El ministro de Justicia, Julio Alak, ratificó ayer que para el gobierno, el viernes 7 de diciembre estará "en estado de plena aplicación" la ley de medios y advirtió que si la Cámara Civil y Comercial pretende extender "más allá del 7 de diciembre" la medida cautelar, que permite al grupo Clarín no cumplir plenamente con la ley de servicios de comunicación audiovisual, implicaría "un alzamiento contra una ley de la Nación y generaría un conflicto de poderes".

"Si pretenden extender la cautelar más allá del 7 sería un alzamiento contra una ley de la Nación, generaría un conflicto de poderes y sería un alzamiento contra el fallo de la Corte", advirtió Alak.

Luego de que el gobierno recusara oportunamente a todos los miembros de la Cámara Civil y Comercial por supuestas afinidades y relaciones con el Grupo Clarín de los jueces que tienen que decidir sobre el pedido de prorrogar los plazos de la cautelar, el ministro ofreció una conferencia de prensa y remarcó que el "conflicto de poderes" se daría entre el Congreso, que aprobó la ley de medios, y la Justicia.

De esta forma, Alak justificó el pedido de "revocación" presentado por el gobierno del fallo de la Cámara Civil y Comercial que desestimó las recusaciones contra los jueces Francisco de las Carreras y Graciela Medina, para resolver el pedido de prórroga de la cautelar que mantiene frenada para el Grupo Clarín la aplicación de un artículo de adecuación a la ley de medios.

Alak aseguró que con ese fallo "se está violando la garantía constitucional de la independencia de los jueces y de la imparcialidad" y advirtió que la extensión de la cautelar "sería una burla a la voluntad popular del pueblo argentino, que ha decidido vivir en plena democracia, respetando el estado de derecho y la ley".

Al apuntar contra el juez De las Carreras, el ministro volvió a señalar que realizó un viaje a Miami "pagado" por Certal, una entidad de la que participan ejecutivos del Grupo Clarín, y citó el caso del ex funcionario kirchnerista Ricardo Jaime quien fue acusado de utilizar una avión privado pagado por una empresa y "por eso se le impidió salir del país".

"A un funcionario se le impide salir del país y esta denuncia del gobierno ni siquiera es investigada. La Justicia ni se preocupó en investigar si era real la denuncia", se quejó el ministro en la sede de la cartera de Justicia, donde estuvo acompañado por representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Hernán Ordiales, y el senador Marcelo Fuentes.

En el caso de Medina, la recusación se basa en que el marido de la magistrada, Julio César Rivera, posee entre sus principales clientes a la empresa Cablevisión.

Allí agregó que el próximo viernes "comienza la plena aplicación de la ley" y remarcó: "No es una opinión nuestra ni de la mayoría del pueblo argentino, es la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el 22 de mayo sostuvo que la medida cautelar fenecía inexorablemente en 48 horas".

Y remarcó que "la supuesta posibilidad de que la Sala I, de la Cámara en lo Civil y Comercial, con integrantes recusados, sobre los cuales se están tramitando denuncias penales, avance, se integre y pretendan extender la cautelar más allá del 7 de diciembre, sería un alzamiento contra una ley de la Nación" y además plantearía "un conflicto de poderes, un alzamiento contra un pronunciamiento de la Corte".

El ministro afirmó que el Estado "sufrió una denegación de justicia porque la causa que inició el Grupo Clarín fue tomada por un fuero (el Civil y Comercial) que no es competente. El fuero competente es el Contencioso Administrativo, porque es así cuando el Estado es parte, pero el Grupo Clarín buscó este fuero que se basa en cuestiones del sistema privado. Esta es la primera irregularidad que encontró el Estado Argentino".

Juicio político

El ministro Julio Alak fue blanco de una ofensiva opositora que reclamó su renuncia o el inicio de un juicio político a partir de su presentación contra jueces en torno a la ley de medios. En ese orden, diputados de la oposición presentaron ayer una ampliación del pedido de juicio político contra el titular de la cartera de Justicia nacional.