida ayer en la Embajada de Francia por Claudia Scherer-Effosse, titular de la imponente casona de calle Cerrito al 1300, en el barrio porteño de Retiro. La embajadora, en el cargo desde agosto de 2019, se mostró conocedora en detalle de las causas judiciales que mantienen procesados y hasta detenidos (algunos con el régimen domiciliario) a una treintena de ex funcionarios, incluida a la actual vicepresidenta.
El reclamo por la inmediata libertad fue encabezado por las compañeras sentimentales de Amado Buoudou, Mónica García; de Julio De Vido, Alessandra Miniccelli, y de Juan Pablio Schiavi, Verónica Mora Dubuc. Acompañaron a las tres mujeres el sacerdote Francisco Paco Oliveira (Curas en Opción por los Pobres) y Pedro Dinani, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
Las esposas de los ex funcionarios kirchneristas no solicitan “indultos ni amnistías”, aunque advierten que el problema es político y se resuelve con decisiones políticas que deben pasar tanto por el Congreso nacional como por la Casa Rosada. Ambos cuentan con herramientas legales y constitucionales para resolver la situación.
“La embajadora recibió nuestro reclamo. El Poder Judicial en la Argentina no hace justicia, pero imparte castigos a quienes fueron perseguidos políticos. Es imperioso que se revisen las causas. Son irregulares, con testigos falsos, peritos inexistentes y muchas otras anomalías. Hablamos con la ONU, con la Embajada de Francia, porque desafortunadamente en el país no hay justicia”, expresó a La Capital la esposa y madre de dos hijos mellizos de corta edad de Boudou.
Luego abundó que a su marido no le preocupa solamente la situación de libertad, ni si lo van a llevar o no por cuarta vez a prisión, o si permanecerá con detención domiciliaria. Pretende que revisen las causas y “que se determine su inocencia”. Y concluyó: “Vamos a continuar acompañándolos con el reclamo de justicia, incluso en estas condiciones de persecución que venimos padeciendo desde hace tiempo”
El padre Paco, quien dejó estacionada su modesta moto en la puerta de la Embajada durante la hora y media que duró el encuentro, comentó a la salida: “Es verdad, como dicen ciertos medios y la oposición, en el sentido de que refutan la definición «presos políticos» y hablan de «políticos presos». Fueron presos por llevar adelante determinadas políticas públicas que tocaron intereses. El caso más claro es el de Boudou con la estatización del sistema jubilatorio (Afjp)”.
Luego advirtió, que “si la Corte Suprema no revisa las causas del lawfare, el pueblo tiene derecho a la desobediencia civil y a salir a la calle a expresarse”. Y añadió: “Si llegara el caso, ahí vamos a estar”.
Muy satisfecha con la receptividad que encontraron en la persona de la embajadora francesa en Buenos Aires, Mora Dubuc expresó: “No estamos en una situación normal, nos sorprendió para bien el grado de conocimiento que tiene Scherer-Effosse sobre la situación del sistema judicial en la Argentina”.
“Le pediría a la ciudadanía que no normalice, no banalice, situaciones institucionales graves que están ocurriendo en la Argentina. Si las instituciones no funcionan, de alguna manera todos estamos presos. Que nos ayuden a pensar posibles soluciones es un compromiso que deberían tomar. No estamos hablando de la libertad de nuestros familiares sino de todos los argentinos”, concluyó.
A su turno, Minicell pidió: “El lawfare debe tener categoría jurídica en la Argentina y en el mundo, porque afecta a la democracia y la condiciona. Como lo planteó el presidente Alberto Fernández el 1º de marzo de 2020, la revisión de las causas armadas se impone, el «nunca más» se impone, y determinar qué poderes económicos tan determinantes fueron sobre nuestros maridos y familiares, también se impone”.
Para Minicelli, “en la Argentina hay falta de estado de derecho, claramente, desde el presidente Mauricio Macri a esta parte, y continúa con el actual gobierno porque se siguen manteniendo funcionarios que lo han atacado, como se verifica en el caso de los procuradores (Eduardo Casal, interino, a nivel nacional; Juan Bautista Mahiques, en la Capital Federal, y Julio Conte Grand en la provincia de Buenos Aires), y de Carlos Stornelli, quien continúa como fiscal”.
“La investigación sustanciosa que hizo el Congreso de la Nación a través de la Bicameral de Fiscalización y Actividades de Inteligencia muestran claramente que hay lawfare en la Argentina”, sentenció.
