El gobierno provincial destacó que "se examinarán exhaustivamente las propuestas" de ingreso de personal del Organismo de Investigaciones, de manera de "asegurar que todas las designaciones se ajusten a las normas", luego de la polémica que se desató por el nombramientos de 195 empleados en distintos cargos de la repartición, resolución que fue suspendida "provisoriamente", según destacó el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Jorge Baclini.
Tras los reclamos que desató la resolución 0023/2019 de la Fiscalía General, acerca del traspaso de personal del Poder Ejecutivo al Organismo de Investigaciones, desde la provincia salieron a hacer algunas aclaraciones.
El Organismo de Investigaciones (OI) es un órgano técnico policial que realiza un conjunto de actividades policiales de investigación dentro del ámbito judicial, "que requiere de sus integrantes una serie de capacidades específicas", señalaron.
Las actividades del Organismo de Investigaciones vienen siendo realizadas en parte por personal dependiente del Poder Ejecutivo. "La ley recepta tres formas de ingreso diferentes, considerando la especialidad de la materia: concurso de funcionarios y empleados; creación de cargos; y traspaso de personal de algunos de los poderes del Estado", indicaron, siendo este último el método empleado para la resolución 0023/2019.
"El agente que se traslade ingresará al escalafón del Organismo de Investigaciones considerando su antigüedad, nivel jerárquico y régimen previsional de acuerdo a las disposiciones que establezca la reglamentación a dictar por el fiscal general", precisaron, además de remarcar que este traspaso de personal del Ejecutivo a la órbita de la OI "es una de las formas de dotar de personal al Organismo de Investigaciones y es la que corresponde con la resolución mencionada".
Indicaron que "el ingreso del personal de traspaso aún se encuentra pendiente de aprobación", un expediente "en trámite que todavía no ha sido resuelto por el Poder Ejecutivo, donde previo a hacer el decreto correspondiente se examinará exhaustivamente las propuestas para asegurar que todas las designaciones se ajusten a las normas y procedimientos establecidos y no tengan ninguna incompatibilidad ni funcional ni ética".
Resaltaron que de las 195 propuestas "más del 80% ingresará con la categoría más baja, siendo el restante del personal equiparado a los fines de que no pierdan su nivel jerárquico y su retribución, derechos de los trabajadores que deben respetarse y así lo enmarca la ley".
Del total de personas para traspaso, precisaron, más del 30% es personal policial que porta armas de fuego, aproximadamente 45% son técnicos criminalísticos, más del 10% son personal de análisis digital forense y, el resto, personal con diferentes profesiones y capacidades.
