El ex ministro de  Economía de la última dictadura militar, José Alfredo Martínez de  Hoz, falleció hoy a los 87 años, mientras cumplía arresto  domiciliario ordenado por la justicia que lo investigaba en tres  causas por crímenes de lesa humanidad.
Como ministro de Economía desde 1976 y hasta 1981, fue  considerado uno de los mentores intelectuales del régimen que  implantó en terrorismo de Estado en la Argentina.

Nacido el 13 de agosto de 1925, hijo de una aristocrática  familia de estancieros vitalicios de la Sociedad Rural, fue el  ministro que multiplicó por cuatro la deuda externa argentina. Atravesado por el pensamiento de la escuela monetarista de  Chicago, promovió un cambio estructural en la economía argentina  que pulverizó gran parte de la industria nacional en favor de los  sectores más concentrados, en especial los grupos financieros y  trasnacionales.

Su plan económico anunciado el 2 de abril de 1976 incluyó el  congelamiento de los salarios, que entre 1976 y 1980 cayeron un 40  por ciento y reglas de juego que estimularon la especulación  financiera. Ocupó un papel protagónico aun desde antes del golpe de  estado, como él mismo lo admitió en 1984 ante la Cámara de  Diputados, que investigaba la “nacionalización” dolosa de la  Compañía Italo-Argentina de Electricidad (CIADE).

Según su propio relato, acompañado por otros prominentes  hombres de negocios, visitó al entonces general Jorge Videla “en el  curso del año 1975” para decirle que “se impedía la libertad de  trabajo, la producción y la productividad” y abogar por “el imperio  del orden sobre todas las cosas”.

Martínez de Hoz presidía en esa época y desde 1967 el Consejo  Empresario Argentino (CEA), constituido por medio centenar de  grandes empresas y lobby de los principales grupos económicos. Pasadas tres décadas, en diciembre de 2007, en declaraciones  a una revista de estudiantes de periodismo de TEA, el ex ministro  insistió en justificar al dictador Videla: “Tenía que defender a la  sociedad”, dijo.

“Nosotros abrimos surcos, preparamos el terreno para que los  gobiernos posteriores retomaran esta apertura económica”, sin una  continuidad inmediata pero “que volvió con el ex presidente  (Carlos) Menem”, añadió. Para forzar tal “apertura”, promovió e integró la dictadura  militar que suspendió la actividad política y sindical, prohibió  las huelgas, disolvió el Congreso y los partidos políticos,  destituyó a la Corte Suprema de Justicia, censuró medios  periodísticos, secuestró, torturó y asesinó.

La represión golpeó con especial saña a los delegados obreros  de las empresas que integraban el CEA, entre otras Acindar, en la  localidad santafesina de Villa Constitución, de la que Martínez de  Hoz había sido presidente. Por considerar delitos de lesa humanidad los hechos ocurridos  durante un operativo ocurrido en 1975 en esa fábrica, el juez  federal Norberto Oyarbide ordenó en 2011 investigar al directorio  de Acindar, incluido Martínez de Hoz, causa en la que la Secretaría  de Derechos Humanos se presentó como querellante.

El terrorismo de Estado ocultó y facilitó, también, negocios  relacionados con el ministro de Economía de la dictadura cívico  militar. En ese marco se inscribió el secuestro extorsivo de los  empresarios Federico y Miguel Ernesto Gutheim en 1976 que, en  cautiverio, fueron obligados a firmar un contrato con una empresa  de Hong Kong por el cual él tenía intereses.

El otro caso paradigmático fue el del economista de origen  español Juan Carlos Casariego de Bel, un funcionario de alto rango  en el ministerio de Economía que se oponía a “nacionalizar” la  CIADE pagando un precio muy superior a su valor real.
Martínez de Hoz era director de CIADE desde 1969 y varios de  sus colaboradores y sucesores en el ministerio de Economía estaban  también vinculados a esa compañía.

Casariego de Bel desapareció en la noche del 15 de junio de  1977, cuando debía reunirse con Walter Klein, secretario de  Martínez de Hoz, quien se negó a intervenir tras el secuestro,  según denunciaron los familiares del economista.
La secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó en  marzo de 2008 como querellante por “homicidio y asociación ilícita”  en el asesinato de Casariego de Bel.

La causa más reciente que salpica al cerebro económico del  golpe cívico militar es la que lleva adelante el juez federal  Julián Ercolini, y en la  que se investiga la apropiación ilícita  de la empresa Papel Prensa durante la dictadura cívico militar por  parte de los diarios Clarín, La Nación y La Razón.

La secretaría de Derechos Humanos se presentó como  querellante y solicitó al juez  la citación a indagatoria y la  prohibición de salida del país de Martínez de Hoz; la directora del  diario Clarín, Ernestina Herrera de Noble; el CEO, Héctor Magnetto;  el presidente del diario La Nación, Bartolomé Mitre; el represor  Jorge Rafael Videla, entre otros.

“No digo `adiós`, sino `hasta luego`, fue la frase con la que  se despidió de su cargo antes de dejar el ministerio a Lorenzo  Sigaut, en 1981, casi como una amenaza. (Télam).-