Política

Fallo contra la ley que faculta a los legisladores remover a fiscales

La Cámara Laboral declaró inconstitucional una polémica norma que cambió el régimen disciplinario de los investigadores de delitos.

Jueves 08 de Noviembre de 2018

La Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Rosario declaró inconstitucional la ley que a fines del año pasado le otorgó a la Legislatura santafesina el control del régimen disciplinario que permite remover a los fiscales de la provincia que hasta entonces estaba a cargo de la Auditoría de Gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Para los camaristas esta nueva ley rompe la división de poderes del Estado provincial al permitir que funcionarios de un estamento sean juzgados por los de otro. Indican asimismo que abre la puerta de cualquier arbitrariedad al no determinar qué tipo de faltas son las sancionables. Y que por último la norma puede ser usada para disciplinar a los funcionarios que se propongan llevar adelante investigaciones autónomas contra factores de poder.


El fallo acepta la queja de los fiscales rosarinos Adrián Mac Cormack y Sebastián Narvaja, quienes tenían a cargo investigaciones relacionadas con el patrimonio de cuatro senadores provinciales y que fueron denunciados por mal desempeño. Los dos fiscales presentaron un amparo porque les abrieron sumarios que debían haber sido valorados por la Auditoría de Gestión del MPA y que una vez aprobada la ley 13.695 pasaron a manos de los legisladores. Para ellos tal cosa fue una ilegalidad porque el nuevo régimen disciplinario es inconstitucional —por los motivos que los camaristas terminaron aceptando— y porque al mandar al Congreso de la provincia esos sumarios abiertos con anterioridad se disponía una aplicación retroactiva de la ley.

Una jueza de primera instancia había defendido la ley reformada el año pasado. Pero ahora la Cámara Laboral declaró su inconstitucionalidad con los votos de los vocales Lucía Aseff, Adriana Mana y Sergio Restovich (en disidencia parcial), con lo que dio la razón a los fiscales amparistas. Esto quiere decir que los sumarios van a tener que tramitarse en el régimen disciplinario anterior, vale decir, fuera del ámbito de la Legislatura.

El inocultable trasfondo político de esta norma entra de lleno en la resolución de los jueces. "No solo de normas se conforma el derecho: también las prácticas sociales, la ideología y el poder, así como la relación entre sus textos y el contexto en que habrán de ser aplicados proporcionan pautas para orientarnos", dice Aseff. Para esta camarista la ley 13.695 es abiertamente inconstitucional porque la norma anterior establecía, para juzgar a un fiscal, la intervención de un Tribunal de Disciplina y un listado de faltas. Ahora estas faltas que podían ser un parámetro para provocar la remoción se reemplaza por el concepto "mal desempeño" que no se entiende qué tipo de transgresión es por lo que no permite que un acusado se defienda adecuadamente.

El punto central es que con este régimen el fiscal acusado será juzgado "por un cuerpo eminentemente político", que pueden "usar el inmenso poder que esta ley les otorga para disciplinar a los díscolos y a quienes decidan llevar adelante una investigación que pueda resultar comprometedora para su actuación". Más allá de la evolución de estas causas no se pierde de vista que los dos fiscales que elevaron el amparo tenían legajos abiertos contra cuatro senadores para establecer si estos habían incurrido en delitos patrimoniales.

La ley que en Santa Fe le dio a los legisladores el control disciplinario de fiscales y defensores de primera instancia, ahora declarada inconstitucional, no tiene parangón en ninguno de los otros 23 distritos autónomos del país. El proyecto fue sancionado el año pasado por la Legislatura de una manera llamativa: no pasó por ninguna comisión asesora, se aprobó en el mismo día en las dos cámaras sin debate en el recinto y tuvo el concurso unánime de todos los partidos representados en ellas: Frente Progresista, Partido Justicialista, Cambiemos, Bloque Igualdad y Frente Social y Popular. Ni un voto en contra.

El espíritu corporativo de la norma, que es rozado en el fallo, no fue puesto en cuestión pese a los pronunciamientos de numerosas entidades jurídicas de todo el país, que le pidieron al gobernador Miguel Lifschitz que la vetara. El mandatario, que por esos días buscaba el favor legislativo a su a la postre infructuoso proyecto de reforma constitucional, la promulgó con el argumento de que no podía rechazar una ley votada sin fisuras por los legisladores santafesinos. En esa ocasión Lifschitz sí vetó otras normas aprobadas en el mismo paquete también impulsadas de modo unánime.

"Si un fiscal tiene que estar sujeto al poder disciplinario de un legislador, ¿quién se va a animar a investigar a un legislador?", se preguntó ayer Hernán Martínez, que es abogado de uno de los fiscales amparistas. En trámite hay otro cuestionamiento a la norma declarada inconstitucional de la Asociación de Fiscales del MPA.

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